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26 ESPAÑA Operación Astapa s La deriva política del escándalo VIERNES 20 s 6 s 2008 ABC La cúpula socialista de Málaga conoció la trama de Estepona antes de las municipales Pasó por alto la denuncia de dos ex concejales porque una encuesta daba como ganador al alcalde detenido J. M. CAMACHO C. MORCILLO P. MUÑOZ MÁLAGA MADRID. La ejecutiva provincial de Málaga del PSOE, al frente de la cual está su secretaria general, Marisa Bustinduy, estaba al corriente desde antes de las últimas elecciones municipales de los manejos del alcalde de Estepona y de muchos de los detalles de la trama de corrupción ahora desmantelada por la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial. Sin embargo, no sólo no hizo averiguación alguna, sino que volvió a presentar como candidato en la localidad a Antonio Barrientos, ahora detenido como principal responsable del caso. Las fuentes consultadas por ABC explicaron que fueron el ex portavoz del gobierno municipal, David Valadez, y otra ex concejal, Cristina Alarcón, quienes de forma personal y con detalle informaron a la Ejecutiva del PSOE malagueño de las actividades sospechosas de Barrientos y de algunos de sus compañeros. Incluso, presentaron ante sus jefes de partido la documentación que lo demostraba. La cúpula provincial socialista argumentó que no iba a tomar decisión alguna sobre el alcalde, entre otras razones porque tenía sobre la mesa una encuesta que le daba como ganador en las últimas elecciones municipales. La única consecuencia de la denuncia ante la ejecutiva provincial del PSOE de Valadez y Alarcón fue, por el contrario, la eliminación de éstos de las listas municipales. Las fuentes consultadas no supieron precisar si estas dos personas, al ver que su partido no tomaba iniciativa alguna para acabar con la trama de corrupción, decidieron poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Es la segunda vez que la Ejecutiva socialista malagueña hace oídos sordos a una denuncia sobre una trama de corrupción en la que están implicados compañeros de partido. La propia Isabel García Marcos, que acabó en prisión por el caso Malaya también informó del caso Marbella. Fuentes del PSOE de Málaga consultadas por ABC admitieron que en el partido hay una seria preocupación por las consecuencias que puede tener la operación policial del papre es razonable una cierta contención salarial. Pero además le permitió ser el único alcalde de la Costa del Sol que pactara con los ex gilistas. Hay que recordar que Barrientos se jacta de mantener una estrecha amistad con Javier Rojo, presidente del Senado, y también con el del Congreso, José Bono. En Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que todas las responsabilidades que se puedan derivar de la investigación policial se van a depurar y recalcó que en el PSOE no cabe ningún comportamiento irregular El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, denunció por su parte que existe responsabilidad política por parte de la Junta, que tiene competencias sobre control e inspección urbanística. Por su parte, el equipo de gobierno de Estepona pidió cautela a la espera de la investigación en curso. Mientras tanto, la juez que instruye la operación Astapa dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional para alguno de los 26 detenidos. Se trata del ex concejal del GIL y actual edil y portavoz del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, y del ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que al parecer ocupa responsabilidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. En el caso de Crespo, que fue detenido el lunes por la noche horas después de que arrestasen a su hermana en la misma operación, la juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Crespo es un abogado madrileño de 48 años que perteneció al GIL, del que fue su coordinador general y llegó a anunciarse que sería el candidato a presidir la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2000, aunque esta formación no concurrió finalmente a aquellos comicios. A Javier Wittmeur, que iba en las últimas elecciones locales en la lista del Partido Estepona (PES) formado por ex integrantes del grupo GIL, se le acusa de falsedad en documento, fraude y malversación. Finalmente, hay que precisar que, en contra de lo publicado ayer por ABC, Víctor Sánchez Pinacho no ha sido llamado por el juez como testigo. El concejal José Ignacio Crespo es conducido por un agente a los juzgados de Estepona sado martes. En concreto, creen que la caja B que controlaba el alcalde puede deparar sorpresas y poner en aprietos a alguna persona con cierto relieve Y es que según distintos medios comienza a vislumbrarse que detrás de este caso existe una financiación irregular de partidos cuyo alcance ahora es difícil de prever. Ayer, ABC intentó ponerse en contacto con la secretaria general del PSOE provincial y parlamentaria andaluza, Marisa Bustinduy, para conocer su versión de los hechos, sin conseguirlo. Precisamente, Bustinduy llevaba como número 9 en su lista para el congreso regional andaluz al alcalde de Estepona, ahora arrestado y expulsado de las filas socialistas. Otra de las características EFE Fuera de las listas que adornan a Antonio Barrientos es que se trata de uno de los alcaldes que más cobran en España, a pesar de que Estepona es una localidad de tamaño medio. Incluso, más que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que está al frente de la sexta ciudad de España. No hay constancia de que el PSOE le haya trasladado recomendación alguna de que siem- Dos detenidos, en prisión Cuatro mossos se enfrentran a casi 6 años de cárcel por presunto maltrato D. C. BARCELONA. Cuatro agentes de los Mossos acusados de maltratar a un detenido en la comisaría central de Barcelona, se enfrentan a una petición cada uno de cinco años y nueve meses de cárcel, siete años de inhabilitación, multa de 9.600 euros e indemnización de 10.610 a la víctima. La agresión a Rubén P. se descubrió gracias a una videocámara oculta instalada en la comisaría de Les Corts tras recibirse denuncia de varios detenidos por presunto maltrato. En su escrito, la Fiscalía imputa al cabo J. D LP. y a los policías C. B. F. A. L. P. y V A. B. un delito contra la inte. gridad moral, otro de falsedad en documento oficial y una falta de lesiones. Rubén P. fue trasladado a Les Corts el 31 de marzo de 2007 porque no se quiso identificar ante dos agentes cuando insultaba y empujaba a un hombre en la calle. Ya en comisaría, tuvo un pequeño forcejeo con los policías y dijo a uno: A mí no me toques, hijo de puta por lo que fue detenido por atentado contra la autoridad. Antes de ir al calabozo, Rubén P. fue golpeado en la sala de registros con las manos, los pies y las rodillas hasta que quedó inconsciente. Para encubrir su delictiva actuación los policías redactaron un nuevo atestado donde se decía que el detenido había mantenido una actitud agresiva, provocadora y amenazadora