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ABC MADRID 24-08-2012 página 4
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4 EDITORIALES PRESIDENTA- EDITORA: VIERNES, 24 DE AGOSTO DE 2012 abc. es opinion ABC CUANDO LA PASIVIDAD ANIMA EL DELITO CATALINA LUCA DE TENA Bieito Rubido Ramonde Director adjunto: Luis Ventoso Subdirectores: José Ramón Alonso Manuel Erice Mayte Alcaraz Montserrat Lluis Adjuntos al Director: Ramón Pérez- Maura Alfonso Armada Ana Isabel Sánchez ABC Cultural: Fernando R. Lafuente Desarrollo de producto abc. es: Isaac Timón Áreas: Sergio Guijarro (Información) Jaime González (Opinión) Manuel Marín (España) Alberto Sotillo (Internacional) Yolanda Gómez (Economía) Adolfo Garrido (Madrid) Nuria Ramírez (Sociedad) Jesús G. Calero (Cultura y Espect. David Álvarez (Deportes) Sebastián Basco (Cierre) Jesús Aycart (Diseño e Infografía) Matías Nieto König (Fotografía) Alexis Rodríguez (Suplementos) Laura Revuelta (ABC Cultural) María Jesús Pérez (Empresa) Fernando Rojo (Fin de semana) Isabel Gutiérrez (Gentestilo) Archivo: Federico Ayala Delegaciones: Isaac Blasco (C. Valenciana) María Jesús Cañizares (Cataluña) Antonio González (C. -La Mancha) José Luis Martín (Castilla y León) Roberto Pérez (Aragón) Bernardo Sagastume (Canarias) Pablo Alcalá (Galicia) Director Si el Estado no se hace respetar, el Estado no es respetado. El derecho de manifestación desaparece cuando es utilizado para cometer delitos o poner en peligro bienes y personas UANDO al Estado de Derecho se le pone a prueba con bravuconadas como las que está protagonizando el diputado comunista andaluz José Manuel Sánchez Gordillo, es razonable, al principio, administrar a la situación una buena dosis de indiferencia. Pero como Sánchez Gordillo está pasando de la burla al desafío, las autoridades deben tener cuidado para que esa contemporización inicial no acabe siendo una invitación al delito y una oferta de impunidad. El Sindicato Andaluz de Trabajadores se está dedicando a promover actividades delictivas, que luego se consuman como amenazas y coacciones a trabajadores, ocupación de inmuebles privados y robo en centros comerciales. Se sabe de antemano que la cuadrilla de unas cuantas decenas de este sedicente sindicato, dirigida por Sánchez Gordillo, está dispuesta a seguir cometiendo actos ilegales en cualquier localidad que atraviese en esa especie de ruta de vandalismo que han planificado para hundir la imagen de Andalucía y, de paso, dañar la de España. Debería acabarse en nuestro país la benevolencia con la que suele obsequiarse a los per- C sonajes antisistema, como si fueran especies protegibles. Para eso es necesario que las autoridades defiendan la legalidad vigente, prevengan los actos ilegales y sancionen a quienes acaben cometiéndolos. Si el Estado no se hace respetar, el Estado no es respetado. El derecho de reunión y de manifestación desaparece cuando es utilizado para cometer delitos o poner en peligro bienes y personas. Los actos violentos no forman parte de la actividad sindical, así que el SAT debe responder como persona jurídica de los actos de vandalismo que cometen sus afiliados. La Fiscalía General del Estado debería también analizar si el SAT está incurriendo en responsabilidad penal, porque el privilegio que el Código Penal concede a partidos y sindicatos no debería extenderse a acciones ajenas a sus funciones propias. Responder con contundencia a los actos que promueven el SAT y Gordillo- -quien no para de anunciar de un día para otro acciones sorpresa -no es darle más importancia de la que tiene, argumento que beneficia al infractor. Es la obligación de un Estado que no pierde ocasión de multar un exceso de velocidad o perseguir el impago de un impuesto, cosas ambas que debe hacer con todo rigor. Las autoridades competentes- -Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno, Ministerio Fiscal- -tienen la responsabilidad de evitar un efecto de contagio, que aproveche el descontento social y extienda unas