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4 EDITORIALES MIÉRCOLES 2 s 7 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) J. L. Sánchez Izquierdo (Deportes) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera CRISIS EN T ESTADO PURO ras el júbilo compartido por millones de españoles por el triunfo en la Eurocopa, se impone la realidad de una gravísima situación económica. No es con maquillajes semánticos como se combaten la alta inflación, el paro o la caída del crecimiento; no es con juegos florales como se transmite confianza a una sociedad preocupada por un Euribor desbridado o el incremento notable de la tarifa de la luz. Nada más absurdo que la disquición teorética sobre el concepto de crisis esgrimido por Zapatero, porque, sea crisis o desaceleración profunda, los españoles merecen de su Gobierno un diagnóstico cabal y certero de la situación. Bien está que el Ejecutivo trate de trasladar confianza a la opinión pública, pero no a costa de desvirtuar la realidad. La mejor manera de combatir la crisis es asumir, sin rodeos ni atajos, que el deterioro es profundo y de amplio espectro, pues daña seriamente a variables distintas, pero conectadas entre sí por una dolencia general que no se cura con recetas improvisadas ni con apelaciones retóricas al diálogo. Lo peor está por venir y el horizonte de la recesión se atisba ya de manera nítida. Zapatero, que hoy comparece ante el Parlamento para responder de las medidas de su Gobierno, debería entender que nada hay peor que las medias verdades, porque España necesita con urgencia adoptar un plan de choque eficaz y responsable, aunque resulte doloroso. Los españoles deben conocer de boca de su presidente cuál es la dimensión verdadera de una situación que, a tenor de todos los indicadores, resulta alarmante. VIVIR EN CASTELLANO ODOS loscargos públicos delEstadoo delas comunidades autónomas juran o prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes como requisito previo a la toma de posesión de su cargo. Así pues, desde el presidente del Gobierno hasta la última autoridad territorial tienen una responsabilidad para que se cumpla en su plenitud el artículo 3 de la Norma Fundamental: el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ha llegado la hora de utilizar los instrumentos propios del Estado democrático para que las normas se apliquen con rigor en la realidad social. Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con cualquiera de las administraciones públicas en castellano y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente. Los padres tienen un derecho fundamental a elegir libremente la educación de sus hijos en la lengua común, sin sufrir por ello coacciones de ningún tipo o sin que la opción que se les otorga teóricamente sea inexistente en la práctica. No sólo está en juego la vertebración territorial, sino también los derechos inalienables de la persona, que son el fundamento del orden jurídico y la paz social. ABC ha defendido siempre estos principios elementales y se congratula de que el reciente Manifiesto, hecho público por un grupo de intelectuales, haya alcanzado notable repercusión. La portada de hoy refleja con la excepcional sutileza y la genialidad del maestro Mingote- -secundado en páginas interiores por Martinmorales, Julio Cebrián, Máximo, Puebla, José María Gallego, Idígoras y Patxi- -el compromiso de este periódico centenario con la defensa del tesoro cultural que constituye la lengua española, pero también con las libertades públicas que configuran la seña de identidad de nuestro Estado de Derecho. Todos los españoles tenemos que poder vivir en plenitud en la lengua común, cualquiera que sea el lugar de residencia, desde la escuela primaria a la atención médica, pasando por el rótulo de los establecimientos, la redacción de contratos o la solicitud de una autorización ad- T ministrativa. En nombre de una falsa normalización determinadas comunidades autónomas imponen la exclusión del castellano de manera discriminatoria para muchos miles de ciudadanos, al tiempo que se empobrece el bagaje cultural de las generaciones futuras. Más allá de las conveniencias partidistas, ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos una actuación inequívoca en defensa de la legalidad y del sentido común. Las cosas han ido demasiado lejos y resulta ya imprescindible evitar que esta situación inaceptable se consolide por la fuerza de los hechos. La lengua común es un activo de primer orden para la historia y la cultura de nuestro país. Su repercusión universal es hoy día una feliz realidad que nos permite afrontar con expectativas muy favorables la sociedad global propia de nuestro tiempo. La demanda en el plano internacional crece de forma imparable mientras que algunos dirigentes autonómicos practican una política sectaria sin que el Gobierno haga nada por evitarlo. Las instituciones culturales tienen una ocasión de oro para hacer efectiva su razón de ser, desde la Real Academia Española al instituto Cervantes. Los ministerios competentes en materia de Educación y Cultura deben analizar con todo rigor la situación y poner en marcha los recursos jurídicos pertinentes. El departamento de Administraciones Públicas tiene aquí una magnífica oportunidad para ejercer sus funciones de coordinación. El propio Ministerio para la Igualdad debería ampliar su programa de actividades más allá del género, porque estamos ante un caso patente de una de las discriminaciones prohibidas por el artículo 41 de la Constitución. El PP ha manifestado claramente su postura y sería deseable que también el PSOE y otros partidos de ámbito nacional- -o, simplemente, respetuosos con la legalidad y el sentido común- -hagan llegar a los ciudadanos su opinión al respecto. El Estado de Derecho tiene instrumentos suficientes para que los poderes públicos dejen de actuar de forma arbitraria. KACZYNSKI, EL PROVOCADOR l presidente polaco, Lech Kaczynski, es un residuo del pasado: sus ciudadanos dijeron claramente en las últimas elecciones qué pensaban de él y de su hermano gemelo y decidieron romper con un periodo en el que ambos habían gestionado las principales instituciones del Estado de manera tan controvertida como dudosamente eficaz. Su decisión de negarse a firmar un decreto de ratificación aprobado por el Parlamento no tiene precedentes en un país democrático, mucho menos cuando rechaza un tratado- -el de Lisboa- -en cuyas páginas él mismo estampó su firma junto a los demás veintiséis socios en un Consejo Europeo. Si se trata de un conflicto interno con el Gobierno polaco, el presidente Kaczynski no tiene derecho a exportar sus cuitas a la Unión Europea, y si fuera una provocación hacia Bruselas, hay que entenderlo como una impertinencia que no se compadece con el hecho de que Polonia es ya el país que más se beneficia de las ayudas europeas directas. E