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50 SOCIEDAD SÁBADO, 23 DE MARZO DE 2013 abc. es sociedad ABC Crisis audiovisual En un sector que ha perdido el 50 del mercado en cinco años, esta medida perjudica a todas las partes Voluntad de acuerdo Industria mantenía contactos con las empresas para subsanar un error de la propia Administración sual, que prohibía expresamente conceder nuevos canales sin concurso. Así, el 11 de diciembre el Supremo estimó en parte el recurso presentado por una empresa, de la que se desconoce si presentó ofertas a los concursos iniciales, aunque el TS rechazó su pretensión de que además se asignaran nuevas licencias. El Gobierno ha entendido, por su parte, que la sentencia debía comportar la pérdida de canales. Fuentes jurídicas consultadas confirman sin embargo que la pérdida de canales asignados a cada licenciataria no era en absoluto consecuencia necesaria de la sentencia del Supremo y que la medida, de mantenerse, podría producir perjuicios que deberían ser reparados a unas televisiones que realizaron grandes inversiones en la confianza de sus derechos de explotación La decisión adoptada, aparte de afectar a un sector en crisis, que ha perdido el 50 por ciento de su mercado en el último lustro, deja a los ciudadanos con una oferta menor, solo tres años después de que asumieran la adaptación de sus hogares a la recepción de la Televisión Digital Terrestre. Un nueva batalla legal está servida, con las cadenas privadas profundamente molestas con el Gobierno y convencidas de que sus derechos y los de sus socios internacionales (Disney, Viacom, Discovery, Sony) tendrán que ser defendidos con la adopción de todas las iniciativas que correspondan, en función de las actuaciones que vaya adoptando el Gobierno en su desarrollo El plan del Ejecutivo obligará a readaptar las antenas de televisión en más de un millón de edificios ABC El Gobierno anula el reparto de nueve canales de TDT Los operadores impugnarán una medida que podría tener indeseables consecuencias F. MARÍN MADRID y Net TV (Vocento) perderían dos canales, mientras que Atresmedia (Antena 3 y La Sexta) se quedaría sin tres. Sáenz de Santamaría declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar cumplimiento estricto a una sentencia y que la medida se encuadra dentro de un proceso abierto en España y conocido como dividendo digital que se tendrá que completar en los próximos meses Dicho dividendo, por otro lado, supondrá la necesidad de readaptar las antenas de más de un millón de edificios en España, con un coste que deberán pagar los usuarios. Error del Gobierno El conflicto tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero. Este no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedían las licencias ahora anuladas y acabó aprobando, un mes y medio antes, la Ley General Audiovi- El Consejo de Ministros aprobó ayer la anulación del reparto de canales de TDT realizado por el propio Ejecutivo en 2010, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno ejecuta así una sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 11 de diciembre anuló el acuerdo de otro Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2010, en el que asignaba un múltiplex digital con cuatro canales cada uno y cobertura nacional a las seis sociedades que entonces tenían licencia para emitir a través de la Televisión Digital Terrestre. Después de que Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, anunciara esta medida (que no tiene fecha de ejecución conocida) Uteca, asociación que agrupa a las cadenas comerciales de televisión, anunció que la impugnará por sus indeseables consecuencias Según el reparto previsto, Mediaset (Cuatro y Telecinco) Veo TV (Unidad Editorial) Inseguridad jurídica sin precedentes La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) respondió ayer al acuerdo del Consejo de Ministros con un duro comunicado en el que manifestaba su más absoluta disconformidad y malestar y su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria, que será oportunamente impugnada Uteca lamentaba asimismo la forma en que ha sido ejecutada y comunicada dicha decisión, que coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, que afecta de lleno a nuestra credibilidad como país Según cuentan los operadores privados, desde que se produjo la sentencia del Tribunal Supremo, los organismos competentes del Ministerio de Industria habían venido comunicando la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración A ello se une la sencillez de las distintas soluciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para enmendar los errores destacados por el Tribunal Supremo Por todo ello, desde la asociación no entienden que tres meses después se haya acordado esta medida de forma sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos La decisión, además, pone en riesgo la continuidad de cierto número de canales que están actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, y en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas