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ABC MADRID 01-06-2013 página 41
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ABC SÁBADO, 1 DE JUNIO DE 2013 abc. es economia ECONOMÍA 41 La Fiscalía no ve delito en la venta de preferentes de Bankia Asegura que Blesa, Fernández Ordóñez y Segura no tienen responsabilidad JUAN FERNÁNDEZ- MIRANDA MADRID CONFORMIDAD Los trabajadores de Sintel cobrarán 32 millones de euros de MasTec PABLO MUÑOZ MADRID La Fiscalía Anticorrupción considera que la comercialización de participaciones preferentes no constituyó un delito penal, sino una mala práctica generalizada en el sector bancario y financiero español. Éste es el criterio fijado por el Ministerio Público en un escrito en el que se opone a la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de cuatro querellas contra Bankia y las siete cajas que dieron lugar a esta entidad, así como contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura. Según el criterio del fiscal, los dos últimos carecen de responsabilidad en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes. Tampoco la tiene el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ni los directivos de esas cajas de ahorros. El Ministerio Público considera que las preferentes en sí mismo no pueden considerarse fraudulentas, ya que estaban autorizadas y reguladas por la CNMV. De hecho, entre 1998 y 2012 se emitieron 115.283 millones de euros y hubo más de tres millones de suscriptores. Según su criterio, la clave del engaño no estuvo en el producto, sino en cómo se comercializaron, especialmente a partir de 2008. Ese año, los inversores institucionales dejaron demostrar interés por la compra de este tipo de productos y las entidades bancarias se lanzaron a la captación de la clientela minorista, que se convirtió en la principal perjudicada Miguel Blesa junto a Miguel Ángel Fernández Ordóñez gido por el tipo penal Es por ello que recomienda a los querellantes que abandonen esta vía: resulta impensable la tramitación de un proceso y la celebración de un eventual juicio al que se verían abocados cientos de acu- EFE sados, tantos como comerciales y directores de sucursales, y miles de posibles perjudicados Su recomendación es que acudan a la vía civil. En ella, concluye, podrán obtener una respuesta más rápida y eficaz. Los trabajadores de Sintel- -todos, no sólo los que están personados en la causa abierta en la Audiencia Nacional- cobrarán 35 millones después del acuerdo de conformidad que ayer alcanzó la Fiscalía Anticorrupción con la representación legal de los empleados y la empresa MasTec, que compró Sintel en 1996. Ocho de los directivos de esta última firma se enfrentaban a penas de prisión de entre dos años y medio y cinco años y medio por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública. Según ha sabido ABC, la sociedad ingresará ese dinero en una cuenta del juzgado y posteriormente se producirá el reparto del mismo. En función de la antigüedad y de otros parámetros, cada empleado de Sintel cobrará entre 12.000 y 29.000 euros después de un proceso que se ha prolongado doce años. Juicio el próximo día 20 La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había fijado el inicio del juicio para el próximo día 20. La vista se celebrará, pero habrá una sentencia de conformidad que se dictará ese mismo día, tras el acuerdo al que han llegado las partes. En el banquillo de los acusados se sentarán Ricardo Campos, exconsejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, exconsejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel; Pedro José Novela, exdirector financiero; Joel Tomás, exconsejero de Sintel y de MasTec Internacional; José Miguel Sariego, exvicepresidente de MasTec Incorporated; Jorge Mas Santos, que fuera presidente de MasTec Incorporated y expresidente de Sintel, y su hermano Juan Carlos, exconsejero de MasTec Internacional y de Dintel. En 1996, Telefónica vendió su filial Sintel al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros) A partir de entonces, según la acusación, los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que la llevó a la quiebra en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro. Muchos de ellos, para protestar por la situación, protagonizaron en el Paseo de la Castellana de Madrid el llamado campamento de la esperanza Graves deficiencias El pequeño inversor, relata la Fiscalía, invirtió en estos productos por recomendación de los empleados de las distintas sucursales en las que tenían depositados sus ahorros. Les habrían indicado que se trataba de una inversión con la que podían obtener unos importantes beneficios pero sin explicarles, en muchas ocasiones, de una forma adecuada y comprensible los riesgos que igualmente conllevaba su inversión añade. Pese a todo, el Ministerio Público considera difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado por las entidades querelladas Y aunque reconoce que los bancos y cajas pudieron incurrir en graves deficiencias y que incluso primaron sus intereses por encima de los de sus clientes, no llegaron a generar el engaño bastante exi-

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