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ABC MARTES, 26 DE MARZO DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 17 Iniciativa propia El Grupo Popular en el Congreso descarta citar a Griñán, que sí puede acudir voluntariamente Sin remordimientos El presidente andaluz aseguró ayer que tenía la conciencia tranquila y que no se ve imputado La Junta se empecinó en mantener el fondo al margen de la ley La juez Alaya ve el negocio de las ayudas contrario a la paz social MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA Señor especial así llamaban a los intrusos Los términos usados por los personajes de la trama de los ERE fraudulentos revelan que ellos mismos eran conscientes de que lo que hacían no debía trascender. Así, según consta en uno de los autos de la magistrada, ponían Ojo, señor especial para referirse a la póliza de uno de los intrusos que iban a meter en algún ERE. Además, por todos los medios evitaban la publicidad. Este es el ejemplar del tomador que guardamos nosotros dice sobre uno de ellos no dando lugar a dudas de que se trata de una persona que debía recibir trato especial y diferenciado de los demás junto con una serie de precauciones propias de quien no quiere que esa situación trascienda En ese lenguaje se encaja también que los directivos de Vitalia se refieran a los señores del sur Es de suponer que así llamaban a los altos cargos de la Junta de Andalucía. que no puso reparos a comparecer en el Congreso de los Diputados, tal y como el día anterior le pidió el líder del PP- A, Juan Ignacio Zoido, quien también consideró necesario que acuda a las Cortes para declarar sobre los ERE el expresidente de Andalucía, Manuel Chaves. Griñán dijo que no tiene ningún inconveniente aunque el Reglamento de la Cámara Baja no lo prevea, y resaltó que en principio donde sí acudirá, por iniciativa propia, es al próximo Pleno del Parlamento de Andalucía. Petición voluntaria En cualquier caso, el PP en el Congreso descarta pedir que comparezca el presidente andaluz, quien sí podrá acudir voluntariamente. Griñán mostró su disposición a tratar de recuperar lo defraudado y a tomar todas las medidas para que un caso como este no vuelva a repetirse Añadió que la corrupción es siempre condenable esté donde esté y afecte a quien le afecte El presidente de la Junta recordó que su Gobierno siempre ha tenido una colaboración activa con la Justicia, que está personado como acusación y que él personalmente declaró en la comisión de investigación creada en el seno del Parlamento. Y de otro lado, resaltó que tenía la conciencia tranquila y que no existía argumento legal alguno que justificara su imputación. Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, José Luis Sanz, apuntó ayer que le da pena ver que el presidente de la Junta tiene miedo porque se ve acorralado por la acción de la justicias y por la corrupción de su partido que no ha sabido atajar La juez Mercedes Alaya decidió ayer aplazar las declaraciones que tenía previsto tomar de la tanda de imputados que le quedaban. Ni el abogado Carlos Leal ni el dueño de Uniter, José González Mata, acudieron finalmente ayer a declarar tal y como estaba previsto ya que la magistrada aplazó sine die estos interrogatorios, lo que provocó que la Fiscalía Anticorrupción le apremiara ayer a que le comunique el nuevo calendario. Así las cosas los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicitaron a la magistrada que les comunique el nuevo calendario de declaraciones mientras la juez volvió ayer a demostrar lo especial de su horario. Ayer Lunes Santo llegó al juzgado a las tres de la tarde, cuando ya la mayoría de los funcionarios se habían marchado y se encerró en su despacho a examinar la numerosa documentación que ha recibido procedente de los registros. Todo indica que la magistrada tiene previsto dar importantes pasos en esta operación antes de tomar esas declaraciones. Sin embargo, como la trama se encuentra aún bajo secreto del sumario, ayer no trascendieron las intenciones de Alaya aunque la guardia que le tocaba hacer hoy la hará finalmente el juez adscrito a su juzgado, Rogelio Reyes, lo cual hace suponer que seguirán encajando el puzle de los ERE fraudulentos de la Junta de Aandalucía. En cualquier caso a falta de que ordenen nuevas diligencias, el punto de mira está puesto en el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que ya fue encarcelado y salió bajo fianza el pasado agosto. De hecho, en uno de esos últimos autos se asegura que la Consejería de Empleo participó en el proceso de enriquecimiento que provocó el sistema, además de las consultoras, sindicatos y despachos de abogados. Y también que las sobrecomisiones se acordaron por el director general de Vitalia con la Administración andaluza representada por la Dirección General de Trabajo, pero con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos, Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por otro Dar ayudas, era el negocio Pero Mercedes Alaya, que insiste en que las ayudas obviaron el control de la Intervención General de la Junta tanto en su fase previa o crítica como en el control del destino dado a las ayudas, insiste en que las piezas del puzle comienzan a encajar Y de ello asegura que el sobrecoste de las pólizas que durante más de una década han soportado las arcas andaluzas ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de Andalucía de disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones Un sistema que Alaya cree perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio y que además considera absolutamente contradictorio con el grandilocuente principio de la paz social Y eso porque, siempre según uno de los últimos autos, el negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas de modo que comienza a tener explicación el desfase presupuestario, es decir la concesión de ayudas por encima del límite legalmente establecido para ello En este sentido la juez considera que la empresa Vitalia obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica aunque, hasta, ahora solo se ha acreditado el caso del propio exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. La juez Mercedes Alaya a su llegada a los juzgados