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ABC MADRID 18-01-2013 página 54
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ABC MADRID 18-01-2013 página 54

  • EdiciónABC, MADRID
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54 SOCIEDAD VIERNES, 18 DE ENERO DE 2013 abc. es sociedad ABC Pago indebido Más de 2.600 personas que recibían teleasistencia cobraban una prestación a la que no tenían derecho Las irregularidades se extienden a la teleasistencia. Pese a que este servicio no genera derecho a la liquidación del nivel mínimo de protección el Tribunal asegura que, a 30 de abril de 2011, había 2.642 expedientes en la aplicación informática cuya única prestación reconocida era la teleasistencia y, sin embargo, figuraban con un importe total de liquidación de nivel mínimo de protección de 1.927.340 euros. El informe del Tribunal de Cuentas también observa que, salvo Cas- tilla- La Mancha, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, todas las comunidades incumplen el plazo máximo de seis meses previsto en la ley de Dependencia entre la fecha de entrada de la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación. El caso más grave es el de Canarias, donde el plazo se eleva hasta los 577 días, aunque hay siete comunidades- -Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia- -donde supera los 300 días. El órgano fiscalizador valora también de forma negativa que se haya extendido las prestaciones económicas en detrimento de la prestación de servicios, con 484.180 frente 447.574 en 2011. De esta forma, el sistema de atención a la dependencia podría acabar convirtiéndose más en un sistema de subsidios que en una red asistencial de servicios advierte. Cinco meses después de fallecer mi padre seguíamos cobrando Una familia explica la dejadez de la administración al dar de baja a un dependiente M. T. MADRID El hecho de que miles de personas fallecidas permanecieran como beneficiarias de prestaciones económicas por dependencia revela una dejadez palmaria de las administraciones púbicas. No se trata de una acción de meros pícaros a la caza de una paga extra a costa del familiar que partió de este mundo, sino que fueron los responsables de la gestión los que provocaron una situación delirante que ahora refleja el informe del Tribunal de Cuentas pero que resulta más descarnado en labios de protagonistas involuntarios de esta situación. Una familia madrileña explica a ABC cómo durante meses trataron de dar de baja en el sistema a su pariente muerto sin que la máquina burocrática les hiciera caso. Al contrario, les seguía enviando puntualmente su prestación hasta que, cinco meses después, por fin accedieron a borrarlo de la lista y les reclamaron la devolución del dinero entregado. Solicitamos la protección de la ley de la dependencia después de que mi padre tuviera un ictus, en enero de 2009 explica una persona a la que llamaremos con el nombre ficticio de Santiago, ya que prefiere no aparecer con el real. Según su testimonio, tras dos años de trámites y retrasos, finalmente la familia firmó en la Comunidad de Madrid el llamado PIA (Plan Individualizado de Atención) en el que optaron por la compensación económica en lugar de por una plaza en una residencia. De esta forma- -explica Santiago- pudimos elegir un centro más cercano al domicilio de mi madre, que quería y podía visitar a mi padre a diario Unos meses después empezaron a cobrar unos 700 euros al mes, que servían para pagar parte de la residencia. Mi padre murió en septiembre de 2011. Y seguimos cobrando hasta febrero de 2012, a pesar de que comunicamos oficialmente la defunción- -con el certificado correspondiente- -en al menos tres ocasiones al centro de atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid explica. Un laberinto burocrático Cinco meses después, se cerró el círculo. La Comunidad dejó de pagar y nos exigió el reembolso de todas las cantidades cobradas tras la muerte de mi padre, unos 3.500 euros en total. Así lo hicimos. Presentamos el certificado del banco con el reingreso correspondiente en el registro de la Comunidad continúa su narración el hijo del dependiente fallecido. El laberinto burocrático de la Comunidad retrasó todo este proceso cinco meses comenta Santiago, quien subraya que comunicó la defunción a los pocos días, aunque, en la práctica, la Comunidad no perdió dinero, pues exigía el correspondiente reembolso

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