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26 ESPAÑA MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO DE 2012 abc. es españa ABC Discrepancias en el Gobierno sobre la legalidad del matrimonio homosexual BGallardón dice que no vulnera la Carta Magna y Fernández le replica que, de ser así, el PP no habría recurrido NIEVES COLLI MADRID El ministro de Justicia, Alberto RuizGallardón, afirmó ayer en una entrevista en la Cadena Ser que el matrimonio entre personas del mismo sexo no vulnera la Constitución. Sus palabras fueron rápidamente corregidas por su compañero de Gabinete, Jorge Fernández Díaz, titular de Interior, quien aseguró que si en 2005 el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley que permite a los homosexuales contraer matrimonio es porque tenía, y tiene, el firme convencimiento de que es contraria a la Carta Magna. La polémica saltó a primera hora de la mañana cuando Gallardón aseguró que, según su criterio personal, no existe causa de inconstitucionalidad Puntualizó que es el TC quien debe pronunciarse sobre este asunto y que, en cualquier caso, el Gobierno estará a lo que diga la sentencia. Unas horas después, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación tras su encuentro con los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el ministro de Justicia negaba tajante que se vaya a retirar el recurso e insistía en la idea de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy está a la espera del pronunciamiento del TC. Y hasta ese momento, en su caso, no tocará la ley. para arremeter contra Gallardón. La portavoz en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, le acusó de practicar el engaño y la hipocresía y le exigió que retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra la ley. Es muy paradógico y un verdadero ejercicio de hipocresía que el ministro de Justicia diga que no aprecia indicios de inconstitucionalidad y que su partido, sin embargo, mantenga un recurso en el Tribunal Constitucional dijo Montón, para quien o es una contradicción o se trata simplemente de un nuevo engaño del PP Acercamiento de los etarras Los ministros de Interior y Justicia tuvieron ayer otro roce a cuenta de la política penitenciaria del Ejecutivo. Gallardón aseguró que el Gobierno ni siquiera se plantea estudiar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Fernández puntualizó sus palabras, según informa Ep. El titular de Interior aseguró que había hablado con su compañero y que no había querido decir eso. A renglón seguido, explicó que la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior y que lo que nos planteamos es la reinserción individualizada de los presos y que se acojan a lo que establece la ley: arrepentirse de su pasado, pedir perdón y pagar las indemnizaciones. En definitiva, la denominada vía Nanclares Gallardón se reunió ayer con los miembros del CGPJ en su primera visita institucional al órgano de gobierno de los jueces. Expuso las líneas generales de su programa y escuchó las sugerencias de los vocales sobre las reformas más urgentes que necesita la Administración de Justicia. Jorge Fernández Alberto Ruiz- Gallardón EFE Vulnera 7 preceptos de la Constitución En su recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado el 30 de septiembre de 2005, el PP señalaba que la ley que regula la unión entre personas del mismo sexo vulnera siete preceptos de la Constitución, siendo el más importante el artículo 32, que prevé el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio. La reforma del Código Civil en esta materia no respeta la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer señalaba el recurso. La demanda, añadía, no se planteó porque la reforma ampliara los derechos de los homosexuales, sino porque se desvirtuó una institución social universalmente recognoscible El PP acusaba al Gobierno de haber promovido de manera fraudulenta- -mediante la simple adición de dos líneas al Código Civil- -una reforma de la Constitución que altera todo un conjunto normativo construido durante siglos alrededor de la institución del matrimonio. El recurso reprochaba al entonces presidente Zapatero que hubiera desdeñado un debate social profundo para alcanzar un consenso político y social Por coherencia Es la primera vez que Ruiz- Gallardón defiende la constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales desde las filas del Gobierno, como ministro de Justicia. Pero no es la primera vez que expresa públicamente esta opinión, pues ya lo hizo siendo alcalde de Madrid, cargo que incluso le permitió oficiar alguna boda entre personas del mismo sexo. Conocida o no, su coherencia y sinceridad le ha costado a Gallardón la primera reconvención por parte de otro miembro del Gobierno. Fue el ministro del Interior el encargado de contestarle públicamente. Lo hizo desde los pasillos del Senado: Hombre, si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos planteado enmienda a la totalidad y no hubiéramos presentado recurso de inconstitucionalidad aseguró Fernández. El PSOE aprovechó la ocasión FERNÁNDEZ DÍAZ, EN EL SENADO: LOS CIE SON NECESARIOS Interior quiere expulsar a los inmigrantes delincuentes C. MORCILLO MADRID Carteristas, personas que cometen hurtos, pequeños delincuentes que además sean extranjeros. Ese es el objetivo que se ha fijado el Gobierno para expulsarlos de España. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, delimitó ayer en el Senado que la pretensión es mandar a sus países a inmigrantes que delincan de forma reincidente y recordó que el PP llevaba esta iniciativa en su programa electoral. Fernández aclaró que estas eventuales expulsiones se abordarán en colaboración con Justicia en el marco de las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para luchar contra la multirrienciencia La expulsión es una posibilidad que efectivamente, contemplamos señaló el titular de Interior, quien concretó que mientras un español tiene que ir a la cárcel el extranjero tiene que ir fuera de España, porque en el país no tienen cabida las personas que vienen a hacer del deli- to su forma de vida informa Efe. La expulsión ya está recogida en el Código Penal en caso de penas inferiores a seis años como sustitución de la condena, salvo que el juez determine que el extranjero debe cumplir en una cárcel española. El año pasado se expulsó a 9.114 extranjeros con estas características. Sin embargo, no existe en la actualidad un mecanismo similar que se aplique para combatir la llamada pequeña delincuencia cometida por ciudadanos extranjeros, ya que muchos de ellos ni siquiera llegan a ser juzgados. Previsiblemente, la reforma se enfocará en este sentido. El ministro explicó además que se va a poner en marcha formación específica para los policías que trabajan en los Centros de Internamiento de Extranjeros e insistió en que los CIE son necesarios