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ABC MADRID 01-05-2012 página 22
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  • EdiciónABC, MADRID
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22 ESPAÑA MARTES, 1 DE MAYO DE 2012 abc. es españa ABC El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y la de Presupuestos, Marta Fernández Currás, diseñaron la Ley de Estabilidad Las autonomías envían sus planes de ajuste a Hacienda: Valencia, bajo la lupa BLa Moncloa confía en no tener que intervenir ninguna región pero avisa a las que no cumplan el objetivo de déficit de que no le temblará el pulso MONCHO VELOSO MADRID El Gobierno de Mariano Rajoy empieza aplicar su política del palo y la zanahoria con las autonomías. Moncloa ya dijo que no dejará quebrar a ninguna y les dio todo tipo de facilidades: un plan de pago a proveedores, un mayor plazo para devolver al Estado los anticipos a cuenta de 2008 y 2009 y un anticipo de la liquidación de 2010. Ahora saca la vara: como contrapartida a esas facilidades de liquidez, las regiones tenían de plazo hasta ayer para presentar al Ministerio de Hacienda un plan de ajustes creíble y riguroso con el que enderezar el estado de sus cuentas públicas y cumplir con el objetivo de déficit. Y lo hicieron bajo la amenaza ser intervenidas por el Gobierno central, que entonces impondría su propia receta. Y sin duda no serían medidas fáciles avisan fuentes del gabinete dirigido por Cristóbal Montoro. En todo caso, Hacienda confía en que no se tenga que llegar a ese extremo y cree que todas las regiones disponen de margen suficiente para cumplir con el objetivo de déficit fijado. Deben bajarlo en 2012 en unos 15.000 millones, del 2,9 al 1,5 del PIB. El Gobierno precisa que los ejecutivos regionales pueden acometer ajustes por un total de 20.000 millones. nómica de la región e imponer su propio plan de ajuste. Esa situación podría producirse incluso antes si la comunidad se niega a realizar el citado depósito: esto supone que el próximo mes de septiembre se podrían dar los primeros casos de intervención. O incluso antes: la norma permite que si una región se ve incapaz de cumplir con sus compromisos podrá pedir su tutelaje de forma voluntaria y en cualquier momento. Sin embargo, fuentes de Hacienda aseguran que por ahora ningún gobierno regional ha recurrido a esta posibilidad. Lo que sí han pedido todos ellos al ministro Montoro son recomendaciones sobre cómo llevar a cabo ese ajuste. Y Hacienda, además de animar a revisar el gasto educativo y sanitario, les habría impulsado a reducir el gasto en personal del sector público, bien por la vía de despidos bien por la vía de una reducción salarial. Las comunidades ya enviaron en marzo sus planes pero tuvieron que INCLUYE COMO INGRESO UNA PARTIDA INEXISTENTE Régimen sancionador La Ley de Estabilidad Presupuestaria, en vigor desde hoy, contempla que en caso de que una región no presente ese plan económico y financiero o lo incumpla, se le prohibirá endeudarse y se suspenderán convenios de colaboración con ella. En caso de no responder, la autonomía rebelde deberá hacer un depósito del 0,2 de su PIB en el Banco de España, que a los tres meses se convertirá en multa en caso de incumplimiento. Y si la autonomía sigue ignorando sus compromisos, Hacienda enviará en último término una delegación de técnicos para valorar la situación eco- La Generalitat mantiene el pulso a cuenta del Estatuto À. GUBERN BARCELONA Pese a corregir mucho y en la buena dirección según Hacienda, Cataluña sigue desafiando al Gobierno. El nuevo plan de ajuste presentado sigue contabilizando como ingreso una partida de 211 millones de euros que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro ya ha dejado claro al Ejecutivo de Artur Mas que no piensa abonar. De hecho, fue la inclusión de esa partida en el plan de ajuste anterior el motivo por el que éste fue devuelto a Cataluña, un choque contable, más bien político, que podría repetirse si no hay acuerdo antes. La fecha límite, la celebración del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 9. El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, insistió ayer en que la partida en cuestión- -que el Estatuto de Autonomía contempla, pero la sentencia del Tribunal Constitucional no consideró lue-

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