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ABC MADRID 28-07-2012 página 26
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26 ESPAÑA SÁBADO, 28 DE JULIO DE 2012 abc. es españa ABC La diferencia española Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ace poco más de un año, un diputado me criticó, en una tertulia de televisión, por unas afirmaciones que hice sobre el alto grado de corrupción de los partidos políticos. En un ejercicio de perversión de la lógica las calificó como preocupantes desde el punto de vista democrático ya que, a su entender, podían ser interpretadas como un ataque al sistema de partidos y una reivindicación de la dictadura. Ya sin cámaras le pregunté por su aportación a la democracia. La respuesta que me dio fue bajar los ojos. ¿De vergüenza? Lo dudo, Berlusconiano como tantos otros morirá con el culo pegado al escaño. La variedad de modos de corrupción de nuestro sistema es tal que sirve como justificación o tapadera de actividades propias de la tradicional España negra: el caciquismo, el folclorismo, la zanganería... A veces, en forma de aeropuertos innecesarios, empresarios subvencionados y obreros liberados, televisiones selectivas, embajadas de CC. AA. premios Nobel a la española, fundaciones culturales... El desfile de políticos ante la Comisión de Economía del Congreso, con motivo del escándalo de Bankia, es una colosal y desvergonzada utilización del Parlamento para tapar el bandidaje de la clase política en las cajas. En definitiva, para ocultar las responsabilidades de esta en relación con el agujero de miles de millones de euros que nos ha costado. Aun así ¿el Banco europeo debe ayudar a salir a España de la crisis económica? Lo hará para salvar el euro y, de paso, echará una mano a nuestra clase política, que terminará haciendo pagar las sucesivas recesiones económicas a los españoles, incluidos los parados. Así que ¡ojo con señalar como causantes de posibles corralitos a los propios políticos! Sería tan grave como reivindicar una nueva dictadura. H El fiscal general del Estado, Eduardo Torres- Dulce, en una imagen de archivo EFE Torres- Dulce critica la última reforma penal por precipitada Lamenta que el Gobierno no haya contado con la opinión de jueces y fiscales S. E. EL ESCORIAL Al fiscal general del Estado no le ha gustado la reforma del Código Penal aprobada ayer por el Gobierno. Eduardo Torres- Dulce cree que se ha llevado a cabo de forma precipitada y critica que no se haya recabado la opinión ni de jueces ni de fiscales ni de ningún jurista. En declaraciones realizadas durante los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial (Madrid) el fiscal general ha expresado su deseo de que las re- formas del Código Penal se hagan tras una detenida reflexión, con una perspectiva de consenso y no con perspectivas coyunturales de titulares o de necesidades sociales informa Ep. Las críticas del jefe de los fiscales se dirigen contra la decisión, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, de modificar el texto punitivo para endurecer las penas contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Torres- Dulce se mostró convencido de que el Código Penal necesita retoques y modificaciones en muchos Detenida reflexión El fiscal general recuerda que los cambios del Código Penal no deben responder a necesidades coyunturales aspectos. Con franqueza dijo, le habría gustado que la reforma se hubiera llevado desde perspectivas de reflexión previa y que se hubiera tenido en cuenta la opinión de jueces, fiscales, procuradores y abogados, además de la expresada por los académicos de la universidad. Que se nos hubiera preguntado antes precisó. En opinión del fiscal general del Estado, las reformas de los Códigos Penales deben obedecer siempre a las más estrictas necesidades sociales Y pidió que el texto penal no se vea como un instrumento para resolver conflictos que son ya patológicos. No olvidemos que la Administración y los poderes públicos deben resolver los problemas de convivencia y que estos, sólo cuando son una verdadera enfermedad social, deben tener su reflejo en el Código Penal PIDEN REFORMAS AL PARLAMENTO Los jueces consideran ilógica la indemnización de Dívar ABC MADRID Las principales asociaciones de jueces coinciden en reprobar y considerar un mal ejemplo que el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar pueda cobrar una indemnización de más de 208.000 euros después de renunciar al cargo, y creen que la ley no debería permitirlo. El portavoz de la Asociación Profe- sional de la Magistratura (APM) Pablo Llanera, cree que carece de toda lógica que una persona que ha renunciado al cargo obtenga un beneficio económico cuyo fin es reconpensar el ejercicio de una función de alta relevancia informa Efe. Lo mismo piensa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) Joaquim Bosch, que ve difícilmente comprensible para los ciudadanos que en un momento de sacrificio como este se abonen indemnizaciones de tan elevadas y desproporcionadas. Bosch tiene dudas jurídicas sobre la idoneidad de Dívar por su renuncia al cargo y, al igual que Llanera, se mostró partidario de que el Parlamento modifique este régimen indemnizatorio. Por su parte, Ángel Dolado, de Foro Judicial Independiente, ha reconocido que la indemnización para Dívar puede ser legal y ajustarse al reglamento pero también puede interpretarse como un mal ejemplo para el resto de los ciudadanos. La solicitud de Dívar será abordada por el CGPJ el lunes en un Pleno extraordinario.

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