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4 EDITORIALES JUEVES 26 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) J. L. Sánchez Izquierdo (Deportes) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera INDIGNIDAD DEL PNV l lendakari Ibarretxe sigue utilizando el Parlamento vasco contra la Constitución y la dignidad de las víctimas de ETA. Para lo primero, ya ha presentado un estrafalario proyecto de ley de consultas que no resistirá el más elemental filtro de constitucionalidad. Para lo segundo, está apoyando la elaboración de una ley que reconozca a las víctimas causadas por las Fuerzas de Seguridad y grupos de la ultraderecha. Son dos piezas de una misma estrategia, con la que el PNV pretende dar rango legislativo e institucional al conflicto vasco en sus dos adjetivos más queridos por el nacionalismo, incluido el terrorista: es un conflicto político que sólo se puede resolver políticamente y es un conflicto que ha causado víctimas en ambos bandos De esta manera, el PNV da a ETA un rango de paridad con el Estado; y a los casi mil asesinados y miles de heridos por su violencia terrorista los pone al mismo nivel de los terroristas muertos en enfrentamientos con la Policía o en circunstancias delictivas que ya han sido juzgadas. Ibarretxe necesita el apoyo de ETA para sacar adelante su proyecto soberanista y este apoyo tiene el precio vil que se plasma en una ley indigna. Haya o no consulta soberanista, el PNV está dando la mezquina medida de sí mismo y la respuesta política adecuada no es otra que la alternativa constitucional del PP y del PSE para derrotar al nacionalismo. Y si no funciona, la Constitución prevé mecanismos de defensa institucional como el del artículo 155. E REFORZAR LA LENGUA COMÚN A lengua española vive una época de plenitud. Consolidada hace tiempo como el segundo idioma de comunicación internacional, casi 440 millones de personas garantizan la pujanza de un producto cultural que constituye un verdadero tesoro para sus hablantes, y no sólo en el terreno literario, sino también en los planos social y económico: recientes estudios de la máxima solvencia analizan su impacto en estos ámbitos a través de una cartografía del español y su influencia en la industria y el mercado, reales y potenciales. Se ha dicho gráficamente que la lengua es nuestro petróleo y, en este sentido, es exigible que los poderes públicos practiquen una política integral de promoción del español a través del Instituto Cervantes y de otros instrumentos de acción cultural. Dadas las circunstancias, resulta sorprendente que haya que defender al castellano en algunas comunidades autónomas que hacen todo lo posible por degradarlo a una posición secundario y en nombre de una ficticia normalización lingüística. Sin embargo, todos somos conscientes de que en Cataluña, País Vasco, Galicia, y ahora también Baleares, se producen agresiones- -en diferentes niveles- -a la presencia en el espacio público y en el sistema educativo de la lengua que hablamos todos los españoles. Por unas u otras razones, el Gobierno hace la vista gorda, presumiendo de un oportunismo que sólo pretende complacer a los socios radicales del Partido Socialista. En este contexto, merece una valoración muy positiva el Manifiesto por la Lengua Común firmado por un grupo de escritores e intelectuales de diversas ideologías y especialidades. Es muy cierto que en el sistema democrático las libertades individuales deben primar sobre los derechos imaginarios de ciertos territorios, y que es elemental la exigencia de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier lugar de España. La Constitución regula con claridad este asunto en su artículo 3, estableciendo que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar L la lengua oficial del Estado. No hay en ello ninguna minusvaloración de las demás lenguas españolas, que merecen el máximo respeto e impulso como prueba de nuestra riqueza cultural. En cambio, cualquier tipo de exclusión o imposición resulta intolerable, no sólo por atentar contra los derechos fundamentales, sino porque, además, empobrece la formación humana y cultural de las generaciones futuras. Hablar castellano en la escuela, rotular los comercios como prefiera cada empresario o utilizar con naturalidad una u otra lengua en las relaciones con la administración autonómica son principios irrenunciables que, por desgracia, no se cumplen en la vida cotidiana. Los partidos políticos deben ser sensibles a una reclamación a la que ha puesto voz el manifiesto antes citado, pero que lleva tiempo siendo destacada por el Partido Popular en sus programas y declaraciones públicas. De hecho, Mariano Rajoy insistió el pasado martes, en el Foro ABC, sobre la conveniencia de una ley orgánica que garantice el uso del castellano en toda España. Es llamativo que justo cuando esta lengua juega un papel vertebrador en la comunidad iberoamericana de naciones y se configura como segundo idioma extranjero en los principales países del mundo, resulte imprescindible seguir luchando en favor del sentido común ante la pasividad de un Ejecutivo que sólo atiende a sus intereses particulares. El manifiesto, la ley orgánica propuesta por el PP o la denuncia diaria de muchas asociaciones de defensa del castellano son la mejor prueba de la vitalidad de una sociedad que no está dispuesta a dejarse dominar por criterios localistas que resultan absurdos y anacrónicos en la era global. Nadie tiene legitimidad para apropiarse en exclusiva de una reivindicación que se mantiene viva desde hace mucho tiempo. En este sentido, son incontables los editoriales y artículos de opinión publicados en ABC en defensa de nuestra lengua común. Es muy positivo que se incorporen a esta tarea más personas valiosas y de reconocido prestigio. FRIVOLIZAR CON LA IGUALDAD a intención de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, de promover bibliotecas de mujeres y para mujeres y de proyectar la igualdad de sexos hasta en los Presupuestos Generales no es más que otra ocurrencia sin recorrido alguno. El peor defecto de un ministro es no aprender de sus errores; la principal virtud, reconocerlos y corregirlos, pero Aído parece desconocer algo tan elemental. La igualdad es un derecho constitucional y una meta que alcanzar. En ningún caso es una expresión retórica para justificar la existencia de un Ministerio artificial, propagandístico e innecesario. Desde el día en que tomó posesión de su cargo, cada idea de esta ministra ha caído por su inanidad. Aído ha hecho de la demagogia y la inconsistencia sus herramientas de trabajo porque lejos de favorecer la igualdad real y efectiva de oportunidades- -una obligación, por cierto, de todos los poderes públicos, no sólo del departamento de Aído- no cesa de frivolizar con cuestiones muy serias. Si lo que pretendía Zapatero con este Ministerio es ganar en términos de imagen, Aído lo está ridiculizando. L