ABC MADRID 03-01-2013 página 15

ABC JUEVES, 3 DE ENERO DE 2013 abc. es opinion OPINIÓN 15 EL CONTRAPUNTO UNA RAYA EN EL AGUA ISABEL SAN SEBASTIÁN LOS TRESCIENTOS DE LA INFAMIA España está tan acostumbrada a la corrupción, es tan tolerante con ella, que la denomina picaresca SOS trescientos políticos procesados por casos de corrupción son la punta de un iceberg monstruoso que ha destruido en buena medida la credibilidad de nuestro sistema. El peor cáncer de esta España sumida en la tormenta perfecta. La lista de la vergüenza incluye a representantes de todos los partidos, sin excepción, en todos los niveles de la Administración pública: desde exministros a concejales, pasando por expresidentes autonómicos, alcaldes y demás peldaños de esta escalera interminable en la que se ha convertido el Estado de las Autonomías, trufado de pesebres en los que abrevar a las cuantiosas mesnadas que viven del contribuyente. El plano municipal aparece como el más contaminado por ese virus del latrocinio, que se extiende como el de la peste entre las filas de nuestros presuntos servidores, pero el autonómico no le va a la zaga. Y eso que, repito, esto es sólo la punta de una montaña de fango cuya base es tan amplia como el territorio hispano. Los escándalos que han salido a la luz y se encuentran en trámite judicial, una vez conseguidas las necesarias pruebas de cargo. Es decir; una pequeñísima parte del total de podredumbre que socava los pilares de esta democracia tan joven y, pese a ello, tan ajada ya en la ilusión de los españoles. E Lo de menos, con ser éste incalculable, es el montante total de dinero que hayan robado estos indeseables para sí mismos o para los grupos que los colocaron en puestos susceptibles de hacerles caer en la tentación Lo de más, el deplorable referente que su conducta supone para un país sumido en una crisis de proporciones colosales, cuyo saneamiento pasa por aplicar una implacable receta de austeridad, tanto más severa cuanto más humilde es la condición de aquellos a quienes se suministra la pócima. ¿Se habrán preguntado alguna vez estos ilustres mangantes el daño que hacen a la gobernabilidad de la Nación con cada euro que se llevan? ¿Le remorderá la conciencia a Gerardo Díaz Ferrán, sin ir más lejos, por haber proferido aquello de hay que trabajar más y ganar menos mientras, según sostiene la Fiscalía, se llenaba los bolsillos de manera fraudulenta? No lo creo... España está tan acostumbrada a la corrupción, es tan tolerante con ella, que la denomina picaresca otorgando un cierto halo de creatividad, una connotación parcialmente positiva a lo que en realidad es una manifestación repugnante de la peor miseria moral; la que suma codicia, mentira e incoherencia, hasta componer un cuadro de vileza que habría de ser merecedor, en opinión de esta columnista, de un reproche social sin paliativos y de condenas mucho más duras que las actualmente recogidas en el Código Penal. Pero claro, el legislador es madera de la misma cuña y se cuida bien de agitar en exceso el avispero, no vaya a ser que se molesten los insectos y piquen a quien no deben... Y así hemos llegado a un alto nivel de deshonor de la clase política, que reflejan las encuestas con insistencia elocuente y que debería hacer reflexionar a los responsables de los partidos sobre la necesidad imperiosa de introducir controles estrictos y castigos ejemplares, so pena de ver caer el edificio que les sostiene, derribado por la marea de una ciudadanía indignada. No es posible seguir aplicando recortes y predicando ajustes mientras se consienten dispendios sin cuento y se alimenta a ladrones. Urge elevar el listón de la exigencia ética, porque sin un liderazgo intachable nada de lo que nos digan calará en nuestra conciencia. IGNACIO CAMACHO DESPACIO La mejor política de seguridad vial la está llevando a cabo la crisis. Es imposible que se estrelle un coche parado D MÁXIMO ESPUÉS de las tradicionales subidas de precios y tarifas de cada primero de año el Gobierno acaba de anunciar la bajada de algo... que no cuesta dinero. El Ministerio del Interior va a disminuir la velocidad máxima en las carreteras convencionales, una medida de seguridad que sale mucho más barata que la de mantenerlas y repararlas. Esta lógica preocupación del Estado por mantener vivos a los contribuyentes motorizados contrasta con el trato hostil que les dispensa cuando están enfermos; la diferencia consiste en que como pacientes de la sanidad pública los ciudadanos son máquinas de gastar mientras como conductores privados se convierten en un impuesto rodante, un multiplicador neto. El automovilista es para la Administración una fábrica de recursos, un cajero automático sobre ruedas que funciona incluso estando parado. Los coches permanecen sujetos a una potente carga impositiva- -IVA, ITV, circulación, etcétera- -y el combustible financia incluso servicios sanitarios. Luego están las multas, un clásico de la presión recaudatoria, y todavía queda la posibilidad de establecer recargos y viñetas por el uso de autovías para los que no quieran ir despacio. Como además el motor siempre resulta sospechoso de consumo medioambiental excesivo, también puede soportar un recargo ecológico. Es difícil encontrar un sujeto fiscal tan versátil, polivalente, dócil y multitudinario. Para proteger esta bicoca tributaria los gobiernos disponen de la coartada de la seguridad, manto moral que les permite presentarse como ángeles custodios. La siniestralidad en las carreteras españolas lleva en visible y afortunado descenso tantos años como persiste la crisis económica, pero las estadísticas de accidentes no toman en cuenta la notoria variable del menor uso del automóvil. El poder saca pecho de salvavidas y se cuelga en él las medallas que le ha conquistado la recesión. La mejor política vial, como la de inmigración, la está llevando a cabo por sí sola la coyuntura social mediante una autorregulación silenciosa, capaz incluso de corregir las deficiencias del sistema en materia, de por ejemplo, conservación y reparación de carreteras. Es imposible que se estrelle un coche que no circula porque su dueño no tiene dinero para ponerlo en marcha. Las autoridades también tienen dispuesta esa eventualidad mediante el establecimiento de arbitrios por guardarlo en el garaje. Al final, sin embargo, puede que las cuentas no cuadren. El parque móvil español ha envejecido con la crisis y la venta de automóviles, uno de los más claros indicadores de prosperidad, ha decrecido tanto o más que los siniestros. Tal vez en breve el Estado tenga que cerrar su propio círculo y en vez de subvencionar la renovación de vehículos empiece a cobrar a los ciudadanos por tener coches viejos. Nos necesita en movimiento pero, eso sí, despacito y sin prisas. La velocidad se paga aparte.