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54 ECONOMÍA LUNES, 24 DE JUNIO DE 2013 abc. es economia ABC Aplazamiento de pago El jubilado tiene la opción de devolver las cantidades cobradas de forma irregular en varios plazos Nueva búsqueda La Seguridad Social inspecciona ahora a más de 2,3 millones de mayores en busca de más irregularidades JUAN VELARDE FUERTES LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS: EL TRIBUNAL DE CUENTAS El que quiera estar al día en las cuestiones que aborda el Tribunal, que acuda al Boletín de las Cortes muestra la aportación de José M Fernández Pirla y Pascual Sala, El Tribunal de Cuentas, ayer y hoy (Tribunal de Cuentas. Servicio de Publicaciones, 1987) con el apéndice de que Felipe II y así continuará a lo largo de la Edad Moderna integra la Contaduría Mayor de Cuentas en el Consejo de Hacienda. Los aires nuevos que surgen en Cádiz, y que culminan en la Constitución de 1812, obligan a otro cambio: la Contaduría Mayor de Cuentas pasa a relacionarse con el Poder Judicial. Por supuesto que por poco tiempo de modo estable, como consecuencia de las conmociones políticas extremas del reinado de Fernando VII, que recoge el 10 de noviembre de 1828 la parte del Tribunal que existía en la Contaduría Mayor, en el Tribunal Mayor de Cuentas, del que existe un buen trabajo, en 1986, del profesor Fernández Pirla. Pero el gran cambio va a surgir en la etapa del partido moderado, en el reinado de Isabel II. La Ley de 25 de agosto de 1851, crea, en derivación evidentemente de la reforma tributaria Mon- Santillán y del esfuerzo estabilizador de Bravo Murillo, el Tribunal Supremo de Cuentas, como única instancia para la contabilidad estatal y como órgano de vigilancia de la Contabilidades de los entes locales. La llegada del Sexenio Revolucionario, y su liberalismo radical, inspirado en Montes- correspondiente a cada ejercicio mediante un cruce informático con la Agencia Tributaria. Entre 2009 y 2010 se inspeccionó a más de 4,6 millones de pensionistas. Ahora, los técnicos de la Seguridad Social ultiman los controles sobre 2011 en busca de irregularidades. Hasta ahora, han detectado que 68.027 pensionistas superaron inicialmente el límite de ingresos para percibir complementos a mínimos, aunque aún no están concluidos los trabajos que determinen cuántos jubilados tendrán que devolver finalmente estas ayudas, ni tampoco el importe total que se reclamará por la Administración por haber sido pagadas de forma irregular. Una vez que la Seguridad Social detecta el cobro de una cantidad indebida, la existencia de algún abono fraudulento, el paso siguiente que realiza es reclamar las cantidades percibidas de forma ilegal a los jubilados, pero la legislación ofrece la posibilidad al jubilado de devolverlo de forma progresiva. Salvo que el pensionista en cuestión decida devolver de forma íntegra y en un solo pago las cantidades que no tendría que haber percibido, la Seguridad Social da la opción al jubilado de que estas cantidades puedan ser devueltas con descuentos, que serán aplicados sobre la pensión en sucesivos meses. Así, el importe del descuento que se ofrece por la Administración se sitúa entre un 15 y un 20 de la cuantía de la pensión cuando esta sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación vigente para mayores de 65 años, o entre un 10 y un 14 cuando la pensión sea inferior a la mínima indicada, según refleja la legislación vigente. D e pronto una institución multisecular, y fundamental para el buen funcionamiento del Sector Público, el Tribunal de Cuentas, ha pasado a ser presentado ante la opinión pública de forma incluso crítica, tras un periodo muy largo de silencio sobre él. De ahí que convenga, por su realidad de primera fila, el aclarar de dónde viene y de qué manera se comporta. Si retrocedemos lo más posible nos encontramos con que las Cortes piden a los soberanos castellanos cuentas por los gastos