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22 PRIMER PLANO VIERNES, 1 DE FEBRERO DE 2013 abc. es ABC Solo podrían ser sancionados pagos posteriores a 2008 Si se demostrara que los dirigentes del PP cobraron en negro, habrían cometido una infracción tributaria Y. GÓMEZ MADRID Aunque las consecuencias políticas de un posible cobro de dinero en negro por parte de dirigentes del Partido Popular serían ingentes, las penales serían nulas y las administrativas, mínimas. Se les podría acusar como mucho de haber cometido una infracción tributaria e imponerles una sanción, pero solo por las cantidades recibidas a partir de 2008. Si un ciudadano no declara las rentas recibidas puede incurrir en una infracción tributaria o en un delito fiscal dependiendo de la cifra que se ha dejado de pagar a a Hacienda. En estos casos estaríamos hablando de infracciones tributarias, ya que para que haya delito sería necesario que el dinero defraudado- -no el cobrado- -superara los 120.000 euros. Es decir que, dependiendo de las rentas del contribuyente, para defraudar a Hacienda 120.000 euros tendrían que haber recibido en negro como poco el doble, unos 240.000, teniendo en cuenta que el periodo del que se está hablando el tipo máximo del IRPF osciló entre el 43 y el 56 Esto no ocurre en ninguno de los casos de las informaciones barajadas, donde se habla de cifras de cobros in- feriores, incluso sumando varios ejercicios. Además hay que tener en cuenta los plazos de prescripción. Según la legislación actual el delito fiscal prescribe a los cinco años, que empiezan a contar a partir del momento en el que hay que presentar la declaración. Por tanto, podría haber delito y hasta penas de cárcel si las cantidades defraudadas a partir de 2007 sumaban más de 120.000 euros. No hay ningún caso en la supuesta contabilidad B del PP que cumpla esos requisitos. Plazos de prescripción Las infracciones tributarias, por su parte, prescriben a los cuatro años, lo que supone que solo se podrían exigir cuentas a aquellos dirigentes del PP que recibieron pagos en 2008 y que no incluyeron en su declación de la renta que presentaron en la primavera de 2009. Esto significa que la mayoría de los nombres que aparecen en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas estarían exentos incluso del pago de la más mínima sanción. Solo algunos dirigentes actuales como Rajoy o Cospedal estarían en esta tesitura. Las sanciones por dejar de ingresar a la Hacienda Pública van desde el 50 al 150 de la deuda, de acuerdo con la legislación vigente. Pero es posible reducir esta sanción hasta el 30 por conformidad, y otro 25 añadido por pronto pago. Así, en el caso de haber cobrado 25.000 euros en negro en 2008, se debería haber pagado a Hacienda, 10.750 euros, como máximo (aplicando un Un ciudadano protesta, ayer ante la sede del PP en Madrid JAIME GARCÍA Multas Las sanciones aparejadas por dejar de ingresar a Hacienda van desde el 50 al 150 de la deuda tipo del 43 La sanción máxima sería de 16.125 euros, que se podría reducir en casi 5.000 por conformidad y otros 2.800 euros por pronto pago. Eso sí, tendrían que hacer frente a intereses de demora. Otros frentes y consecuencias FISCALÍA REPERCUSIÓN EN LOS MERCADOS ANTICORRUPCIÓN Torres- Dulce abre la puerta a que se cite a la cúpula del PP S. E. La prima de riesgo se relaja hasta los 350 puntos básicos S. E. Analizarán el origen de los fondos del extesorero N. V. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres- Dulce, señaló ayer que en los presuntos sobresueldos a dirigentes del PP hay materia de investigación y no descartó que el Ministerio Fiscal pida que sean citados a declarar miembros de la cúpula del partido. Si nosotros llegamos a la conclusión de que su testimonio es esencial para esclarecer los hechos, hechos de naturaleza delictiva, no dude de que serán llamados a declarar sostuvo en declaraciones a 13 TV. Torres- Dulce aclaró que la Fiscalía ya está investigando la contabilidad del PP y que el proceso se desarrollará de una manera absolutamente abierta y con todas las garantías, con imparcialidad y absoluto rigor Las dudas ahora, reconoció el fiscal general, se refieren al juzgado que debe hacerse cargo del caso. Tranquilidad en el mercado de deuda. La prima de riesgo, el sobrecoste que exigen los inversores por comprar bonos españoles en vez de alemanes, marcó ayer al cierre de la sesión 350 puntos básicos, dos menos que en la jornada previa. El diferencial del bono español se había disparado en la apertura de los parqués del Viejo Continente hasta los 358 puntos, pero la calma se reinstaló a medida que avanzaba la jornada. No parece que los inversores, que suelen penalizar con contundencia la incertidumbre política, estén especialmente inquietos. Ayer su atención se centró en la decisión de la CNMV de no prorrogar el veto sobre las operaciones a corto en las Bolsas. El Ibex cedía un 2,44 pero, en una muestra de la vuelta de la confianza en España, ha sumado un 2,39 en enero. La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juez Pablo Ruz que investigue el origen de los 11 millones de euros que el extesorero del PP Luis Bárcenas dice haber regularizado acogiéndose a la llamada amnistía fiscal del Gobierno. Fuentes jurídicas señalaron que el Ministerio Público solicitará al magistrado que oficie a la Agencia Tributaria para que confirme si Bárcenas obtuvo este beneficio fiscal. En ese mismo escrito la Fiscalía ya podría instar a que investigue el origen del dinero para constatar si su procedencia es lícita o no, pues en el segundo caso Bárcenas no habría cumplido con sus obligaciones con el fisco y esa amnistía fiscal no sería válida. Dada la magnitud del sumario de Gürtel, y al referirse este asunto a una sola persona, el juez podría abrir una pieza separada.