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ABC MADRID 02-07-2010 página 15
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ABC MADRID 02-07-2010 página 15

  • EdiciónABC, MADRID
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ABC VIERNES, 2 DE JULIO DE 2010 abc. es opinion OPINIÓN 15 POSTALES JOSÉ MARÍA CARRASCAL LA CASA DE TÓCAME ROQUE Desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes S I los empleados del Metro de Nueva York hubieran hecho lo que los de Madrid, sus dirigentes estarían en la cárcel, con multas astronómicas. Recuerdo una huelga de basureros en la que un juez metió en la cárcel al líder con un millón de dólares diarios de multa mientras siguieran en paro. Eso, en el mejor de los casos, pues a los controladores aéreos, Reagan los mandó a casa, sin que ni uno solo volviera a la torre de control. Eso, me dirán, ocurre en un país donde no saben qué es democracia. Eso, respondo, ocurre donde llevan 200 años practicando la democracia y saben distinguir entre la huelga de unos trabajadores contra su empresa- -conflicto que puede durar todo el tiempo que quieran, hasta que una de las partes se rinda- -y la huelga contra el ciudadano común, que nada tiene que ver con el conflicto. La Taylor Law prohíbe a los funcionarios y empleados públicos declararse en huelga, precisamente por el abuso que significa de un derecho personal y la impostura que representa tomar rehenes inocentes en un contencioso laboral. No son, sin embargo, los empleados de Metro madrileño los culpables de esta situación, sino una clase política que no ha sabido ni querido regular el derecho a la huelga, fundamental en toda democracia digna de ese nombre, es decir, apoyada en la libertad y en la responsabilidad, con los derechos y en los deberes de cada uno claramente especificados. Pero desde el principio, nuestra democracia se ocupó más de las libertades y derechos que de las responsabilidades y deberes, y nuestros políticos, por falta de valentía o visión, no se han ocupado de ello, conduciéndonos a la situación límite en que nos encontramos en todos los campos, el autonómico, el económico, el educativo o el laboral. Con consecuencias a la vista, como acabamos de comprobar en el Estatuto catalán, cuya constitucionalidad ha sido salvada in extremis por una sentencia que no ha merecido el aplauso de nadie, pero que era la menos mala de todas las posibles. No vamos a tener siempre la misma suerte. Un Estado no puede funcionar a base de arreglos de última hora, con políticos incapaces de ver más allá de su sombra y partidos sólo interesados en alcanzar o retener el poder. No hay inocentes en esta situación. Ni el PSOE ni el PP ni los nacionalistas ni los huelguistas ni los españoles en general nos hemos interesado en corregir el rumbo equivocado que seguíamos. No es que España se rompa Es que España ha dejado de existir excepto en los campos de fútbol de Sudáfrica, sustituida por el yo a lo mío, y el que venga detrás que arree Esto no es nación ni Estado ni nada. Es la casa de tócame Roque o como te llames. UNA RAYA EN EL AGUA IGNACIO CAMACHO HUELGAS CIMARRONAS Los servicios mínimos son papel mojado en los conflictos de mayor repercusión estratégica E MÁXIMO N el verano de 2006, plena temporada turística, un grupo de cabreados trabajadores de Iberia ocupó por las bravas la pista del aeropuerto de El Prat de Barcelona, objetivo estratégico y de seguridad cuyo sabotaje les habría costado un severo disgusto en cualquier país civilizado. Ninguno de ellos fue a la cárcel- -condenados a penas leves- -y salieron absueltos los sindicalistas acusados de promover el estrago. A partir de esta impunidad cualquiera puede sabotear en España el servicio público que le venga en gana, invadir instalaciones sensibles o tomar como rehenes a millones de usuarios; los derechos de los ciudadanos están en la práctica supeditados a la coacción caprichosa de cualquier minoría reivindicativa. Pilotos, transportistas, controladores, sanitarios o maquinistas pueden de hecho provocar a su antojo el colapso que mejor les cuadre para defender sus intereses corporativos sin rendir mayores cuentas a quienes les pagan sus salarios. La única norma reguladora del derecho de huelga data de 1977, antes de la Constitución, sin que desde entonces ningún gobierno se haya atrevido a modernizarla. Los servicios mínimos son papel mojado en los conflictos de mayor repercusión social, sometidos al abuso frecuente de una fuerza sindical sobredimensionada. El equilibrio entre derechos y obligaciones decae ante una imposición coactiva que cercena la libertad de la mayoría y sobrepasa de largo la razonable legitimidad de las protestas laborales. Junto a la jornada de huelga en el País Vasco, salpicada de violenta borroka piquetera, el paro salvaje en el Metro de Madrid ha mostrado la cara más áspera de este sindicalismo montaraz y desaprensivo: dos millones de personas, pertenecientes en su mayoría a la clase trabajadora, inmovilizadas por la insolidaridad de un pequeño colectivo disconforme con un ajuste que ya han sufrido gran parte de los perjudicados por su queja. El tono de matonismo amenazante y cimarrón que han exhibido algunos de los dirigentes- -liberados- -de la huelga madrileña certifica también la arrogancia de quienes se saben en posición de ventaja. El insuficiente marco legal les permite un margen de arbitrariedad impune. Han utilizado a los viajeros como carne de cañón para una exhibición de fuerza destinada primero a desgastar a Esperanza Aguirre y en segunda instancia a amenazar a Zapatero con una muestra de lo que puede suceder en septiembre. Y esta vez ni siquiera ha actuado la Fiscalía pese a la evidencia de indicios de delito en el incumplimiento desleal y premeditado de servicios mínimos. La irresponsabilidad sindical es manifiesta, pero más flagrante aún es la ausencia de una regulación efectiva de los deberes esenciales en casos de conflicto.

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