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20 ESPAÑA La corrupción urbanística s Las consecuencias políticas MARTES 24 s 6 s 2008 ABC Sin constancia documental, pero humano El PSOE se defendió ayer y aseguró que la dirección regional nunca conoció ninguna denuncia basada en documentación que pudiera implicar al alcalde, en respuesta a la información publicada por ABC, y ha atribuido el asunto a la condición humana El edil de Urbanismo pone su cargo a disposición del PSOE tras ser imputado JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Rafael Duarte, puso ayer su cargo a disposición del PSOE tras ser imputado en el caso Astapa por prevaricación y cohecho. El edil socialista, quien fue vocal en la Gestora de Marbella como responsable también de Urbanismo, dijo de forma escueta a ABC que había puesto su acta a disposición del partido Su abogado, Diego Martín Reyes, compañero suyo en la gestora marbellí creada tras ser disuelto el Ayuntamiento de Marbella por el caso Malaya la trama de corrupción inmobiliaria e institucional más importante destapada en España, y presidente del comisionado para la Costa del Sol Occidental, órgano creado por la Junta de Andalucía, manifestó que Duarte no ha sido detenido, no se ha registrado su domicilio, no se le ha impuesto fianza, ni tiene ninguna limitación en cuanto a su libertad situación que es diferente por tanto a la de otros compañeros suyos detenidos. Duarte manifestó que no quiere mantenerse a toda costa en el Ayuntamiento esteponero y que esperará a la resolución que adopte su formación política porque en absoluto me voy a apartar de la doctrina del PSOE También explicó que se encuentra a la espera de la valoración que hagan sus compañeros de Corporación sobre la situación. Por último, recordó que compareció ante el juez acompañado de su letrado, Diego Martín Reyes para preservar mi derecho y defensa con abogado Duarte fue vocal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella a propuesta del PSOE. Su paso por la localidad marbellí donde se desarrolló la Malaya estuvo marcada por la polémica al haber asesorado al entonces alcalde de Manilva, Pedro Tirado, que acabó en prisión tras haberse encontrado en su casa 800 millones de las antiguas pesetas. El PP pidió su salida de la gestora, pero los socialistas le defendieron hasta el final. El PSOE le mantuvo en su cargo porque su pasado como abogado asesor era compatible con su cargo. De los 26 detenidos en la operación Astapa contra la corrupción en Estepona, cinco han ingresado en prisión, entre ellos el alcalde, el socialista Antonio Barrientos, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros, y tres en libertad con cargos y sin fianza. Diez de los arrestados ya han pagado fianzas que suman 1,61 millones, mientras que para los otros ocho imputados la juez acordó un plazo de cuatro días para abonar las cuantías económicas correspondientes con el fin de eludir la prisión, según fuentes judiciales. Los cuatro ediles socialistas sobre los que pesan medidas cautelares, Francisco Zamorano, Asunción López, Marisa Rodríguez y Mariví López, han solicitado a su partido la baja temporal de militancia, aunque aún no han decidido en relación con su posible renuncia a las actas de concejal. Los ediles han hecho esta petición siguiendo la normativa interna del partido. Los ediles consideran que la baja temporal es la medida más adecuada para contribuir a su derecho a la presunción de inocencia y solicitan que su reintegro sea automático aclarados los hechos. El PSOE les ha pedido que dejen su acta de ediles o pasarían a ser no adscritos Las fianzas