ABC MADRID 31-01-2013 página 26

26 ESPAÑA JUEVES, 31 DE ENERO DE 2013 abc. es españa ABC Los ayuntamientos serán obligados a hacer público el coste de los servicios El Gobierno introduce nuevos mecanismos de transparencia en la reforma local PALOMA CERVILLA MADRID JAIME GARCÍA 14.000 concejales menos y sueldos de 100.00 euros Sueldos de alcaldes que no superen los cien mil euros en las grandes poblaciones y reducción de dos concejales por municipios, alrededor de 14.000 menos en toda España. Esta es la propuesta que hasta ayer mismo negociaban el presidente y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna y Fernando MartínezMaíllo, con el vicepresidente socialista Abel Caballero, sin llegar a un acuerdo. Una propuesta que trasladarán al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tendrá la última palabra. Además, también tiene que decidir si solo el 17 por ciento de concejales cobrarán y el número de eventuales. Varios funcionarios de Madrid, contra el recorte de su paga La Audiencia duda de que la supresión de la paga extra sea legal Pregunta al fiscal si cree que debe plantear al TC una cuestión de inconstitucionalidad N. VILLANUEVA MADRID La Audiencia Nacional tiene dudas de que la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos sea constitucional, por lo que no descarta llevar esta medida al TC. Así lo asegura la Sala de lo Social en una providencia en la que considera que se ha podido vulnerar el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo medidas restrictivas de derechos individuales. En el escrito la Sala acuerda por unanimidad preguntar a las partes y a la Fiscalía si procede llevar esta cuestión al Tribunal Constitucional, para lo que deberán responder en un plazo de diez días. En línea con la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional entiende que las gratificaciones extraordinarias (como es la paga extra) son una manifestación del salario diferido, que se devenga diariamente. Por ello señala que la supresión decidida por el Gobierno no hacía excepción alguna de la parte ya devengada cuando entró en vigor la medida, el pasado 15 de julio. Por esta razón, la Sala se plantea la posibilidad de que esta medida vulnere el artículo 9.3 de la Constitución, en el que se garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas (las correspondientes a los seis primeros meses del año) expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional concluyen los magistrados. La Audiencia Nacional ha dictado esta providencia en respuesta al conflicto colectivo planteado por CC. OO. UGT y USO por la eliminación de la paga extra en la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) empresa estatal participada mayoritaria y directamente por la SEPI, informa Ep. Devolución del dinero Mientras, los sindicatos del sector público celebraron que la Audiencia Nacional tenga dudas sobre la constitucionalidad de esta medida. En sendas notas de prensa, CSI- F y UGT confiaron en que este Tribunal plantee ahora una cuestión de inconstitucionalidad. Ambos esperan que el Gobierno tome nota rectifique cuanto antes esta medida y reintegre la paga extra. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que el Gobierno está absolutamente convencido de la legalidad de la suspensión de esta paga, aunque, aseguró, fue una medida difícil de adoptar. En declaraciones realizadas en el Congreso de los Diputados, reconoció que la iniciativa es difícil desde el punto de vista económico, aunque recordó que se limita al año pasado De Guindos subrayó que respeta a la Justicia, pero insistió en que estamos convencidos de la legalidad de la norma. El Gobierno ha incorporado al anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que posiblemente aprobará mañana el Consejo de Ministros si hoy pasa el filtro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, una serie de mecanismos de transparencia en la gestión de estos entes públicos, en el marco de la reforma local que se va a llevar a cabo. En el texto de esta normativa, a la que ha tenido acceso ABC, y concretamente en el artículo 26, se obliga a los ayuntamientos a publicar el coste estándar de los servicios que prestan, con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocerlo y así poder compararlos con otros ayuntamientos para ver si son más eficientes. En ese mismo artículo se especifican las competencias obligatorias, a las que el Estado asignará una financiación, y que serán alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y gestión del padrón. A estas competencias hay que añadir otras específicas en función del número de población. Comisión Delegada Rajoy analizará hoy el proyecto, antes del Consejo de Ministros Deuda municipal Otra de las medidas de transparencia que el Ejecutivo impondrá a los ayuntamientos es la obligación de presentar una memoria justificativa que demuestre que el servicio es eficiente, cuando éste sea adjudicado a una sociedad mercantil local o entidad pública empresarial local. Para ello, habrá que modificar el apartado 2 del artículo 85 de esta misma normativa. Al margen de estas novedades que se han introducido en los últimos días, la reforma local también tendrá en cuenta a los ayuntamientos a la hora de que las comunidades autónomas les paguen las deudas pendientes. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas obligará a los Gobiernos regionales a considerar a los ayuntamientos instituciones prioritarias a la hora de pagar sus deudas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Igualmente, en el caso de que dejen de pagar el dinero asignado a las competencias cedidas a los ayuntamientos, el Gobierno les retendrá su participación en los ingresos del Estado. Con estas medidas tratan de evitar el elevado endeudamiento municipal. Tras el fracaso del pacto con el PSOE y la rebelión de los alcaldes, que obligaron al Gobierno a frenar la reforma, aplazándola en tres ocasiones y redactando hasta cuatro borradores, todavía queda un escollo por superar. Ayer mismo, en la reunión de subsecretarios y secretarios de Estado, ministerios como el de Sanidad pusieron alguna objeción al tema competencial. Todos estos flecos tendrán que ser resueltos hoy en la Comisión Delegada para que el texto quede listo para el Consejo de Ministros.