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ABC MADRID 02-04-2013 página 17
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ABC MADRID 02-04-2013 página 17

  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MARTES, 2 DE ABRIL DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 17 Faja Pirítica de Huelva La federación de Toxo pactó con la Junta nombrar a un mediador, que cobró comisiones de los ERE José Ignacio Fernández Toxo como secretario general, las firmas de los cuales considero legítimas El fedatario hace constar en la escritura, a la que ha tenido acceso ABC, la voluntad de la Federación Minerometalúrgica de CC. OO. de participar en la promoción y constitución de una asociación destinada a la gestión de las medidas sociolaborales derivadas por el cierre de la minería metálica de la provincia de Huelva El sindicato designa a dos representantes en la entidad de prejubilados, entre los que se halla Rafael Varea, secretario de la Minería. Este sindicalista y Daniel Soto, de UGT, acordaron con el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero nombrar al dueño de Uniter, José González Mata (imputado en el caso) como mediador en la operación. La sede de la asociación se estableció en el domicilio social del bufete sevillano de abogados que se encargó de tramitar las pólizas de prejubilación, Estudios Jurídicos Villasís. Es el mismo despacho que fichó al conseguidor de ayudas Juan Lanzas, calificado por la juez como el amigo de la Administración autonómica y en prisión provisional desde el 22 de marzo por cinco nuevos delitos dentro de las pesquisas por el supuesto cobro de sobrecomisiones que llevan a cabo la Guardia Civil y la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya. Los ERE de las empresas de la Faja Pirítica constituyeron uno de los mayores focos de ilegalidad. De los 796 prejubilados que se acogieron a ayudas, 44 no habían pisado nunca una mina. Un abogado imputado es sobrino de un dirigente de UGT Uno de los abogados imputados por la juez Alaya es sobrino de un dirigente de UGT en la Ejecutiva de Cándido Méndez. Según ha podido saber ABC el abogado Carlos Leal Bonmati, imputado por la instructora y cuya declaración está aún pendiente de señalar es sobrino de Manuel Bonmati Portillo que lleva la secretaría de Política Internacional en el sindicato que dirige Cándido Méndez y que está ligado a éste desde su época como responsable del sindicato en Andalucía. La relación de parentesco, que confirmaron a ABC fuentes cercanas al imputado, podría ser clave en las estrechas relaciones comerciales entre el conseguidor Juan Lanzas y Estudios Jurídicos Villasís, el despacho de abogados que trabajaba con el cerebro de la trama de los ERE. La juez busca bienes de Márquez para su fianza de 174 millones Alaya indaga en el patrimonio de otra intrusa que cobró 101.079 euros MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA La juez Mercedes Alaya sigue subiendo peldaños en la pirámide de los ERE fraudulentos. O, usando sus propias palabras, encajando piezas del puzzle de los ERE en la Junta de Andalucía. Ayer se conoció que está investigando también el patrimonio del Mercedes Alaya (47; 4 7) 47+ 03) 704+ sucesor de Francisco Javier Guerrero Benítez al frente de la Dirección General de Trabajo. Concretamente, según una providencia dictada por el juzgado el pasado 8 de marzo a la que ha tenido acceso ABC, se investiga el patrimonio integral del ex director general de Trabajo, Juan Márquez Contreras, también imputado en la causa y que fue interrogado por la magistrada el pasado mes de julio. La investigación patrimonial de Márquez se produce después de que el juzgado le impusiese una fianza de responsabilidad civil por un montante de 173.941.928 euros. Posteriormente el juzgado ordenó que se embargaran los bienes al exdirector general y que para ello designara los inmuebles que tenía. Por ello, transcurrido un plazo que le dieron al imputado para designar esos bienes, el juzgado decide que se consulte informáticamente a través del punto neutro judicial la averiguación patrimonial integral de Márquez, sucesor de Guerrero pero que coincidió con el Gobierno de Griñán aunque fuera nombrado por su antecesor en el cargo Manuel Chaves. Otra intrusa Además, Alaya también ha ordenado la investigación del patrimonio de otra de las intrusas en el caso. Se trata de Carmen Fontela, imputada por su inclusión en el ERE de Río Grande y a la que la magistrada impuso una fianza civil de 101.079,74 euros. En este caso el procedimiento que se pone en marcha es el mismo que con el exdirector general de la Junta de Andalucía. Por otra parte ayer Alaya decidió volver a prorrogar durante un mes más el secreto del sumario después de que así se lo pidiese la Guardia Civil. Se trata de la quinta prórroga de este veto que pesa sobre las actuaciones desde el pasado mes de noviembre cuando el juzgado decidió ampliar la investigación a presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. En cuanto a las citaciones que la instructora dejó pendientes tras la llamada operación Heracles el abogado Carlos Leal Bonmati y el dueño de Uniter, José González Mata ayer ninguno de los dos había sido llamado a declarar aún. Se espera que esas declacaraciones sean fijadas esta misma semana o, como mucho, la próxima. UGT y CC. OO. reaccionan Desde UGT y CC. OO. de Andalucía aclararon ayer a través de sendos comunicados que no recibieron ningún tipo pago de esta asociación para uso propio, de sus miembros o fundadores. Argumentan que el principal objeto de esta asociación era canalizar las ayudas que las Administraciones autonómica (102,23 millones) y central (36 millones) otorgaron a los trabajadores de la Faja Pirítica mediante un procedimiento consistente en recibir dichas ayudas nominales y abonarlas automáticamente a los trabajadores Los sindicatos no niegan, porque así consta en el acta fundacional reproducida por ABC, que Pastrana y Carbonero ocuparan los cargos de presidente y vicepresidente, entre cuyas funciones, como miembros de la junta directiva, estaban cobrar las ayudas y designar a gestores profesionales para administrar las pólizas. Pero se desmarcan de la inclusión de intrusos o la elección de un intermediario y puntualizan que otorgaron poderes a otros miembros estatales de los sindicatos para llevar la gestión del colectivo. 9+ 701+ 5 6 01 -0- 95. -7 5? 201143,8 3 67,2048- 0 2 1)

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