ABC MADRID 23-07-2010 página 31

ABC VIERNES, 23 DE JULIO DE 2010 abc. es internacional INTERNACIONAL 31 Arranca la batalla judicial contra la ley migratoria de Arizona BUna juez federal escucha las peticiones de bloqueo planteadas por la Casa Blanca PEDRO RODRÍGUEZ CORRESPONSAL EN WASHINGTON La sede de los tribunales federales en la ciudad de Phoenix se convirtió ayer en epicentro del conflicto planteado por la polémica ley de Arizona contra los sin papeles La magistrada Susan Bolton tuvo oportunidad de escuchar los argumentos planteados tanto por activistas como por la Administración Obama contra la legislación que asigna a las fuerzas policiales estatales y locales la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe sospecha razonable de que pueda encontrarse ilegalmente en EE. UU. En el arranque de la batalla judicial planteada en torno a la ley SB 1070 también han participado los letrados enviados por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para defender la iniciativa promulgada el pasado mes de abril como respuesta a la violencia y onerosas cargas presupuestarias vinculadas a la falta de control en la frontera con México. Aunque la legislación tiene previsto su entrada en vigor para el próximo jueves 29 de julio, la juez Bolton- nominada por el presidente Clinton hace diez años- ya ha dejado saber que no tiene obligación de pronunciarse antes de esa fecha. La ley de Arizona, que cuenta con un significativo respaldo entre votantes americanos, ha elevado a primera fila del debate político en EE. UU. sobre la necesidad de una reforma de inmigración y el debate sobre qué hacer con los once millones de sin papeles acumulados desde la última gran amnistía concedida en los ochenta. Además de provocar intensas protestas, campañas de boicot económico y hasta el éxodo Jan Brewer, gobernadora de Arizona, en la Casa Blanca en junio. AP de algunos indocumentados por miedo a las consecuencias. En total, la iniciativa de Arizona se enfrenta a múltiples solicitudes de suspensión cautelar y siete querellas entabladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, diversos activistas, dos oficiales de Policía local y un grupo de clérigos hispanos. Todos estos retos judiciales insisten en que la SB- 1070 vulnera derechos fundamentales, usurpa funciones que no le corresponden y es una excusa perfecta para abusos de discriminación racial por parte de los 15.000 agentes de la autoridad encargados de su aplicación. Dentro del sistema federal de Estados Unidos, la Administración Obama considera que la ley de de Arizona atenta contra la cláusula constitucional que fija la supremacía de las leyes de Washington al interferir con prerrogativas y competencias que corresponden a la Casa Blanca. Según los argumentos del Departamento de Justicia, la regulación de los flujos de inmigración es una competencia exclusiva del gobierno federal.