ABC MADRID 16-07-2013 página 30

30 ESPAÑA MARTES, 16 DE JULIO DE 2013 abc. es españa ABC Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, y Diego Cañamero, secretario general del SAT, tras ser desalojados de la finca Las Turquillas EFE La fiscalía pide siete meses de cárcel para Cañamero y Gordillo El Ministerio Público considera el asalto a la finca un delito de desobediencia grave LAURA CASADO MADRID La Fiscalía de Andalucía solicita siete meses de cárcel para Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, y para Diego Cañamero, secretario general del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas en Osuna, cuya titularidad ostenta el Ministerio de Defensa. En un comunicado, el Ministerio Público informaba de su escrito de acusación, que considera el asalto al recinto, donde se encuentra la Yeguada Militar del Ejército, un delito de desobediencia grave y solicita siete meses de cárcel para cuatro acusados, todos ellos miembros del SAT. A su vez, la Fiscalía considera que tanto Gordillo y Cañamero como el resto de los acusados- -en total 52 personas- deberían hacer frente a una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble y otra de 100 euros por una falta de daños, así como pagar sendas indemnizaciones tanto al Ministerio de Defensa como al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados. El juicio se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al tener Gordillo la condición de aforado. El asalto La ocupación de la finca se produjo sobre las diez de la mañana del 24 de junio de 2012, cuando cerca de medio centenar personas se apelotonaron en torno a la entrada de la finca, encabezados por una pancarta con el lema Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores Acto seguido rompieron el candado, la cadena y el bastidor de la puerta de la finca hasta conseguir su entrada al recinto, al que accedieron, según ellos, para trabajar la tierra y comunicárselo a sus propietarios. Una vez en el interior organizaron un campamento, fracturaron los sistemas de guarda y anclaje de un pozo que se encontraba en el interior e instalaron una motobomba para extraer agua. Para su uso, colocaron una goma conectada a los bebederos de ganado. Además, a su salida se llevaron consigo utensilios de labranza y prendieron fuego a 18 alpacas de paja con el consiguiente peligro de incendio debido a las altas temperaturas. Cataluña CRISIS EN EL SOCIALISMO LÉRIDA El PSC aspira a colocar a Vallès como tercero del PSOE en el Congreso À. G. BARCELONA Un supuesto pederasta que acogía a menores pasó 34 controles públicos À. G. BARCELONA Aunque incapaces de aprobar un protocolo de relación entre ambos, el PSC y el PSOE tratan de recomponer puentes. Así, la comisión ejecutiva de los socialistas catalanes propuso ayer a Francesc Vallès como coordinador de sus diputados y senadores en Madrid, cargo que debería compaginar con el de secretario general adjunto del Grupo Socialista en el Congreso. Dicho cargo, hasta ahora ocupado por José Zaragoza, está vacante desde que en febrero los diputados catalanes, a excepción de Carme Chacón, rompiesen la disciplina de voto para apoyar en el Congreso una moción a favor de la consulta soberanista, precipitando la crisis entre ambos partidos. Desde el PSC se admite que habrá que negociar con el PSOE la recuperación de dicha responsabilidad para un diputado del PSC, pero dan por descontado que así será Hasta 34 controles por parte de la Generalitat pasó el educador social de Castelldans (Lérida) que acogía niños tutelados y que fue detenido por pornografía infantil y presuntos abusos sexuales. El arrestado, al que se ha intervenido material informático que ahora está siendo analizado, pasó 34 controles públicos para poder hacerse cargo de los 14 menores que acogió desde 1997. La consejera de Bienestar Social catalana, Neus Munté, aseguró que, en 2007, el acusado llegó a acoger hasta ocho menores de manera simultánea, y señaló que, a raíz de este caso, la Generalitat incluirá un nuevo test patológico a los acogedores para minimizar los riesgos de futuros casos. La consejera dijo no querer hablar de errores aún pero aseguró que si se detectan, depuraremos todas las responsabilidades