Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC MADRID 28-06-2013 página 27
ABC MADRID 28-06-2013 página 27
Ir a detalle de periódico

ABC MADRID 28-06-2013 página 27

  • EdiciónABC, MADRID
  • Página27
Más información

Descripción

ABC VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 27 El chófer que gastó dinero de los ERE en cocaína solo tiene 1,64 euros Trujillo, que recibió subvenciones por valor de 135.000 euros, es declarado insolvente MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA Recibió hasta tres subvenciones de la Junta de Andalucía, por un valor de 1.350.000 euros, y estuvo por ello varios meses encarcelado. Sin embargo Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y que confesó que se gastaban 25.000 euros al mes en cocaína, ha sido declarado insolvente por el juzgado que investiga el caso de los ERE fraudulentos. En una resolución firmada por la secretaria del juzgado de instrucción número seis hace solo unos días, se declara insolvente al chófer para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 2.300.000 euros. Así, tras hacer las correspondientes averiguaciones patrimoniales del imputado, el juzgado ha confirmado que carece de bienes sobre los que decretar nuevos embargos y admite que todas sus cuentas corrientes tienen un saldo negativo y que sólo en una de ellas tiene 1,64 euros. Por otra parte, la juez también ha contestado a varios recursos de los más de setenta imputados que siguen presentando escritos. En este caso, la magistrada ha hecho firme el embargo de la indemnización por despido que recibió el exconsejero Antonio Fernández de la bodega González Byass para hacer frente a la fianza de 807 millones de euros que pesaba sobre él. Son embargables las rentas en dinero, cualesquiera que sean su origen y la razón de su devengo dice la magistrada que responde así al recurso del exconsejero contra el embargo de los 31.400 euros de su despido en González Byass, cantidad que cobró y que se une a los 386.181 euros de los que fue adjudicatario dentro del ERE aprobado en el año 2008, pero a los que renunció. Ayer también se conocieron otras resoluciones. En una de ellas la Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza civil impuesta a la dueña del Francisco Trujillo JUAN FLORES Confirmado el embargo La juez hace firme el embargo de la indemnización por despido del exconsejero Fernández restaurante Río Grande de Sevilla, que resultó imputada, y por valor de 1.990.689,36 euros. Los jueces de la Audiencia de Sevilla justifican su decisión en que existen indicios de la comisión de hechos de relevancia penal y causas que justifican la imposición de dicha fianza. La Audiencia cree que procediera o no por razones organizativas el ERE de Río Grande, lo que nunca se ajustó a la legalidad vigente fue el modo en el que la Administración soportó en exclusiva sus consecuencias, con el consiguiente detrimento de las arcas públicas, lo que en principio no pudo ser algo desconocido para la apelante, que fue empresarialmente beneficiada Por otra parte, María José Marcos, la mujer del directivo de Vitalia Antonio Albarracín, también imputada, ha presentado un recurso contra la fianza de 5.667.319,38 euros que le impusieron, alegando que no conocía lo que hacía su marido. Según alega, el hecho de que supiera de la actividad profesional de su esposo, de las relaciones de Vitalia con la Junta de Andalucía y de los contratos de esa sociedad con las administraciones públicas no puede concluir que albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos E insiste en que ser la esposa de Albarracín no convierte a Marcos en autora de los delitos.

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.