habidos y concluidos en fracasos. Por ejemplo, con lo que había costado la aventura de Portugal liquidada en la batalla de Aljubarrota. Todo esto era el ambiente que determina que Álvaro de Luna, por la Ordenanza de 2 de julio de 1437, organice la Contaduría Mayor de Cuentas, ante la que deberían rendir cuentas todas las instituciones relacionadas con el sector público, como concejos, recaudadores de tributos, universidades. Esto se completa con las Ordenanzas de Juan II, de 30 de septiembre de 1442. Tal política de los Trastámara será ampliada por los Reyes Católicos en 1470, 1478, 1490, 1499 y 1500, como nos Topes para 2013 El derecho a percibir los complementos a mínimos no se consolida en la paga de los pensionistas, se revisa de forma anual, y es incompatible con la percepción por el beneficiario de ingresos de trabajo, de capital, o de cualquier otra fuente de renta, aunque siempre que la suma de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar, exceda de una determinada cuantía. Fachada del Tribunal de Cuentas, en Madrid ERNESTO AGUDO quieu, lleva a que la Ley de 3 de junio de 1870 haga pasar al Tribunal de Cuentas al Poder Legislativo, mientras que lo que constituirá la Intervención General, que desaparece de él, permanece en el Ejecutivo. ¿Deben, o no, existir, ambos organismos? Por ejemplo, en un debate parlamentario, Félix Suárez Inclán se opone a esta dualidad, aunque es derrotado. Pero el mensaje llegará a 1924. En el Directorio Militar de Primo de Rivera, el general Muslera, que regía la Hacienda, decide suprimir la Intervención General del Estado y denominar al Tribunal de Cuentas del Reino, Tribunal Supremo de Hacienda. Ceballos Teresí, en su Historia Económica, Financiera y Política de España en el siglo XX tomo V (1922- 1926) sostiene que el Tribunal de Cuentas gana la partida a la Intervención General por la amistad de su presidente, Marqués de Cabriñana con el general Primo de Rivera. Todo termina volviendo a los viejos cauces con la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la República el 29 de junio de 1934, que tuvo como presidente a una persona que tenía fama de muy íntegra: Gordón Ordás. Tras la Guerra Civil, y tras una propuesta de Larraz, el Decreto- Ley de 25 de octubre de 1946, renace el Tribunal de Cuentas, que pasa a vincularse con la Jefatura del Estado y con las Cortes Españolas, o sea, en el fondo, de acuerdo con Rodrigo Fernández Carvajal, con el inicio de un orden constitucional incipiente, que se consagrará por la Ley de 3 de diciembre de 1953, como Tribunal de Cuentas del Reino, y dependencia clara de la Jefatura del Estado. Todo volverá a los cauces de 1870, de dependencia del poder legislativo, o sea, de las Cortes Generales, con la Ley Orgánica de 12 de mayo de 1982, que se apoya en los artículos 102 y 109, párrafo 3 de la Constitución vigente. Así el Tribunal de Cuentas rinde a las Cortes Generales noticia pormenorizada y quizá por eso poco seguida, por sus tecnicismos, por la opinión de la fiscalización de la marcha del sector público y estudia si algún administrador incurre y la relación es amplia en responsabilidad contable, para lo que será juzgado por la Sección de Enjuiciamiento, que completa la de Fiscalización. Pero esta responsabilidad contable ya nada tiene que ver con lo penal. El Tribunal de Cuentas cuando encuentra algo relacionado con un delito, lo traspasa a la jurisdicción ordinaria. Basta recordar lo sucedido cuando se topó con todo el asunto de Marbella. Y el que quiera estar al día en las cuestiones que aborda el Tribunal, que acuda al Boletín de las Cortes, donde hallará todo el material necesario para conocer la marcha de esta institución. Todo lo demás es ignorancia respecto a una de nuestras instituciones centenarias, que hoy en día, ven abiertas más ventanas a su acción, como consecuencia de las recientes disposiciones sobre la Transparencia. Todo lo demás es flatus vocis