Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
18 ESPAÑA MIÉRCOLES, 7 DE JULIO DE 2010 abc. es nacional ABC En libertad el líder del PP alicantino tras permanecer doce horas detenido B Joaquín Ripoll fue arrestado a instancias de Anticorrupción junto a otras diez personas por presuntos amaños en concursos públicos Los protagonistas JOAQUÍN RIPOLL B PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE L D. M. M. A. R. C. H. ALICANTE MADRID a particular forma de entender la política que ha guiado la actuación del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, desde que llegó al cargo en 2003, estalló ayer en una espectacular macrooperación judicial que terminó con el dirigente popular en la Comisaría Provincial de Alicante- -de donde salió a las 20.15 horas en libertad con cargos, según explicaron la Fiscalía Anticorrupción y uno de sus abogados- Una operación que cogió por sorpresa a casi todos, excepto quizá al propio Ripoll, que según su entorno ya se había puesto en contacto con sus letrados en la noche del lunes. A primera hora de la mañana, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, coordinados por el juzgado de Instrucción 3 de Orihuela y la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, entraban simultáneamente en el domicilio de Ripoll, en la Diputación y en el Ayuntamiento de Orihuela, así como en la vivienda del empresario oriolano Ángel Fenoll y en la sede de la firma alicantina Grupo Cívica, del constructor Enrique Ortiz. La juez investiga un presunto cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación del plan de tratamiento de residuos de la comarca de la Vega Baja alicantina- -cuya planta iba a ubicarse en Orihuela- que depende de la Diputación. El caso viene de lejos. En 2007, el mismo juzgado detuvo al empresario Ángel Fenoll, que optaba a la adjudicación, a su hijo y a uno de sus empleados- -concejal del PP en Albatera, a 15 kilómetros de Orihuela- acusados de recurrir a sobornos y coacciones para hacerse con adjudicaciones. La investigación, bautizada como caso Brugal -y que partía de una denuncia interpuesta en 2006, precisamente, por Fenoll- -retrasó la adjudicación del plan de residuos y llevó al industrial a la prisión, de la que salió tras depositar una fianza de 100.000 euros. Sin haberse levantado aún el secreto de sumario, la operación Brugal cristalizó ayer en la detención del presidente de la Diputación, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y siete empresarios: la operación ha implicado también al constructor Enrique Ortiz- -uno de los empresarios más conocidos de la Comunidad Valenciana e involucrado, según el TSJ madrileño, en el caso Gürtel que fue quien finalmente se hizo con el plan de residuos en enero de 2008, a través de una UTE con Cespa. La investigación, cuya afección sobre las instituciones alicantinas implicadas aún es difícil de calcular, cierra un ciclo en el que Ripoll ha ido profundizando, a medida que subía el tono de su confrontación con la dirección regional del PP- -y particularmente con Francisco Camps- en una suerte de cantonalismo con implicaciones políticas, empresariales e incluso personales. Tras la marcha de Eduardo Zaplana de la Generalitat Valenciana, el dirigente alicantino se erigió en cabeza visible de la corriente afín al ex ministro, que encontró cobijo en la Diputación de Alicante y en varios ayuntamientos. Un centenar de asesores nombrados a dedo, una red de apoyo a los ayuntamientos afines a través de subvenciones discrecionales, y el manejo del presupuesto provincial sirvieron a Ripoll para hacerse fuerte en la provincia de Alicante y protagonizar una escalada de enfrentamientos orgánicos con la dirección de Camps. El plan de residuos de la Vega Baja, bajo sospecha desde el primer día, podría suponer el último ejemplo de trato de favor de Ripoll. El dirigente alicantino abrió la puerta de su casa a las ocho de la mañana a los agentes de la UDEF, que encontraron en su domicilio una importante cantidad de dinero en metálico, así como abundante documentación que retiraron en varias cajas. La operación se repitió en el Ayuntamiento de Orihuela, del que salieron detenidos tres ediles- -vinculados a la tramitación del citado plan- En total, se produjeron diecinueve registros en Orihuela, Alicante y Valencia. Y tras registrar el despacho del presidente de la Diputación en presencia de su abogado y llevarse el expediente de la adjudicación, la Policía condujo a Ripoll a la Comisaría Provincial. Sobre las 20.15 horas, el alicantino El dirigente alicantino salió de la Comisaría en libertad con cargos a las 20.15 horas, tras ser detenido por la mañana. La Fiscalía Anticorrupción cree que está implicado en un caso de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. ENRIQUE ORTIZ EMPRESARIO B El constructor alicantino regresó ayer de Pamplona, donde se encontraba de vacaciones, para asistir al registro de su empresa. Fue el adjudicatario del plan de residuos investigado por la UDEF. ÁNGEL FENOLL EMPRESARIO B El controvertido industrial oriolano, que denunció los supuestos sobornos y ya estuvo en prisión por el mismo caso en 2007, fue detenido ayer tras el registro a su empresa y a su casa. También fue detenido su hijo. MANUEL ABADÍA CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Cautela en el PP El edil oriolano acompañó a los agentes al Ayuntamiento de Orihuela a primera hora de la mañana. Fue el primer detenido de la operación. Como edil de Infraestructuras, participó de la adjudicación del plan de residuos. MÓNICA LORENTE ALCALDESA DE ORIHUELA La munícipe pasó todo el día encerrada en el Ayuntamiento con parte de su equipo de gobierno y los agentes de la UDEF. No obstante, al cierre de esta edición no se habían tomado medidas contra ella. FELIPE BRIONES FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE ALICANTE Conocido por varios macrocasos contra alcaldes o dirigentes del PP que finalmente terminaron en nada, el fiscal alicantino comenzó sus pesquisas hace tres años, hasta culminar en las detenciones de ayer. Detenciones En total se detuvo a once personas, cuatro políticos y siete empresarios Declaración Ripoll pasó cinco horas en la Comisaría, pero declaró durante diez minutos Confrontación orgánica -y los tres ediles de Orihuela- -salían en libertad, aunque con cargos, según el fiscal. Los cargos que se atribuyen a los detenidos son, según los casos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, según explicaron fuentes policiales. La operación sacudió a la clase política valenciana, aunque tanto el PP como el PSOE se mostraron cautos.