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4 EDITORIALES PRESIDENTA- EDITORA: SÁBADO, 23 DE MARZO DE 2013 abc. es opinion ABC ERE FALSOS, CRIMEN ORGANIZADO CATALINA LUCA DE TENA Director Bieito Rubido Ramonde Director adjunto Luis Ventoso Subdirectores José Ramón Alonso Manuel Erice Mayte Alcaraz Montserrat Lluis Adjuntos al Director Ramón Pérez- Maura Alfonso Armada Ana Isabel Sánchez ABC Cultural Fernando R. Lafuente Áreas Sergio Guijarro (Información) Jaime González (Opinión) Manuel Marín (España) Alberto Sotillo (Internacional) Yolanda Gómez (Economía) Adolfo Garrido (Madrid) Nuria Ramírez (Sociedad) Jesús G. Calero (Cultura y Espect. David Álvarez (Deportes) Sebastián Basco (Cierre) Jesús Aycart (Diseño e Infografía) Matías Nieto König (Fotografía) Alexis Rodríguez (Suplementos) Laura Revuelta (ABC Cultural) María Jesús Pérez (Empresa) Fernando Rojo (Fin de semana) Isabel Gutiérrez (Gentestilo) Julián de Velasco (Infografía) Archivo Federico Ayala Delegaciones Isaac Blasco (C. Valenciana) María Jesús Cañizares (Cataluña) Antonio González (C. -La Mancha) José Luis Martín (Castilla y León) Roberto Pérez (Aragón) Bernardo Sagastume (Canarias) Pablo Alcalá (Galicia) Era la Junta la que aprobaba la financiación de los ERE, dinero que llegaba a las aseguradoras, y de estas salían comisiones. Era un estado de corrupción inocultable para Manuel Chaves y José Antonio Griñán A operación Heracles ha dado un impulso decisivo a la investigación por los expedientes de regulación de empleo fraudulentamente financiados por responsables de la Junta de Andalucía durante años. Por lo pronto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil califica la trama de corruptos como una verdadera organización criminal dedicada, entre otros delitos, al blanqueo de capitales. Considerar de esta forma a la red que se apropiaba de dinero público destinado a los ERE implica la constatación de que todo estaba perfectamente planificado y orquestado, bajo instrucciones concretas, con responsables perfectamente identificados que impartían las órdenes y ejecutaban las operaciones malversadoras amparadas por la Junta. En esto consiste una organización criminal, que constituye un delito al margen de los que hayan cometido sus integrantes. La actuación policial contra los mediadores de los ERE ha dado este fruto, que aún tiene que ser valorado por la juez Alaya. L Además, el hallazgo de 82.000 euros en billetes de quinientos bajo la cama de uno de los principales imputados, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas que podría haber recibido de forma ilícita hasta 13 millones de euros de los fondos públicos que financiaron los ERE investigados y la revelación por este de un supuesto escondite con documentación de la trama permiten sospechar que la instrucción judicial llegará pronto a nuevas conclusiones. Si Lanzas empieza a hablar y le sigue Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, las incógnitas aún pendientes se despejarán con rapidez. Pero no hará falta esperar a que esto ocurra para que se refuercen los indicios de que esta monumental trama de corruptos nunca pudo constituirse y funcionar sin el conocimiento de los principales dirigentes de la Junta de Andalucía. Era la Junta la que aprobaba la financiación de los ERE, dinero que llegaba a las aseguradoras, y de estas salían comisiones que, por el momento, se han calculado en 50 millones de euros, los cuales, a su vez, eran camuflados con facturas falsas o diluidos en sociedades instrumentales, participando en cada fase de este proceso corruptor personajes como Lanzas y Guerrero, con la cooperación de algunas aseguradoras y despachos profesionales. Era, en definitiva, un estado de corrupción inocultable para los entonces primeros espadas del socialismo andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EL PRECIO DE REORDENAR LA TDT Directora General Ana Delgado Galán Gerente Javier Caballero Control de Gestión José