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ABC JUEVES, 21 DE MARZO DE 2013 abc. es opinion OPINIÓN 13 UNA RAYA EN EL AGUA EL CONTRAPUNTO ISABEL SAN SEBASTIÁN PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ¿Alguien se imagina a una empresa privada manteniendo en su puesto a un contable sospechoso de robarle? O terminan de enterarse. La mayoría de nuestros representantes electos se niega a mirar de frente a una sociedad que ha perdido la confianza en ellos y está a un paso de abjurar del sistema en sí; de la democracia representativa que nos ha traído el más largo periodo de libertad y prosperidad que ha conocido la Historia. Lo dicen las encuestas. La corrupción se ha convertido en la principal preocupación del cuarenta por ciento de los españoles, únicamente superada por el paro y seguida por una clase política que debería ser contemplada como la solución a nuestras tribulaciones y sin embargo constituye un problema para tres de cada diez ciudadanos. ¿Qué más datos necesitan estos próceres? ¿Por qué no actúan? Mal que les pese, una parte creciente del pueblo al que en teoría sirven les otorga automáticamente la presunción de indecencia ante cualquier sospecha y no la de inocencia a la que en términos legales todo acusado tiene derecho. Es verdad que el principio in dubio pro reo constituye uno de los pilares de nuestro modelo jurídico, concebido para dejar libres a mil culpables antes de condenar a un inocente. No lo es menos que la multiplicación de abusos, mangancias, mentiras, tráficos de influencias, prevaricaciones y chanchullos de todo tipo, demasiado a menudo impunes, ha ter- N minado por agotar la paciencia del respetable. No pasa un día sin que tengamos conocimiento de un nuevo caso más nauseabundo que el anterior. Casos directamente vinculados al ejercicio del poder y al uso fraudulento de las prerrogativas que éste otorga. Casos que implican cifras multimillonarias procedentes de nuestros bolsillos y desviadas a cuentas corrientes de sujetos particulares cuyo nexo de unión no es la ideología ni la geografía, sino la dedicación a la actividad política. Tanto da que se llamen Bárcenas, Blanco o Pujol. Que se sienten en el parlamento de Cataluña, en el de Valencia, en el de Andalucía o en el Congreso de los Diputados. La cuestión es que manchan con su conducta algo tan sagrado como la democracia. Ensucian la vida pública. Rompen en mil pedazos el contrato tácito suscrito entre elector y elegido en el momento de depositar el voto. Y deben ser apartados. España no tolera un solo imputado más a sueldo del contribuyente. Ni uno. ¿Alguien se imagina a una empresa privada manteniendo en su puesto a un contable sospechoso de robarle? ¡Sería impensable! Urge articular medidas que supongan la expulsión automática de cualquier implicado en un caso de corrupción, hasta que la justicia aclare su grado de responsabilidad. Es posible que caiga alguna víctima sin culpa. Siempre podrá ser reintegrada en sus funciones o en otras similares cuando se demuestre su respetabilidad sin tacha. Pero al menos los administrados, los paganos de esta fiesta que ha degenerado en orgía, tendremos la seguridad de que nuestros menguados recursos, esos que no dan ni para actualizar las pensiones, no están siendo utilizados como fuente de enriquecimiento de facinerosos sin escrúpulos. Ni son todos los que están ni están todos los que son, por supuesto. La mayor parte de nuestros políticos puede presumir de probidad en términos pecuniarios (lo de los embustes es harina de otro costal... Ahora bien, como aquí casi nadie dimite voluntariamente movido por el sentido del honor, esa mayoría honrada va a tener que mostrarse implacable con los señalados y articular fórmulas que supongan su marginación preventiva. Porque lo que está en juego no es si va o deja de ir a la cárcel un inocente, sino la credibilidad de esta democracia menguante. IGNACIO CAMACHO DIMITIR UN POQUITO La política española ha inventado la dimisión a plazos. Dimitir un poquito, por fases. Dimitir de mentirijillas Q 110 AÑOS DE HUMOR GRÁFICO EN ABC Martínmorales (26 11 2007) El CGPJ cesó en enero de 2008 a Elisa Beni como jefa de prensa del TSJM por escribir un libro sobre el juicio del 11- M, tribunal que presidía su marido, el magistrado Javier Gómez Bermúdez UE se pongan de acuerdo. Ya, con urgencia. Que busquen una pauta, un criterio objetivo, una regla uniforme. Si nuestra clase política no es capaz de alcanzar consensos sobre los problemas del país debería al menos poder lograrlos sobre algo que tanto la concierne como es el momento procesal en que debe dimitir un implicado en casos de corrupción. Al principio de la investigación, al final, cuando lo imputen, cuando le abran juicio, cuando lo condenen. Da igual, pero que se establezca un patrón, un modelo, una norma de general cumplimiento que funcione de manera automática, por costumbre consolidada. Dado que no piensan dejar de corromperse hábito aún más consolidado que fijen siquiera un rasero por el que medirse todos al mismo tiempo. A la misma vez, que diría Lopera. Por su propia conveniencia. Cualquier cosa antes que este desigual descalzaperros en el que unos se aferran a los cargos mientras piden la renuncia de los demás. O se van a plazos, que es el último invento: la dimisión escalonada. Dejar el cargo orgánico pero no el público ni el escaño, que es lo que garantiza la protección del fuero. Dimitir en fases, como Pujol el Joven o el alcalde de Sabadell. Dimitir de mentirijillas, como Bárcenas, con simulación laboral de despido. Dimitir en diferido, como Blanco. Dimitir pero sólo un poquito, la puntita nada más, lo justo para que parezca, sólo parezca, que el interesado tiene un cierto sentido de la honorabilidad. Dimitir por ciclos procesales. Dimitir sin dimitir, irse pero quedarse, como en la copla. Me voy pero no me voy que aunque me voy no me ausento. Todo eso son maneras vulgares y poco disimuladas de permanecer, de asirse al privilegio, de persistir en la autocomplacencia. Hay que fijar un punto de inflexión, una línea equidistante para todos. Hasta ahora la venía constituyendo el trámite de imputación formal, pero siempre que los imputados fuesen otros. Como la otredad es siempre relativa y va por barrios, o por partidos, el método no ha funcionado. En un parlamento autonómico el de Valencia, para los curiosos hay tantos imputados en activo que podrían formar juntos el tercer grupo más numeroso de la Cámara. Y alcaldes, ni se sabe. O sea, que la cosa no vale. Podría servir la apertura de juicio oral, la antesala del banquillo, sobre todo ahora que Gallardón va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el término de imputación, concepto garantista que se ha vuelto de hecho una condena anticipada de opinión pública. Vale, sea. Pero, por su propia dignidad los políticos españoles tienen que establecerse a sí mismos un cierto código... iba a decir ético pero sería demasiado optimista. Dejémoslo en código compartido de conducta. A secas. Y cumplirlo, claro. Ya que el Penal, que es al que deberían de atenerse, no parece lo bastante sólido como criterio de observancia.