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ABC MADRID 21-04-2012 página 28
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28 ESPAÑA SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2012 abc. es españa ABC Un exconsejero asegura que Chaves y Griñán conocían los ERE BFernández admite que no había control y que bastaba con que lo supieran los sindicatos MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA El caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados discrecionalmente por la Junta de Andalucía dió ayer un giro político de notable importancia cuando Antonio Fernández, ex consejero de Empleo con los dos últimos presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, admitió que su gestión era conocida al más alto nivel, en el consejo de Gobierno. Fernández compareció ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha imputado al ex titular de Empleo cuatro delitos continuados- -negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación- -y otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento público. Alaya señala a Fernández como ideólogo del convenio firmado en 2001 por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para canalizar las ayudas y considera que todas las concedidas son nulas de pleno derecho por vulneración del artículo 39 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, al carecer de cobertura presupuestaria. bro del Gobierno andaluz que ha sido imputado en el caso de los ERE fraudulentos. Por las imputaciones de la juez se deduce que lo considera responsable en ámbitos muy distintos. Como ideólogo del modelo (porque fue el autor del convenio marco) por ser beneficiario del mismo (al incluirse en el ERE de González Byass) y también por haber sido responsable del uso abusivo que se hizo del dinero público, además de beneficiar a una trama de 17 empresas de Jerez, su localidad natal. Asimismo, también en la acusación que Alaya hizo al exconsejero de haber comunicado al Consejo de Gobierno al menos tres ayudas irregulares de las que investiga, las de las empresas Promi, Acyco y Santana. Padre del fraude Alaya considera a Fernández uno de los padres del sistema investigado, ya que en 2001, siendo viceconsejero de Empleo, participó en la elaboración del convenio marco que modificó el modelo. Sobre este tema Fernández admitió que ese sistema fue al Consejo de Gobierno y que incluso hubo que desviar una partida de 13.000 millones de las antiguas pesetas de Empleo al IFA para ello. Us- ted fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público le recriminó ayer la juez, que también le acusó de haber demostrado una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia Sin embargo Fernández, que incurrió en numerosas contradicciones en su testimonio, se defendió asegurando que todo el sistema era y es legal pese a que la juez lo considera nulo de pleno derecho Fernández incluso admitió que no se hicieron consultas a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía o que no le consta la intervención del bufete de Garrigues. El exconsejero defendió la legalidad de un sistema que, según dijo, permitía mayor globalidad a los objetivos del Gobierno para dar una triple ayuda: a los trabajadores, a empresas en crisis y a diversos territorios de Andalucia. Sin informes El interrogatorio, en el que Fernández tuvo que secarse el sudor en varias ocasiones, alcanzó su punto álgido cuando el exconsejero admitió que había un vacío reglamentario y que muchas de las ayudas sociolaborales se daban simplemente porque lo conocían los sindicatos y los empresarios. Era suficiente con que lo supieran los sindicatos dijo el exconsejero, quien también admitió que muchas de estas ayudas se daban sin publicidad y eran discrecionales, aunque no absolutamente discrecionales Sobre los requisitos que pedía la Junta para conceder estas ayudas, Antonio Fernández tuvo que admitir que, en algunos casos bastaba con que dieran nombre y apellido y solicitud así como la zona (para conocer el nivel de paro de la comarca) En otros casos era suficiente con que tuvieran más de 55 años los solicitantes. Sin embargo, en este punto fue interrum- Gran tensión Durante la larga declaración de ayer, que se prolongó hasta la noche y en la que hubo momentos de gran tensión por las contradicciones del imputado y la contundencia de Alaya en el interrogatorio, la juez dejó muy clara la responsabilidad del primer exmiem- Legalidad El extitular de Empleo defendió el sistema de ayudas y señaló ante la juez Alaya que era y es legal Descontrol Explicó que no había control de las ayudas y que las fiscalizaciones sólo se hacían a posteriori pido por la juez, que le recordó que algunos de los que se beneficiaron de esas cantidades o algunos intrusos no tenían esa edad. Yo no lo sabía se defendió Antonio Fernández. El exconsejero también tuvo que admitir que no había control y que las fiscalizaciones se hacían de forma posterior. Y cuando fue preguntado por el aumento de algunas partidas, aseguró que, a veces hubo descompensaciones y había que hacer modificaciones presupuestarias Fernández confesó ayer a la juez Alaya que ya no milita en el PSOE porque ha dejado de pagar las cuotas hace tres meses. ACUERDO DE LEGISLATURA Aborto y ley de transexuales, en el programa de PSOE e IU ANTONIO R. VEGA SEVILLA Diego Valderas EFE El acuerdo programático pactado por PSOE e IU de cara a un hipotético Gobierno andaluz de coalición acude a algunos lugares comunes del discurso izquierdista como son la memoria histórica, la defensa del aborto y, como novedad, una Ley de Transexualidad Éstas son, junto a otras 26 iniciativas legislativas, prioridades en la agenda marcada en rojo -más roja que nunca- -del nuevo Ejecutivo que presidirá José Antonio Griñán, plasmadas en un documento de 75 folios pendiente de que las bases de IU lo voten. De la llamada Ley de Transexualidad apenas se esboza su enunciado. Fuentes de IU aclaran que se reconocerán los derechos de este colectivo dándoles rango de ley. El aborto sí aparece de modo más explícito en el texto. Poniendo la tirita antes de la herida que pueda abrir la reforma de la ley de Zapatero anun- ciada por el ministro Alberto Ruiz- Gallardón, IU y PSOE garantizan la práctica de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza El pacto también agita los fantasmas de la Guerra Civil: Aprobaremos la Ley de Memoria Democrática para Andalucía bajo los principios de verdad, justicia y reparación en el marco competencial autonómico Entre tanto, en contra de la consigna de la dirección, surgen nuevas voces críticas al pacto. Sebastián Martín Recio, miembro del sector crítico de la cúpula regional de IU, defendió ayer el no en un manifiesto enviado a las bases donde aboga por que IU dé un apoyo condicionado a la investidura de Griñán y luego pase a la oposición

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