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ABC MADRID 19-04-2013 página 22
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22 ESPAÑA VIERNES, 19 DE ABRIL DE 2013 abc. es españa ABC ¿Imputado o procesado? Los jueces discrepan sobre el momento de adoptar esta medida, al prevalecer la presunción de inocencia recogido en el borrador, esta medida se acordaría solo en casos de delito que lleven aparejada una pena de inhabilitación ante una condena. Además, hay dos límites a la discrecionalidad del juez: que se lo tenga que pedir alguna de las partes personadas en el procedimiento y que solo pueda adoptarla en un marco concreto: en el de aquellos delitos cuya comisión hace incompatible el mantenimiento de un cargo relacionado con la función pública. Para el presidente de Francisco de Vitoria, José Luis González- Armengol, la inhabilitación temporal debería producirse en la apertura de juicio oral, cuando el juez en cuestión ha decidido sentar al ya procesado en el banquillo. Es lo que se hace, recuerda Armengol, con profesionales de cuerpos de la Administración como jueces o militares. Se trataría de asemejar la situación de cualquier servidor público al de esos cuerpos y que la inhabilitación se produjera automáticamente, por ley, en ese momento procesal, sin que la decisión dependa de la discrecionalidad de un juez. Alberto Ruiz- Gallardón, ayer, en el Pleno del Congreso en el que se abordó la reforma del CGPJ EFE Las asociaciones de jueces, divididas ante la inhabilitación de políticos Coinciden en que los partidos tendrían que actuar ante sospechas de corrupción NATI VILLANUEVA MADRID El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, de que los jueces podrán apartar de sus funciones a los cargos políticos mientras están siendo investigados, no ha sido acogido con el mismo entusiasmo por todas las asociaciones de jueces, que se muestran divididas sobre si la mera imputación del individuo es suficiente para tomar una medida de este calibre, aunque sea de forma cautelar, al prevalecer la presunción de inocencia. La previsión ya consta en el artículo 195 del borrador del nuevo Código Procesal Penal (hasta ahora Ley de Enjuiciamiento Criminal) si bien los jueces consultados por ABC coinciden en asegurar que deberían ser los partidos los que tomaran las medidas necesarias para evitar que políticos bajo sospecha continúen desarrollando funciones públicas mientras están inmersos en una investigación judicial. El momento procesal en el que se produce esa inhabilitación temporal divide a las asociaciones, pues mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mayoritaria en la carrera, avala que el juez adopte esta medida a la vez que otras cautelares, como puede ser la retirada de pasaporte, comparecencias periódicas o la propia prisión provisional, desde Francisco de Vitoria, la segunda en núme- ro de asociados, consideran que esa inhabilitación no debería producirse hasta la apertura del juicio oral. El presidente de la APM, Pablo Llarena, considera que el anuncio de Gallardón, una previsión lógica y responsable se sitúa en un punto medio entre la petición de dimisión que siempre está en la calle cuando se inculpa a un político (aunque no se hayan corroborado los hechos que se le atribuyen) y aquellos casos en los que resulta inadmisible que un imputado respecto al que se han recogido suficientes pruebas de su posible responsabilidad penal siga ostentado su cargo hasta que haya sentencia. En su opinión, lo correcto es que un juez decida si los indicios que hay contra una persona son suficientes para adoptare esta medida cautelar. Llarena recuerda que tal y como está La ética en la vida pública Comparte la opinión de que deben ser los partidos los responsables de depurar sus responsabilidades internas Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia (JpD) A su juicio, el anuncio de Gallardón es un mero golpe de efecto populista en un momento en el que hay centenares de cargos públicos investigados. ¿Por qué esperar a que actúen los tribunales cuando los partidos pueden apartar a los políticos que están siendo investigados? se pregunta Bosch. En otros países de nuestro entorno las dimisiones se producen de forma inmediata. En el fondo hay que incorporar el concepto de ética a la vida pública en vez de trasladarlo a las instituciones procesales dice. Un debate jurídico con contradicciones ASOC. PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA FRANCISCO DE VITORIA JUECES PARA LA DEMOCRACIA Si hay suficientes indicios de delito, hay que apartar al político del cargo El presidente de la APM asegura que hay veces que los indicios contra un cargo político están claros desde el primer momento. Es en estos casos en los que hay que tratar de evitar que el político en cuestión siga ocupando el cargo, y se le pueda inhabilitar en ese momento, siempre y cuando el juez aprecie que hay riesgo de reiteración delictiva. Pablo Llarena señala que esta medida no es nueva en el Derecho Comparado, pues otros países la tienen recogida. La discrecionalidad del juez puede provocar situaciones de desigualdad Para José Luis González Armengol, presidente de Francisco de Vitoria, apartar a un político de su cargo por una imputación es una decisión que no se puede dejar al arbitrio de un juez, pues esa discrecionalidad, advierte, podría desembocar en situaciones de desigualdad entre unos y otros políticos en semejantes circunstancias Al margen de esta medida, Armengol opina que los partidos tienen que perfeccionar los mecanismos de elección de las personas que integran sus listas. Se pretende diferir unas soluciones que los partidos podrían tomar hoy mismo Desde un punto de vista estrictamente jurídico, JpD cree que esta inhabilitación cautelar tiene un encaje complicado en el proceso penal al regir la presunción de inocencia A su juicio, en este momento hay una indefinición absoluta de las consecuencias de esa inhabilitación sobre, por ejemplo, diputados cuyo escaño es personal y no del partido. Con esta cortina de humo se pretende diferir unas soluciones que los partidos podrían tomar hoy mismo ya si hubiera voluntad de hacerlo dice.

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