ABC MADRID 18-04-2013 página 24

24 ESPAÑA JUEVES, 18 DE ABRIL DE 2013 abc. es españa ABC Gallardón anuncia que el juez podrá apartar del cargo a un político imputado Escepticismo de los partidos por una medida que califican de populista A. I. SÁNCHEZ N. VILLANUEVA MADRID Art. 195 del Código Procesal Penal Inhabilitación para ejercer determinadas actividades 1. Cuando existan indicios bastantes que fundamenten la sospecha de que el encausado haya cometido algún delito castigado con la pena de inhabilitación o suspensión d profesión, oficio o función pública, o de privación del derecho a conducir o a la tenencia o porte de armas, y exista un peligro concreto de reiteración delictiva durante la tramitación de la causa, el Tribunal, a instancia de parte, podrá acordar la medida cautelar de inhabilitación para el ejercicio de la correspondiente profesión, función o derecho, atendiendo las circunstancias personales, familiares, económicas, profesionales y laborales del encausado. 2. Cuando se trate de un funcionario o autoridad, se sopesarán las obligaciones inherentes al cargo público que desempeñe. 3. La medida se notificará en su caso a la entidad o institución a la que corresponda su control. Cualquier cargo público que resulte imputado en un procedimiento judicial podrá ser apartado de forma temporal de sus responsabilidades en la Administración o de su escaño en el caso de que se trate de un parlamentario. Es la nueva medida que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, aseguró ayer que formará parte de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya nueva denominación será desde ahora, con toda probabilidad, la de Código Procesal Penal. Se trata, dijo el ministro, de reforzar la eficacia de la Justicia en los casos de financiación ilegal de los partidos políticos. El anuncio llega en un momento en el que hay un centenar de cargos públicos imputados, procesados o incluso ya juzgados por delitos relacionados con la corrupción. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y en respuesta a la petición de nuevas acciones por parte del diputado socialista Gabriel Echávarri, el titular de Justicia aseguró que vamos a establecer la posibilidad de que el juez inhabilite, una inhabilitación como medida cautelar, a cualquier cargo público desde el momento en que sea imputado o encausado Además, recordó que la agilización de los procedimientos será una prioridad de la nueva legislación. Entendemos que hay que poner un límite a la duración de los sumarios y que no se puede prorrogar indefinidamente la investigación, porque va en perjuicio de la sociedad y del propio investigador remachó. No es la primera vez que el ministro habla de establecer límites al secreto en la investigación judicial e incluso ya ha apuntado la posibilidad de que dure un mes. Alberto Ruiz- Gallardón, ministro de Justicia EFE den poner al servicio público que esa persona presta mientras prevalezca el principio de presunción de inocencia. El anuncio de Gallardón está contemplado en el artículo 195 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador ha sido elaborado por un grupo de expertos y que todavía está sujeto a retoques. La izquierda no lo cree Los grupos de la oposición mostraron su escepticismo ante la adopción de esta medida. Desde Izquierda Unida, Cayo Lara, la consideró un artificio poniendo en duda que el Gobierno vaya a ponerla en práctica. En este sentido, le instó a empezar primero por inha- bilitar a los políticos del PP que se encuentran inmersos en procedimientos judiciales. En la misma línea, diputados del PSOE consideraron que el anuncio del ministro solo persigue levantar su popularidad ante el rechazo que le ha generado la subida de las tasas judiciales y cuestionó que la medida vaya a tener más recorrido que el de un titular efectista. Gallardón recordó ayer otras medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en este ámbito, como la introducción de la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos y la reforma del Código Penal para endurecer las penas a los cargos que delincan con fondos públicos. El acta es personal El escaño es del diputado, no del partido, por lo que apartarlo antes de que haya sentencia plantea problemas COLABORACIÓN ANTITERRORISTA Límites a la función pública Más dudas ofrece, sin embargo, el encaje procesal y constitucional de la medida cautelar de la inhabilitación a un cargo público, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. Y es que, a falta de que se precisen qué consecuencias entraña especialmente para un grupo parlamentario el apartar a uno de sus diputados de su acta (personal e intransferible) esas fuentes hacen hincapié en que una cosa son medidas cautelares como la prisión preventiva, las comparencias o la retirada de un pasaporte, por cuanto afectan a la esfera personal del imputado y otra distinta las restricciones que se pue- Italia concede la extradición del etarra Fernández S. E. ROMA La Justicia italiana aprobó ayer la extradición definitiva a España del etarra Lander Fernández Arrinda, detenido el pasado mes de junio en Roma y reclamado por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo y estragos. El Ministerio de Justicia italiano abrirá ahora un decreto de extradición en un corto plazo y luego se producirá la entrega a España. En 2011 el Tribunal Supremo absolvió a Fernández, después de que la Audiencia Nacional le hubiera condenado a tres años de cárcel por ayudar a la financiación de la banda mediante la venta de 300 papeletas para un sorteo. Dos años antes, fue deteni- do cuando volvía de Venezuela junto a los terroristas Gorka Bustunduy y Eneko Fernández, por un acto de kale borroka cometido en el año 2002. Pero ya tenía antecedentes porque previamente, en 2003, fue arrestado cerca de Toulousse (Francia) junto a Eneko Aguirresarobe, cuando iban a robar un coche. En el momento de la detención Fernández portaba una pistola y documentación falsa. Ingresó en prisión acusado de asociación de malhechores y tenencia de armas, entre otros delitos. En enero de 2008 quedó en libertad, y siguió con sus andanzas.