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ABC MADRID 24-07-2010 página 42
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42 ECONOMÍA SÁBADO, 24 DE JULIO DE 2010 abc. es economia ABC La cara factura de parar obras públicas BLos contratistas percibirán el 10 del coste de la obra como indemnización ANA FERNÁNDEZ MADRID Gastos adicionales a cargo de los recortes B 6 del valor económico del tramo de obra por ejecutar que el Gobierno tendrá que abonar al contratista como indemnización Mientras el Ministerio de Fomento lidia con las críticas de los dirigentes regionales afectados por sus recortes en infraestructuras, los contratistas encargados de realizar las obras recuerdan al ministro José Blanco que también tiene que hacer frente a las indemnizaciones por daños y perjuicios que establece la Ley de Contratos del Estado. La norma 30 2007 de 30 de octubre recoge que, en caso de que la Administración suspenda sus acuerdos contractuales con empresas privadas, tendrá que abonar el importe equivalente al 6 de los tramos de obra que quedan por hacer en concepto de lucro cesante. Un aspecto que protege a los contratistas en caso de que alguna administración pública suspenda un contrato durante más de ocho meses. Aunque no es el único pago al que tendrá que hacer frente el Ejecutivo y, por tanto, los ciudadanos españoles. La Ley de Contratos también especifica que el Estado tiene que reparar la inversión que la empresa adjudicataria realizó en el material necesario para efectuar los trabajos (materiales que se compran al por mayor para abaratar los costes y que quedan sobrantes en caso de que se suspendan los obras) Otra reparación que queda a cargo de la Administración Pública son los acuerdos económicos que los contratistas firmaron con las compañías subcontratadas por un periodo de tiempo establecido y que puede que no llegue a completarse (una posibilidad que se registra también en dicha ley) En total, cada obra paralizada costará el Estado alrededor del 10 de su importe presupuestado, según fuentes del sector A estas indemnizaciones hay que sumar que, cada año sin inversión en carreteras, supone una pérdida de 900 millones en el valor de las infraestructuras. Además cada euro que deja de B Un sector afectado La AEC se queja del recorte impuesto a un sector que genera el 5,9 del PIB y transporta 1,7 millones de toneladas de mercancías cada año. Los controladores acusan al ministro Blanco de haber impulsado una medida política y empresarial ERNESTO AGUDO B 30.000 puestos de trabajo se llevará por delante el tijeretazo de Fomento este otoño y 100.000 empleos en los dos próximos años El control aéreo empezará a privatizarse en octubre R. J. JIMÉNEZ MADRID Ajustes directos al bolsillo invertirse en la conservación de la red se transforma en cinco para su conservación posterior y 25 euros en su futura reconstrucción. La Asociación Española de la Carretera (AEC) denunció este gasto obligado como protesta ante un plan de recortes que les afecta directamente. La AEC se quejó además del agravio comparativo que ha supuesto el ajuste en carreteras frente al de la red ferroviaria. La organización señaló que las calzadas transportan al año 1,7 millones de toneladas de mercancías, el 90 de pasajeros y da actividad a un sector que supone el 5,9 del PIB. Las protestas no parecen afectar al Ejecutivo. El Gobierno es muy consciente de las repercusiones que tiene de manera inmediata este ajuste aseguró ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pero la revisión de la política del Ejecutivo socialista se ciñe a criterios de eficiencia, competitividad y racionalidad que nada tienen que ver con la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, tal y como aseguran las patronales y los sindicatos del sector, remachó. Tal y como adelantó el pasado jueves el titular de Fomento, José Blanco, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que liberaliza la prestación de los servicios de navegación área. El principal efecto de esta norma es que abre la puerta a la entrada de empresas privadas extranjeras en el sector del control del tránsito aéreo, acabando con el histórico monopolio de Aena, previsiblemente a comienzos del próximo año. En principio, se prevé que estos operadores privados presten servicio en los aeropuertos con reducido tráfico aéreo que no cuenten con el sistema de aproximación AFIS, cifra que podría rondar la veintena. El decreto, que desarrolla la ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo aprobada el pasado mes de abril, establece el procedimiento específico que deberán seguir los proveedores de servicios de navegación aérea para obtener la certificación que les habilite para desempeñar sus actividades en España, si bien la normativa comunitaria establece que cualquier operador certificado por un estado puede prestar sus servicios en cualquier país de la UE. Según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, esta norma, que abre la posibilidad a los nuevos proveedores de los servicios de navegación en los aeropuertos españoles no es más que un reglamento muy técnico que establece el procedimiento para la obtención, renovación y modificación de los certificados necesarios para desarrollar el trabajo de proveedor de los servicios civiles de tráfico aéreo. Dicho procedimiento, de acuerdo con las previsiones de Fomento, podría iniciarse el próximo mes de octubre, de forma que las empresas que resulten acreditadas y seleccionadas en el correspondiente concurso público puedan comenzar a prestar sus servicios antes de final de año. Para los controladores aéreos, la aprobación de este decreto es una medida política y empresarial dirigida a privatizar las torres y los centros de control de los aeropuertos Según Daniel Zamit, portavoz del USCA, sindicato que agrupa a la mayoría de los controladores aéreos, se debería haber buscado más personal de aquí a través de Aena, en lugar de abrir los aeropuertos a otros proveedores de servicios diferentes.

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