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12 OPINIÓN POSTALES PUEBLA VIERNES, 22 DE MARZO DE 2013 abc. es opinion ABC JOSÉ MARÍA CARRASCAL ¿QUIÉN ME COMPRA UN LÍO? Bárcenas no ha hecho otra cosa desde que se vio acusado que complicar las cosas cada vez más A HORA hora sólo falta que el juez Ruz y el juez Bermúdez dicten sentencias opuestas una absolutoria, otra condenatoria en el caso Bárcenas para que la tengamos armada, pero bien. Pues el escenario está listo para la tormenta perfecta. Dos magistrados que instruyen el mismo caso, que citan al mismo testigo el mismo día y han dado muestras de tener ideas distintas sobre el mismo, con cruce de velados reproches y diligencias contradictorias, son dos trenes que circulan en la misma vía en direcciones opuestas y sólo puede llevar a la colisión. ¿Es que se han vuelto locos? ¿En qué país estamos? ¿Es que ni siquiera en los tribunales se respetan las normas de convivencia y buena vecindad? Que en la política, en la economía, en la calle esas normas se han olvidado hace mucho tiempo lo sabíamos e incluso lo habíamos asumido, aunque a regañadientes. Pero que ocurra en los tribunales de Justicia espanta, pues un Estado de Derecho se fundamenta precisamente en ellos. No voy a cometer la osadía de opinar quién tiene razón en este pleito entre magistrados, en primer lugar por ser lego en el asunto, y en segundo, porque incluso pueden tenerla los dos, ya que en otro caso no se explica que hayan actuado de esta forma sabiendo que no actuaban correctamente. Pero alguien tendría que haber intervenido para no llegar a la situación en que estamos, que daña a la Justicia e indirectamente, a España. Ya fuese la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la competente en el caso, ya el pleno del Consejo General del Poder Judicial, máximo organismo de los jueces. Pero aquélla parece que no va a actuar hasta después de Semana Santa y éste, no ha dicho palabra. ¿Cómo es posible? La única explicación que se le encuentra, si explicación puede llamársele, es la politización que sufren todas las instituciones del Estado, la Justicia incluida, hasta el extremo de paralizarlas, que queda de manifiesto en la incapacidad de renovar las vacantes que van quedando en el CGPJ. Lo que deja abierta la puerta a que cada cual actúe por su cuenta y riesgo, como estamos viendo en un caso como éste, que por su gravedad puede provocar alarma social, caso de prolongarse eternamente por cuestiones de procedimiento, sobre todo si Bárcenas se niega a declarar ante ninguno de los dos jueces, alegando indefensión, como advertía ayer ABC. Todo acusado tiene derecho a usar todas las armas a su alcance en su defensa, y Bárcenas no ha hecho otra cosa desde que se vio acusado que complicar las cosas cada vez más, de forma que, al final, se haya formado tal lío que no haya forma de desenredarlo. Pero si está en su derecho a hacerlo, la Justicia tiene el deber de no dejarse involucrar en ello y aclarar si es inocente de los cargos que se le imputan o no. ¿Es mucho pedirla? Al parecer, sí. MONTECASSINO HERMANN CUIDADO CON EL TERROR BONDADOSO Se trata de echarles un pulso al Estado y al Gobierno. Y de sembrar el terror L dirigente del PP Esteban González Pons es uno de los miembros de ese partido que ha sufrido ya el acoso de sus domicilios por parte de concentraciones de la llamada Plataforma Antidesahucios (PAH) Los activistas de esta organización entraron en el portal por la fuerza, subieron al piso de su vivienda y estuvieron 45 minutos aporreando la puerta, insultándole a él, que estaba ausente. Dentro de la vivienda estaba al menos un menor que no sabemos cómo vivió el larguísimo acoso de la turba en la puerta de su casa. Esta operación, calcada a los actos de repudio que organizan los siniestros Comités de Defensa de la Revolución contra disidentes, responde a una estrategia anunciada por esta plataforma en televisión. En un programa de máxima audiencia, su caudilla, Ada Colau, proclamó su política de acosar a los políticos allá donde estén, también en sus domicilios particulares, hasta obligarles a asumir la posición de la Plataforma y comprometerse a votarla. El anuncio de una campaña de coacción directa sobre parlamentarios para forzarles a adoptar bajo intimidación una posición que obviamente no es la suya, se confirmó en aquel programa. En cualquier país europeo me atrevo a decir, este anuncio mismo habría sido objeto de denuncia inmediata. Por parte de los parlamentarios de todos los partidos y de la fiscalía del Estado. Ningún parlamentario habría aceptado sin rechistar que líderes auto- E nombrados de movimientos incontrolados y radicales se arrogaran el derecho y proclamaran su intención de imponerles una opinión por la fuerza. En España, sin embargo, la izquierda no se distancia de este acoso extraparlamentario cada vez más grave. Al contrario. Cayo Lara, pero también sindicalistas y socialistas, hablan de tomar la calle para imponer su voluntad a un Gobierno que cuenta con el máximo respaldo jamás habido en nuestra democracia. Y que tiene no sólo el derecho, sino el deber de aplicar su política. Y de mantener intacto el monopolio de la violencia del Estado. Siempre que se quieran respetar las reglas de la democracia. Porque eso es lo que ahora está en juego. Gran parte de la izquierda española, manifiestamente incapaz de presentar una opción política alternativa y un programa de reformas distinto al que el Gobierno y la UE están aplicando en España, apuesta por la calle. Porque ha perdido la esperanza de recuperarse del terrible varapalo electoral que se llevó. Parece que los sensatos en la izquierda se han desvanecido o están derrotados. Apuesta por unas organizaciones izquierdistas radicales muy minoritarias que niegan directamente al Gobierno su legitimidad democrática. Y quieren ganar su primera victoria en la calle con una cuestión que moviliza muchos sentimientos y solidaridad porque en ella se visualiza- -y televisa a todos los hogares españoles- -la faceta más brutal de la tragedia de la crisis en personas concretas. Hablamos de los desahucios. Sus lemas son de una facilidad radical. Exigimos ni un desahucio más. Alquiler social y Condonación de la deuda decían ayer en su enésimo allanamiento de propiedad. Al tiempo que piden condonación de la deuda piden gasto público. Nadie sugiere ante lema tan bondadoso, que si no queremos comer piedras tenemos que pedir dinero prestado. Y que, para recibirlo, conviene no tener fama de ser contrario a pagar las deudas. Pero aquí no se habla de economía. Ni de ayudar a los más necesitados. Porque ahí habría fácilmente acuerdo. Que no necesitan ni quieren. Aquí se trata de echarles un pulso al Estado y al Gobierno. Y de sembrar el terror. La socialización del sufrimiento fue una estrategia etarra de éxito, recuerden. No es otra la que ahora pretende sembrar el miedo. Desde una vocación inequívocamente totalitaria y violenta.