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ABC VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 27 Los jueces tramitan 1.661 casos de corrupción política y financiera Moliner matiza sus palabras sobre el acoso a los políticos: No quise justificar la violencia NATI VILLANUEVA MADRID Los juzgados y tribunales españoles tramitan en estos momentos 1.661 causas de corrupción política y financiera. De ellas, 302 se pueden considerar macroprocesos, tanto por su complejidad como por el número de imputados (o ya acusados) por delitos relacionados con la corrupción, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo, adelantó ayer estos datos en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consejo. Forman parte de un informe provisional sobre las necesidades de los juzgados. Las 1.661 causas de corrupción forman parte de los 2.173 procedimientos de especial complejidad que se tramitan en un total de 798 órganos judiciales. Muchos de ellos han pedido refuerzos para poder continuar con la instrucción de estos casos, que en ocasiones se ve ralentizada por la tardanza de informes de carácter técnico que llevan a cabo peritos especializados pero dependienes de ministerios como Hacienda o Interior. En este sentido, entre las propuestas que de forma provisional hace el Servicio de Inspección del Consejo está la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional. Este tribunal tramita 91 causas de especial complejidad. De ellas, 14 son de corrupción política o financiera. De este informe provisional no es posible calcular el número de políticos o financieros que están incursos en algún procedimiento penal en toda España, porque el estudio, dijo Gabriela Bravo, se ha llevado a cabo sobre el catálogo de delitos relacionados con corrupción y no sobre el número de encausados en cada uno. De lo que sí da pistas el informe es sobre dónde se da más este tipo de delitos. Así, del total de causas de corrupción, 541 se instruyen en Andalucía, 200 en la Comunidad Valenciana, 153 en Madrid, 149 en Canarias y 128 en Cataluña. Entre las medidas de refuerzo que propone Inspección, está la solicitud de 64 nuevos jueces, 18 secretarios judiciales más o 150 funcionarios de distintas categorías para agilizar la tramitación de los asuntos más complejos. Por otra parte, y en relación con los episodios de acoso ante domicilios de políticos, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, quiso matizar ayer las manifestaciones que acerca de este asunto hizo el día anterior, cuando encuadró los llamados escraches en la libertad de manifestación. Moliner quiso dejar claro que con independencia de las palabras que haya podido utilizar en sus sucesivas entrevistas o de las conclusiones que se hayan sacado de las mismas, en ningún caso ha estado en su ánimo justificar la violencia o la intimidación que pueda acompañar a los indicados actos de manifestación Más contundente se mostró la portavoz del Consejo, quien, a título individual sostuvo que la libertad de expresión es un derecho que hay que ponderar con otros como la intimidad de las personas afectadas e incluso de forma colateral Bravo se refería así al acoso que han tenido que soportar los familiares de los políticos, en muchas ocasiones menores de edad. CASO NÓOS La Infanta alega que pedir su declaración de IRPF vulnera su intimidad ABC MADRID La defensa de la Infanta Cristina ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de solicitar a la Agencia Tributaria las últimas diez declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) La iniciativa es idéntica a la tomada por su esposo, Iñaki Urdangarín. El matrimonio tiene separación de bienes y presenta sus declaraciones por separado. Los letrados de la Infanta han impugnado la decisión del magistrado al considerar que no hay indicios de criminalidad contra ella que justifiquen tal injerencia en su intimidad También consideran la petición superflua y de nula utilidad