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ABC MADRID 04-05-2013 página 22
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  • EdiciónABC, MADRID
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22 ESPAÑA SÁBADO, 4 DE MAYO DE 2013 abc. es españa ABC CORRUPCIÓN EN CATALUÑA Imputan al parlamentario de CiU que popularizó el caso 3 J. GUIL BARCELONA El PSC quiere que la Constitución incluya la consulta catalana Propone reconocer las asimetrías y que Cataluña sea considerada nación M. J. C. BARCELONA SOLIDARIDAD Enésimo insulto del Gobierno de Artur Mas a Extremadura M. J. CAÑIZARES BARCELONA Ya son cuatro los diputados catalanes imputados: Daniel Fernández (PSC) Oriol Pujol (CiU) Xavier Crespo y, desde ayer, Ferran Falcó, de CiU. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a Falcó a declarar como imputado el próximo 23 de mayo por el cobro de comisiones de hasta el 20 por adjudicar obras para viviendas protegidas cuando presidía la empresa Adigsa, promotora pública de la Generalitat, entre 2002 y 2004. El caso Adigsa o caso 3 estalló en 2005 después de que la Fiscalía presentara una querella a raíz de que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, denunciara en el Parlament que CiU cobró comisiones por obras cuando gobernaba Ustedes tienen un problema, y se llama 3 dijo) En la causa están imputadas ocho personas: cargos públicos, constructores e intermediarios. Entre éstos, un pariente lejano del consejero Felip Puig. Falcó, también concejal y presidente de CiU en Badalona, ya fue imputado en 2005, aunque en 2011 fue elegido diputado y devino aforado, por lo que el juez tuvo que inhibirse en favor del TSJC. El PSC dio ayer una vuelta de tuerca en sus propuestas soberanistas y propone que la Constitución reconozca la posibilidad de celebrar referendos territorializados como el que se prevé celebrar en Cataluña sobre el Estado propio. Asimismo, los socialistas catalanes quieren que la Carta Magna reconozca las singularidades y asimetrías españolas, por lo que reclaman que se considere el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones, con un específico tratamiento simbólico, institucional y competencial También sugieren que el Estatuto sea la constitución de la comunidad autónoma Este ideario está contemplado en un documento elaborado por la Fundación Campalans, vinculada al PSC, y a la que la ejecutiva socialista ha dado el visto bueno. Sobre esos referendos territorializados, el texto precisa que el artículo 92 de la Constitución no lo prohíbe, pero tampoco las prevé explícitamente. En el documento se reitera la voluntad de reformar la Constitución para reconocer un Estado federal Pere Navarro EFE El líder del PSC, Pere Navarro, explicó que en la reforma planteada se reconocería de manera muy clara la songularidad de Cataluña y su tradición, historia, cultura y lengua diferentes a la de otros territorios de España. Es necesario recoger esta singularidad, junto al sistema de financiación Aunque Navarro se esfuerza en explicar que una cosa es el derecho a decidir que defiende el partido y otra secundar la independencia ni el PSOE ni varios dirigentes de la formación catalana discrepan de ese seguidismo soberanista de quien, entre otras polémicas, abrió el debate sobre la sucesión del Rey. A vueltas con la estrategia de la confrontación para justificar su asfixia financiera, el Gobierno de Artur Mas arremetió ayer contra Extremadura, a la que acusa de financiar sus labores de cooperación con el dinero de los catalanes. No es la primera vez que los nacionalistas de CiU acusan de sus males a esta comunidad autónoma, al igual que han hecho con Andalucía, en este caso con burlas incluso sobre el acento de los niños andaluces. Quejas sobre el AVE de Extremadura o el PER completan la lista de agravios. El director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la Generalitat, Carles Llorens, aseguró que Extremadura es solidaria con nuestros recursos es decir, que mientras Cataluña ha reducido en un 90 el presupuesto de cooperación, la Junta extremeña puede gastar 17 millones en este sector. Llorens está convencido de que si Cataluña fuera independiente la Generalitat no tendría ninguna deuda con las entidades de cooperación a las que debe 14 millones. El consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado- Batalla, respondió que si la Generalitat abandonara muchos espacios de la administración catalana, los catalanes no tendrían por qué padecer los recortes de Mas

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