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ABC MADRID 22-07-2010 página 4
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ABC MADRID 22-07-2010 página 4

  • EdiciónABC, MADRID
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4 EDITORIALES PRESIDENTA- EDITORA: JUEVES, 22 DE JULIO DE 2010 abc. es opinion ABC CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS Fernando Berridi Gerente Javier Caballero Adjunto al Director General José Antonio Navas Control de Gestión Óscar Corchón Área de Márketing José María de la Guía Área de Publicidad Adolfo Pastor Área Técnica José Cañizares Área de Recursos Humanos Raquel Herrera Director General Ángel Expósito Mora Directora Adjunta Ana I. Pereda Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, José Ramón Alonso, Manuel Erice y Borja Bergareche Adjunto al Director (Opinión) Ramón Pérez- Maura Áreas: Vicente Ángel Pérez (Continuidad) Sergio Guijarro (Información) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jaime González (Opinión) Álvaro Martínez (España) Sebastián Basco (Internacional) Ana Isabel Sánchez (Economía) Adolfo Garrido (Madrid) Francisco Álvarez (Sociedad) Jesús García Calero (Cultura y Espectáculos) Gabriel Muñoz (Deportes) Jesús Aycart (Diseño e Infografía) y Alexis Rodríguez (Suplementos) Delegados: Pablo Planas (Cataluña) Alfredo Aycart (Galicia) Isaac Blasco (C. Valenciana) Antonio González (Castilla- La Mancha) José Luis Martín (Castilla y León) y Roberto Pérez (Aragón) Director ZAPATERO Y SUS PROMESAS El Gobierno no parece haber aprendido que el método de prometer lo que no se puede dar pone en riesgo las instituciones y crea confrontaciones innecesarias Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid. L Publicidad 902 334 556 Suscripciones 901 334 554 Att. al cliente 902 334 555 Precio ABC 1,20 euros Pantalla (venta opcional) 0,30 A reunión que ayer mantuvieron Rodríguez Zapatero y Montilla sobre el Estatuto de Cataluña se saldó con una escenificación de mensajes equívocos y promesas vacías que recuerdan el proceso previo a la aprobación del texto estatutario. Esta vez, Zapatero ha cambiado a Artur Mas por Montilla, pero las promesas de desarrollar el autogobierno catalán y de modificar leyes estatales para compensar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional se parecen mucho a los compromisos que el presidente del Gobierno asumió con el líder nacionalista para sacar el Estatuto adelante, con el resultado ya conocido. Zapatero quiere ganar tiempo, calmar las aguas y entretener a los partidos catalanes con medias palabras y ofertas inanes. Sin embargo, el Gobierno no parece haber aprendido que este método de prometer lo que no se puede dar pone en riesgo las instituciones y crea confrontacio- nes innecesarias. Las declaraciones oficiales de Montilla y la vicepresidenta De la Vega al término de la reunión expresan un voluntarismo inverosímil en políticos con responsabilidad de gobierno. Su diagnóstico de la situación creada tras la sentencia del TC es un cúmulo de falseamientos de lo que este órgano ha declarado y de las posibilidades reales que ambos gobiernos tienen para dejar sin efecto las interpretaciones y juicios de inconstitucionalidad del alto tribunal sobre el Estatuto. No es un problema de voluntad política el que tienen Zapatero y Montilla con lo que ellos llaman desarrollo del Estatuto sino de puro y simple respeto a la Constitución y a la sentencia del TC. Creer que un pacto político es suficiente para convertir en legal lo que el TC ha declarado ilegal revela un grave desprecio por el orden constitucional y, en definitiva, por el Estado de Derecho. Por eso es igualmente irresponsable reducir la sentencia del TC a una sucesión de meras recomendaciones o limitar sus pronunciamientos de inconstitucionalidad o interpretación a cuestiones de forma. No es cierto, por ejemplo, que el TC permita al Parlamento nacional dar a Cataluña el poder judicial que estaba previsto en el Estatuto solo con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El TC ha dejado muy claro que el poder judicial está al margen de la organización autonómica del Estado y que solo tiene como órgano de Gobierno al CGPJ. Y estos principios no se pueden alterar por ninguna ley, sea orgánica o estatutaria. Acuciado por el problema que él mismo creó, Zapatero está al borde de incurrir en el segundo engaño estatutario, del que nadie más que él, ni el Partido Popular ni el TC, sería responsable. Diario ABC, S. L. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 34.544 D. L. I: M- 13- 58 Apartado de Correos 43, Madrid ÍNDICE La Tercera 3 Editoriales 4 Enfoque 5 Opinión 12 Cartas 14 España 16 Internacional 26 Economía 32 Motor 41 Madrid 42 Sociedad 48 Agenda Esq. 53 Cartelera 55 Deportes 64 Verano 70 Pasatiempos 81 El Tiempo 82 TV 83 A MULTAS A LA BAJA BC informaba ayer sobre la significativa reducción de las multas impuestas por la Guardia Civil en materia de tráfico y seguridad vial, con un descenso que llega al 90 por ciento en Madrid y otras provincias. Se habla de una huelga de bolis caídos como consecuencia de la precariedad en los medios de la Benemérita por los recortes presupuestarios, que afectan- -entre otras cosas- -a la realización de pruebas de alcoholemia. Según estos datos, los agentes prefieren utilizar la posibilidad legal de advertir a los conductores en lugar de denunciar la infracción correspondiente. Las quejas de determinados responsables políticos ante esta actitud son fiel reflejo de una concepción puramente recaudatoria de las multas de tráfico. En efecto, lo importante no es sancionar mucho para ingresar más, aplicando la normativa actual que facilita la tarea de la administración a la hora de cobrar. Por el contrario, se trata de garantizar la seguridad vial con medidas eficaces de persuasión y de disuasión, utilizando racionalmente los recursos disponibles. Nadie duda de que la crisis impone recortes en todas partes, pero Interior no puede exigir a los agentes que desarrollen su tarea sin unos medios razonables. La DGT ha recibido merecidos elogios por su acierto en el objetivo de reducir sensiblemente el número de accidentes. Por ello mismo, hay que dar prioridad al interés general frente a las intenciones estrictamente recaudatorias que perjudican la imagen de la Administración ante los conductores y generan una resistencia social a cumplir las normas. Las multas son un instrumento más para mejorar la seguridad vial y no pueden plantearse como un fin en sí mismas. Para la próxima y ya inminente operación salida Interior debe ofrecer soluciones urgentes.

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