ABC MADRID 26-07-2010 página 19

ABC LUNES, 26 DE JULIO DE 2010 abc. es nacional ESPAÑA 19 cialistas, temen no poder aplicar la ley y, como en el caso andaluz, pretenden controlar a los profesionales a las bravas. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía acaba de avisar al Consejo de Colegios Médicos de Andalucía de que el registro de objetores que está elaborando, y al que se han sumado mayoritariamente los facultativos de la comunidad, carece de validez Esta postura es, para la Asociación nacional de Objetores de Conciencia (Andoc) una demostración más del empeño de la administración de maniatar los derechos fundamentales, de erigirse en intérpretes únicos de la ley y de tratar de someter a los médicos a sus particulares intereses. Olvidan que, presionando a los médicos, lo único que van a conseguir es acabar perjudicando la atención sanitaria y a los propios pacientes Andoc recuerda que la ley nada dice sobre registros de objetores: ni oficiales ni no oficiales: sólo indica que los profesionales sanitarios objetores deben declarar su intención anticipadamente y por escrito. Tampoco circunscribe qué profesionales están o no directamente implicados. Cualquiera de esos aspectos, sólo podrían regularse por ley, porque al ser la objeción de conciencia un derecho fundamental, cualquier desarrrollo está sometido al principio de reserva de ley y respetar escrupulosamente la jurisprudencia constitucional Para la Organización Médico Colegial (OMC) lo ideal sería que de una vez por todas se desarrollara una ley de objeción de conciencia, vieja reivindicación del colectivo. Mientras eso ocurre propone la solución de los registros privados en el ámbito de los colegios. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, asegura que con ese sistema se garantizaría la confidencialidad del objetor y respaldaría a los facultativos que sean denunciados, acreditando su inscripción previa al registro colegial Los consejos de cada colegio, para evitar las falsas objeciones estudiarían cada caso pormenorizadamente En caso de dudas, la OMC sería quien decidiera si la objeción es válida o no. Sendín insta a que la cláusula de conciencia se desarrolle de forma general: Queremos que este asunto se aclare. Hay que regular las formas y condiciones de hacerlo no sólo en el aborto, sino a todos los niveles: alimentar a una persona en huelga de hambre, facilitar información del paciente a la Policía, etc. Los profesionales sanitarios acusan a las autoridades de querer maniatar sus derechos fundamentales La objeción no está lista I. M. PRADA D. PÉREZ MADRID La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios se está convirtiendo en la gran laguna de la chapucera ley del aborto. La reforma Aído apenas menciona de refilón el derecho a objetar de los profesionales sanitarios directamente implicados Se limita a los que actúan en los quirófanos. Nada dice de médicos de atención primaria sobre los que está recayendo toda la responsabilidad del primer contacto con las mujeres que desean abortar o de auxiliares. Los médicos pretenden cubrir ese agujero creando registros en sus colegios provinciales, pero esta vía va muy despacio. No existe un consenso claro. Por ejemplo, en estos momentos solo los ocho colegios provinciales de Andalucía, el de Madrid y Zaragoza han abierto un registro colegial, un porcentaje bajísimo para el total de colegios que existe en España (uno por provincia) La Junta de Castilla- La Mancha se ha decantado por un listado de objetores autonómico. Y el vicepresidente del Colegio Provincial de Barcelona, Jaume Padrós, promueve que sean los centros sanitarios quienes elaboren esos listados. Nadie tiene claro el camino y todos se observan con recelo. Los médicos sospechan de que las comunidades elaboren listas negras de objetores. Las administraciones, sobre todo las so- Recelo generalizado Miedo a represalias Los médicos quieren que los registros de objetores no sean elaborados por la Administración, para evitar listas negras