Antonio Ansede Recursos Humanos Raquel Herrera Marketing José María de la Guía Comercial Juana Estévez Distribución Maite Corral ABC en Kioskoymás Pilar Sainz Negocio Abc. es Beatriz Lizarraga F Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid. ORZADO por una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la adjudicación de canales televisivos de julio de 2010- -cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó fuera de plazo las nuevas frecuencias- el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció ayer su intención de reordenar un mapa que de nuevo, y en un momento muy delicado para el sector de la comunicación, se ve sacudido por las arbitrariedades del poder político. Fueron los grandes grupos audiovisuales de España, entre ellos Vocento, editor de ABC, los beneficiarios de un reparto que vino a fortalecer su posición en el nuevo escenario de la TDT, un horizonte empresarial en el que las compañías adjudicatarias invirtieron decenas de millones de euros y cuyo desarrollo, pese al impacto de la crisis, ha consumido sus esfuerzos y fondos. Como heredero de los errores del equipo de Rodríguez Zapatero, el Gobierno de Rajoy no tenía otra opción que acatar la sentencia del Alto Tribunal y proceder a reordenar el mapa televisivo. Ahora bien, también tenía cauces legales para subsanar el error y mantener el statu quo. Porque las empresas de comunicación no pueden ser obligadas ahora a pagar la factura de los errores que cometió el anterior Ejecutivo. El actual Gobierno tendrá que cumplir la ley que en su día se saltó el gabinete de Zapatero, pero teniendo en cuenta las cuantiosas inversiones realizadas por los grupos de comunicación que se hicieron cargo de la implantación de la TDT en España, abriendo su oferta a nuevos productos y públicos, como Telecinco o Antena 3, o incorporando a la televisión española las señales de las grandes productoras internacionales, como ha sido el caso de Vocento y Unedisa. A estas alturas, remodelar el sector no puede pasar por una tabla rasa que cargue los costes a los operadores y, aún peor, genere inseguridad jurídica y añada incertidumbres a un sector en plena transición. Publicidad 902 334 556 Suscripciones 901 334 554 Att. al cliente 902 334 555 Protagonistas Carles Viver Pi- Sunyer Exmagistrado Baltasar Garzón Exmagistrado de la Audiencia Nacional Esteban G. Pons Vicesecretario general del PP La frase del día Emilio Botín Presidente del Santander Precio ABC 1,30 euros Con Mujer hoy 1,80 euros Diario ABC, S. L. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 35.515 D. L. I: M- 13- 58 Apartado de Correos 43, Madrid España ha sentado las bases de una nueva etapa de bonanza Los próximos trimestres serán duros, asegura el patrón del Santander, que prefiere aumentar los plazos de una recuperación que aún tardará en llegar y que, sin embargo, cuenta con las bases establecidas por el programa reformista impulsado por el Gobierno. Emilio Botín aplaude la corrección de desequilibrios y pronostica un cambio de ciclo que arrancará en la segunda mitad de este año y se manifestará con fuerza en 2014. ÍNDICE La Tercera 3 Editoriales 4 Enfoque 5 Opinión 14 Cartas 16 España 18 Internacional 30 Economía 36 Sociedad 46 Cultura 52 Toros 59 Madrid 60 Agenda 65 Cartelera 69 Deportes 74 Gentestilo 79 El Tiempo 92 TV 93 De vigilar el cumplimiento de la Constitución a trazar la hoja de ruta del separatismo. Pi i Sunyer da muestras de su versatilidad ética y legal como presidente del Consejo de Transición Nacional de Mas. Después de que Cristina Fernández solicitase al Papa mediación en el conflicto de las Malvinas, el exmagistrado pide la desclasificación de los papeles vaticanos sobre la dictadura argentina. Política sin fronteras Tras denunciar el acoso del que es víctima, el dirigente popular hace gala de su sensatez al situar a PSOE e IU al margen de estos actos mafiosos y tratar de involucrarlos en la defensa del Estado de Derecho