formas de protesta que ahora son controlables, pero luego podrían no serlo. LIBERTAD EDUCATIVA ERE: MEJOR QUE INVESTIGUE EL JUEZ L Ana Delgado Galán Gerente Javier Caballero Control de Gestión José Antonio Ansede Área de Márketing José María de la Guía Área de Publicidad Eduardo Real Área Técnica José Cañizares Área de Recursos Humanos Raquel Herrera Directora General Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid. a educación de niños y niñas por separado no es discriminatoria por sí misma, sino que representa una opción para los padres en el ejercicio de su derecho constitucional a elegir la formación que consideren más apropiada para sus hijos. Por eso tiene razón el ministro José Ignacio Wert en su valoración crítica de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sin perjuicio, por supuesto, del debido acatamiento a la resolución judicial. Imponer la educación mixta de forma obligatoria es una aptitud intervencionista que no se corresponde con la libertad educativa. Una futura reforma legislativa debería clarificar los supuestos en que es posible sostener con fondos públicos a los centros de enseñanza que realizan una diferenciación según el sexo. Los dogmas pedagógicos de apariencia progresista no deben prevalecer sobre el ejercicio de la libertad personal, que se enriquece cuanto más amplia es la oferta en materia educativa. En cualquier caso, la separación no implica ni debe implicar en ningún caso una ruptura del principio de igualdad, que ha de mantenerse siempre con el máximo rigor. L a comisión creada en el Parlamento andaluz para investigar el pago de ERE falsos es una iniciativa inútil ante el derecho a guardar silencio al que se acogen los comparecientes implicados. Cuando se organiza una comisión parlamentaria en agosto, con días tasados y paralelamente a una investigación judicial, es evidente que se busca inutilizarla. Y el PSOE lo está consiguiendo. La única investigación que puede avanzar y a la que se debe apoyar es la judicial, garantizada por la independencia de su responsable, la juez Mercedes Alaya, blanco de los socialistas por no dejarse manipular. Los imputados y sospechosos también pueden guardar silencio ante el juez, pero no por eso cesa la investigación judicial sobre ellos. La parlamentaria, de hecho, sí. Sería deseable que el sumario instruido por la juez fuera más deprisa, pero, entre la creciente extensión del caso y el obstruccionismo de la Junta de Andalucía, poco más se puede pedir que una diligente tramitación de las investigaciones pendientes y una actuación exhaustiva del Ministerio Fiscal, para, cuanto antes, dar paso al juicio oral para unos y, si fuera preciso, el suplicatorio ante el Tribunal Supremo para otros. Publicidad 902 334 556 Suscripciones 901 334 554 Att. al cliente 902 334 555 Protagonistas Eduardo Madina Diputado del PSOE en el Congreso L. Glez. -Echenique Presidente de RTVE Purito Rodríguez Ciclista La frase del día Esperanza Aguirre Presidenta de la Comunidad de Madrid Precio ABC 1,30 euros Diario ABC, S. L. Reservados todos los derechos. 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Aclaró Aguirre, eso sí, que se trata de una opinión muy personal La presidenta madrileña duda del informe médico y pide, como el fiscal, que se garantice la veracidad del mismo. ÍNDICE La Tercera 3 Editoriales 4 Enfoque 5 Opinión 12 Cartas 14 España 16 Internacional 26 Economía 30 Bolsas 35 Sociedad 36 Madrid 41 Agenda 46 Cartelera 48 Deportes 52 ABC Verano 58 Toros 62 El Tiempo 76 TV 77 Poner como ejemplo a imitar el bochornoso comportamiento de los altos cargos socialistas que no dan explicaciones al Parlamento andaluz en el EREgate es una falta de respeto al ciudadano y una burla a la democracia Las retransmisiones taurinas regresan a TVE después de un veto de seis años por parte de los anteriores gestores de la corporación pública. Un acierto rotundo en pleno acoso a la Fiesta por parte de los nacionalistas

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