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28 ESPAÑA MIÉRCOLES 2 s 7 s 2008 ABC RELIGIÓN El Gobierno creará un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso Pretende mejorar el conocimiento de la realidad para poder tomar decisiones LAURA DANIELE MADRID. El Gobierno está convencido de que España necesita una ley que reconozca el pluralismo religioso y trate a todas las confesiones por igual, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Así lo recordó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, durante la presentación de la memoria anual de la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2004 por el Gobierno socialista para colaborar con las confesiones minoritarias. La realidad ha superado con creces el marco de la actual Ley de Libertad Religiosa apuntó Bermejo, al tiempo que resaltó que uno de los ámbitos donde más falta hace esta reforma es en las relaciones con musulmanes, judíos y evangélicos. La futura ley- -apuntó- -se deberá regir por el principio de igualdad para que ningún ciudadano se sienta discriminado por pertenecer a un credo u otro El camino debe ser el de la equiparación insistió el ministro, quien añadió que la nueva normativa debe poner fin a las discriminaciones que sufren actualmente las confesiones minoritarias, como el largo camino que deben recorrer para establecer sus lugares de culto o para enterrar a sus familiares Es bueno que exista un marco legal claro que genere un marco de convivencia estable aseguró. Con este objetivo, Bermejo también anunció la creación de un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso en el marco global de un Plan Nacional para la Alianza de Civilizaciones, que sirva para mejorar el conocimiento de nuestra realidad en cada momento y poder tomar decisiones También aseguró que desde la fundación se fomentará la formación de personal religioso y agentes sociales para que la sociedad tome conciencia del hecho del pluralismo religioso y para que las confesiones minoritarias dejen de ser mira- La mujer, de 38 años, y algunos de sus hijos ante la casa a punto de ser derribada YOLANDA CARDO Desalojan a una mujer y sus nueve hijos de una casa de Barcelona La familia llevaba diez años en la vivienda, que ha sido derribada para hacer pisos, aunque no era suya ni pagaba el alquiler JANOT GUIL BARCELONA. Abrazada a su amiga Montse, instantes antes de que comenzaran a derribar su casa justo después de tener que abandonarla, junto a sus nueve hijos y su padre, por orden judicial, Agustina de los Ángeles lloraba desconsolada. Reclamaba justicia delante de los periodistas. Esto no es legal, ni normal. Con tanta vivienda que hay... Yo no puedo permitirme vivir en un piso sollozaba esta madre coraje que sustenta su prole vendiendo chatarra. ¡Ninguna vecina fuera del barrio! coreaban unos jóvenes vecinos que le apoyan en este trance. A sus 38 años, con nueve hijos- -siete de ellos menores y con edades de entre 20 y 10 años- -y su padre, de frágil salud, a cuestas, Agustina, de etnia gitana y origen portugués, tuvo que desalojar ayer la casa del número 28 de la calle Sant Francesc del barrio del Poblenou de Barcelona que ocupaba desde hacía diez años. Ocupaba, porque, en sentido estricto, la habitaba de manera ilegal: ni pagaba alquiler, ni era suya, pero residía porque los propietarios la dejaban. Hasta que llegó un plan urbanístico consensuado por tres promotoras, dueñas actuales de la casa, y el Ayuntamiento. La casa de Agustina, como ya ocurrió con las que la flanqueaban y otras de la zona, debía ser derribada. Allí se construirá un edificio de viviendas privadas y otro, a cargo del ayuntamiento, donde se alojarán los otros vecinos- -inquilinos legales o propietarios de sus viviendas- -que se han quedado sin casa por culpa del citado plan. El problema para Agustina y familia es que ella no es ni dueña ni inquilina, así que, con la ley en la mano, esgrime el Ayuntamiento, le pueden derribar su casa y su vida. El consistorio, a costa de las promotoras, le ofrece 6.000 euros, ayuda para buscar un piso de alquiler y costearle tres noches, ampliables a un máximo de treinta, en una pensión. Y luego, ¿qué hago? replica. Ayer por la mañana, varios agentes de la guardia urbana se personaron en su vivienda para desalojarla. Les dejaron sacar los muebles y enseres y enseguida actuaron los operarios de la empresa de derribos. Por la tarde, la casa de Agustina era un solar. No es justo lo que han hecho. Ella siempre ha ayudado a la gente del barrio y es muy buena persona... se quejaba su amiga Montse. Mi abogado me ha dicho que este desalojo es ilegal, porque lo ha reclamado el Ayuntamiento pese ser una propiedad privada denunciaba Agustina. Por contra, fuentes del Ayuntamiento, cuyos Servicios Sociales conocían el caso Agustina señalaron a ABC que el desalojo, más allá de calificativos morales, es de una legalidad intachable. Así, argumentaron que el plan urbanístico que ha desalojado a Agustina y su familia se ha llevado a cabo mediante un proceso de reparcelación por cooperación entre las tres promotoras y el Ayuntamiento, que exige que sea la administración quien ejecute los desalojos No me avisaron de que vendrían hoy era otra de los reproches de Agustina. A lo que las fuentes consistoriales contestaban que sabe desde hace año y medio que debe irse, y que esta misma semana le advirtieron de la inminencia del desalojo a la espera de obtener la orden judicial. Es cierto que no le dijeron día y hora, sostiene el Ayuntamiento, aunque se escuda en que las órdenes judiciales de desalojo permiten ejecutarlas en un plazo de tiempo. Y a todo esto, mientras la razón buscaba dueño, Agustina, su padre y sus hijos perdían ayer casi todo lo que tenían. Mariano Fernández Bermejo EFE Desalojo ilegal El ámbito donde más hace falta la reforma es en las relaciones con las confesiones minoritarias Conocer la realidad El desalojo y derribo de la casa tuvo lugar ayer por una orden judicial reclamada por el Ayuntamiento La casa de la mujer, propiedad de tres promotoras, estaba afectada por un plan urbanístico das como algo raro Otra de las novedades que se conocieron ayer en la sede de esta fundación es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término más descriptivo y con el que se pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa. La Fundación Pluralismo y Convivencia destinó en 2007 un total de 3,8 millones de euros a la financiación de proyectos y programas de las distintas confesiones minoritarias con acuerdo de cooperación con el Estado. De ese total, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (Ferede) recibió 1,6 millones de euros; las dos federaciones integrantes de la Comisión Islámica de España (CIE) otros 1,6 millones, y la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) 577.000 euros.