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4 EDITORIALES PRESIDENTA- EDITORA: VIERNES, 6 DE ENERO DE 2012 abc. es opinion ABC CATALINA LUCA DE TENA Director Bieito Rubido Ramonde Director adjunto: Luis Ventoso Subdirectores: José Ramón Alonso Manuel Erice Mayte Alcaraz Olalla Cernuda Adjuntos al Director: Ramón Pérez- Maura Alfonso Armada Montserrat Lluis ABC Cultural: Fernando R. Lafuente Áreas: Sergio Guijarro (Información) Jaime González (Opinión) Manuel Marín (España) Alberto Sotillo (Internacional) Ana Isabel Sánchez (Economía) Adolfo Garrido (Madrid) Nuria Ramírez (Sociedad) Jesús G. Calero (Cultura y Espect. David Álvarez (Deportes) Sebastián Basco (Cierre) Jesús Aycart (Diseño e Infografía) Matías Nieto König (Fotografía) Alexis Rodríguez (Suplementos) Laura Revuelta (ABC Cultural) María Jesús Pérez (Empresa) Fernando Rojo (Fin de semana) Archivo: Federico Ayala Delegaciones: Alfredo Aycart (Galicia) Isaac Blasco (C. Valenciana) María Jesús Cañizares (Cataluña) Antonio González (C. -La Mancha) José Luis Martín (Castilla y León) Roberto Pérez (Aragón) Bernardo Sagastume (Canarias) Directora General Ana Delgado Galán Gerente Javier Caballero Control de Gestión José Antonio Ansede Área de Márketing José María de la Guía Área de Publicidad Eduardo Real Área Técnica José Cañizares Área de Recursos Humanos Raquel Herrera LA FACTURA AUTONÓMICA El Gobierno estudia presentar una ley que le atribuya el visto bueno previo a los presupuestos autonómicos E Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid. Publicidad 902 334 556 Suscripciones 901 334 554 Att. al cliente 902 334 555 L Consejo de Ministros dedicó su sesión de ayer a recibir informes de diversos departamentos sobre la situación de sus áreas de competencia. Aunque no se adoptaron nuevas medidas de carácter económico, los informes presentados al Consejo de Ministros marcan las pautas de futuras decisiones. Por ejemplo, el Gobierno abordará el problema del fraude fiscal, con medidas como la limitación del pago en efectivo, para desvelar la economía sumergida. También adelgazará el entramado de entidades y sociedades públicas, hasta completar la supresión de 514 entidades, según lo que se previó en 2010, y de lo que únicamente se ha dado cumplimiento en poco más del 13 por ciento. Este foco de enchufismo, amiguismo y opacidad presupuestaria debe ser taponado cuanto antes. Muchas de esas entidades se encuadran en las comunidades autónomas, por lo que corresponderá a estas su eliminación, si bien parece evidente que el Gobierno lo supervisará, porque se ha tomado en serio el control del gasto autonómico. Así lo dio a entender el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha manifestado que el Gobierno estudia presentar una ley que le atribuya el visto bueno previo a los presupuestos autonómicos. Los gobiernos vasco y catalán ya han expresado su oposición, pero el déficit público autonómico es una factura que paga el conjunto de España y lastra su solvencia ante los mercados y los socios europeos, que no reparan en distinguir quién causa el déficit español. Los particularismos fiscales lo tienen cada día más difícil por la evolución de los acontecimientos, que lleva a la convergencia europea y a la transferencia de soberanía a las instituciones comunitarias. Además, el artículo 135 de la Constitución, reformado de común acuerdo por PP y PSOE en la anterior legislatura, fija el rumbo a una armonización de competencias autonómicas bajo directrices estatales, si realmente el objetivo de dicha reforma, que ha de ser desarrollada por ley, es la estabilidad presupuestaria. Los nacionalistas han comprendido que las soluciones a esta crisis, como tantas otras exigencias de las sociedades modernas, se mueven en sentido contrario a sus pretensiones segregacionistas. Precio ABC 1,20 euros Diario ABC, S. L. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 35.072 D. L. I: M- 13- 58 Apartado de Correos 43, Madrid MÁS DÉFICIT OCULTO... ENTRE BLINDAJES INTOLERABLES L ÍNDICE La Tercera 3 Editoriales 4 Enfoque 5 Opinión 14 Cartas 16 España 18 Internacional 31 Economía 34 ABC Ocio 37 Madrid 62 Sociedad 70 Cultura 72 Agenda Esq. 74 Cartelera 77 Deportes 84 El Tiempo 91 Gente 92 TV 93 A vicepresidenta del Gobierno habló ayer alto y claro sobre la ocultación del déficit público por parte de los anteriores responsables políticos durante el traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo. Según Soraya Sáenz de Santamaría, ahora resulta que la Seguridad Social acabó el año con un déficit del 0,06 por ciento, cuando estaba previsto un superávit del 0,4. Resultado: la desviación cuesta otros 668 millones. Es importante que el Gobierno explique a la opinión pública las razones que obligan a tomar medidas económicas excepcionales. Una vez más se pone de manifiesto la falta de rigor del anterior equipo económico, junto con indicios de una actitud menos ejemplar de lo que parecía a la hora de aportar información a los nuevos responsables. Todo ello conlleva una grave responsabilidad porque induce a error sobre un dato de máxima relevancia. A partir de ahora, los ciudadanos ya saben a qué atenerse a la hora de valorar la actuación de unos y de otros. T AMBIÉN manifestó ayer la vicepresidenta que el ministro de Economía va a requerir al Banco de España para que informe sobre la retribución de los directivos de entidades financieras, en especial de las que han sido intervenidas y las que han recibido ayudas públicas. El objetivo es impedir que se premie, a veces con cantidades escandalosas, a los gestores que consiguieron blindar sus contratos con independencia de los resultados obtenidos. Esta medida apunta en la dirección correcta, porque la opinión pública muestra lógicamente su rechazo ante noticias sobre indemnizaciones millonarias que benefician a directivos ineptos. A su vez, el Banco de España es responsable por omisión, dada su notoria pasividad a la hora de investigar y denunciar estas conductas, buena prueba de que la entidad que dirige Fernández Ordóñez ha preferido mirar para otro lado. A la vista de las circunstancias, es necesaria una reforma legislativa, así como la exigencia de responsabilidades.