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ABC LUNES, 30 DE ABRIL DE 2012 abc. es opinion LA TERCERA 3 F U N DA D O E N 1 9 0 3 P O R D O N T O R C UAT O L U C A D E T E N A TRANSPARENCIA: LA HORA DE LA VERDAD POR EMILIO GUICHOT El momento es ahora y en esta ley; el riesgo, en caso contrario, es el de frustrar tras décadas de espera los objetivos de una ley por lo demás apreciable con un órgano endeble y carente de auténtica independencia y, por ende, de credibilidad conocer las posibles influencias y prevenir casos de corrupción. En el caso de la Administración General del Estado se prevé la centralización de toda la información en un Portal de la Transparencia, que incluirá también otra información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Les queda el reto a las comunidades autónomas y entidades locales de asumir este modelo, y a todos ellos de profundizarlo. Respectoala publicidadprevia solicituddelciudadano, laleyreconoce elderecho de accesoala información a todas las personas, sin necesidad de motivarla solicitud. Setrata deun derecho que tiene límites para la salvaguarda de otros bienes públicos y privados. El anteproyecto los aborda distinguiendo dos categorías de limitaciones, unas absolutas y otras relativas sometidas a ponderación. Enambos casosseechaenfalta unúltimoelemento de flexibilidad que permita conceder el acceso en casos de especial relevancia del conocimiento público de la información. Ha de acogerse muy positivamente la regulación de las relaciones entre transparencia y protección de datos, basada enla prevalenciade lareserva cuandoestánen juegodatos íntimos yde la publicidad cuandose trata de datos relacionados con la organización, el funcionamiento o el gasto públicos. En el resto de los casos, se prevé la ponderación entre los derechos afectados. Igualmente acertadas son la previsión de la motivación voluntaria de la solicitud y la de un breve plazo para que los terceros afectados, si loshay, puedanhacer alegaciones, lo quecontribuye a una mejor ponderación. En cuanto al procedimiento, se opta por un plazo de un mes, que se mueve dentro de lo razonable. En caso de no resolución, se establece la desestimación de la solicitud, lo que ya ha cosechado algunas críticas absolutamente inmerecidas, ya que es lo único razonable y la solución unánime en las leyes de los demás países ¿acaso estaríamos dispuestos a que se conociera por el mero transcurso del plazo para resolver nuestro historial clínico o el operativo de la Guardia Civil ante una inminente operación contra la delincuencia organizada? Cosa distinta es que ante el silencio quepa recurrir (que para eso existe esa ficción jurídica, para no abocar a una espera sin límite) y exigir responsabilidad política y disciplinaria. Tan importante como esta trama jurídica es el establecimiento de mecanismos organizativos que garanticen la eficacia del derecho: una buena regulación y práctica de la gestión de la información, formación de las autoridades y funcionarios competentes, guías ciudadanas que permitan a los ciudadanos el entendimiento del alcance del derecho, etcétera. Para la Administración General delEstado, elanteproyectocreaUnidadesdeInformación, dejando al resto de administraciones libertad organizativa. E L Gobierno presentó el 23 de marzo el anteproyecto de Ley de Transparencia. Ha tenido que darse la tormenta perfecta (crisis política, institucional, financiera, escándalos de corrupción, activismo de grupos sociales, periodistas, académicos, ONG... para que los partidos políticos hayan incorporado la transparencia a su agenda de forma decidida. Parece llegada la hora de la verdad en materia de transparencia. ElGobiernohatenido lafeliz iniciativade someterloa consultapública (www. leydetransparencia. gob. es) En ese mismo espíritu de análisis y propuesta, haré un balancebasado en la comparación de experiencias mundiales (es la ventaja de llegar de los últimos) Estamos en un momento en que el esfuerzo de todos puede llevarnos acrear el marco jurídicoidóneo. Desdeluego, no basta una leypara crearunaculturade latransparencia yparaerradicar la corrupción, pero es un primer paso esencial. Unaleydelsiglo XXItiene queprever ladivulgación en internet de toda aquella información que permita a los ciudadanos participar, controlar y con ello contribuir a una mejor gestión pública. Buena parte de esta información ya es objeto de publicidad oficial; se trata, ahora, de ampliar las materiasyel alcancede dichainformación, centralizarla yponerla en formatos que permitan su fácil localización. El anteproyecto va en la buena dirección. Establece un criterio general de publicación periódicayactualizadadelainformación másrelevante, pero además añade un listado de información que en todo caso debe ser divulgada, que incluye información institucional, organizativa y de planificación; información de relevancia jurídica (con la importante novedad de publicación de los anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos- -en este caso, con una limitaciónrespecto aque la publicación se haga una vez emitidos los dictámenes preceptivos de órganos consultivos, que puede hacer la publicación solo testimonial- -y de las memorias u otros documentos para su elaboración) yun listadodeactosdegestiónadministrativa con repercusión económica y presupuestaria: contratos, convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, retribuciones y actividades privadas de directivos públicos o estadística, respecto de los que se prevé la publicidad detallada y actualizada. Es destacable, sin embargo, la omisión de la información sobre la agenda de los responsables políticos, que resulta fundamental para F inalmente, una de las grandes claves que marcará el éxito o el fracaso de la ley será la existencia de una institución independienteque haga pedagogía dela transparencia y dé una respuesta gratuita, rápida y eficazalasreclamaciones delosciudadanos. Laexperiencia comparada demuestra su necesidad, la ineficacia de confiar exclusivamente esta tarea a los órganos judiciales y la existencia de dos modelos principales: una institución dedicada solo a la transparencia o la unificación de las competencias sobre transparencia y protección de datos en una institución única; y la segunda cuenta con la ventaja de facilitar una interpretación uniforme de ambos bloques normativos, pero con el riesgo de conducir a una prevalencia de la privacidad, en elcaso de quela instituciónhayanacidocon esalógica inicial, como sería nuestro caso. El Gobierno ha optado por la primera solución, si bien debe de haber estimado improcedente crear un nuevo organismo, en tiempos derecortes ysupresión deorganismos, por lo que ha atribuido esta función a una agencia ya existente, ahora renombrada como Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios. El problema estriba en que en su configuración actual esta institución no reúne los requisitos de independencianecesarios, pues, por mucho que la designación gubernamental de su presidente sea susceptiblede vetopormayoríaabsoluta enelCongreso, puede ser destituido libremente por el Gobierno, y su órgano de gobierno es un Consejo rector de representación ministerial mayoritaria. Con esta configuración, España se situaría fuera delmodelo deautoridadesindependientes. Ciertamente, el anteproyecto prevéla modificación futura por el Gobierno del Estatuto de la Agencia, pero solopara adaptarloasusnuevas funciones. Enrealidad, habría que refundarla, y hacerlo mediante ley para evitar precisamente que el Gobierno pueda modificar dicha regulación. Otorgarle, de esta forma, el mismo rango que a la Agencia de Protección de Datos, con la que deberá entenderse y en nopocasocasionescolisionar. Elmomento esahora y en esta ley; el riesgo, en caso contrario, es el de frustrar tras décadas de espera los objetivos de una ley por lo demás apreciable con un órgano endeble y carente de auténtica independencia y, por ende, de credibilidad. EMILIO GUICHOT PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y EXPERTO EN DERECHO DE LA INFORMACIÓN