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ABC JUEVES 19- -6- -2008 Los delitos contra la libertad sexual fueron los que más crecieron en 2007 15 LAS CLAVES El Gobierno reformará la Ley de Extranjería para limitar la entrada de inmigrantes extracomunitarios La reagrupación familiar sólo alcanzará al cónyuge y los descendientes directos El Ejecutivo rechaza el contrato de integración propuesto por el PP, pero tiende la mano para alcanzar el consenso en la materia La reforma también podría afectar a la entrada de profesionales titulados, que en la actualidad carece de regulación Los socialistas españoles en la Eurocámara apoyan la política de expulsiones de la derecha La Directiva de Retorno aprobada definitivamente ayer, prevé hasta un año y medio de retención para los sin papeles ENRIQUE SERBETO CORRESPONSAL BRUSELAS. El Parlamento Europeo aprobó ayer definitivamente la polémica directiva de Retorno prácticamente el primer escalón efectivo para la construcción de una política común sobre emigración. Después de un debate tenso y hasta estridente la víspera, una mayoría de eurodiputados dieron ayer su aval a un texto que había sido ya aprobado por los ministros de los Veintisiete. El modelo final mantiene el límite de hasta un año y medio para que un emigrante irregular pueda ser retenido mientras se preparan los trámites para su eventual repatriación. En la votación, la directiva contó con el apoyo de populares, liberales y muchos socialistas- -incluyendo los diputados españoles- -mientras que otra parte de los socialistas, ecologistas e Izquierda Unitaria se opusieron y proponen continuar con campañas fuera de las instituciones para intentar evitar la aplicación de lo que algunos han bautizado como la directiva de la vergüenza La norma no entrará en vigor hasta dentro de dos años. A efectos prácticos, los expertos consideran que la norma no cambiará mucho la situación de los sin papeles, porque se trata de un marco en el que deben moverse las legislaciones nacionales, que en su mayor parte se quedarán más o menos como están. La extensión al límite de los 18 meses ha sido una exigencia británica, cuyo Gobierno indicó que la policía necesita más tiempo para intentar averiguar la procedencia del indocumentado con el fin de decretar una repatriación forzosa. Fuentes diplomáticas comunitarias han reconocido que pasado este límite, si los retenidos no pueden ser identificados para tramitar su expulsión, las autoridades seguirán estando obligadas a dejarlas en libertad pese a todo. El último caballo de batalla ha sido la posibilidad de que se atribuyan fondos europeos para pagar la asistencia judicial a los sin papeles que afrontan un proceso de expulsión. España es de los países que ha decidido que esa asistencia será gratuita, mientras que otros han logrado que las instituciones comunitarias acepten correr con parte de los gastos, pues la opinión pública es reticente a financiar estas ayudas. En todo caso, con esta directiva Europa lanza a todos los eventuales candidatos a la emigración un mensaje claro, que no es otro que el de una puerta cada vez más cerrada. La Comisión trabaja paralelamente con otros mecanismos para organzar la emigración legal, en concreto a través de la creación de una tarjeta azul que equivaldría a la verde de EE. UU. para los residentes permanentes, y que en el caso europeo estaría vinculada a las cualificaciones laborales del candidato. La directiva aprobada ayer preconiza el regreso voluntario de los emigrantes sin papeles y al contrario penaliza a los expulsados con un periodo de 5 años en el que no podrán viajar al territorio de la UE. También autoriza que algunos gobiernos expulsen a emigrantes en situación irregular a países de tránsito distintos del suyo de origen. La norma acepta en ciertos casos incluso la repatriación forzosa de menores. El diputado socialista español Javier Moreno justificó su apoyo a esta directiva diciendo que el grupo había hecho todo lo posible por introducir enmiendas. Moreno reconoció que los españoles se habían distanciado de los socialistas de otras nacionalidades. FOTOS AFP Y EFE Asistencia gratuita de retorno de inmigrantes esté en vigor en septiembre próximo. Se trata de un real decreto que permitirá a los inmigrantes que deseen regresar a su país, y que tengan derecho a cobrar el paro, acumular la prestación y percibirla en dos tramos, un 40 al iniciar los trámites de regreso y el 60 restante en treinta días. Para ello, deberán renunciar al permiso de trabajo y residencia en España, aunque podrán recuperarlo pasados tres años. La norma afectará a los ciudadanos de los países que tengan un convenio bilateral de Seguridad Social con España, en total 19, que cuentan con alrededor de un millón de ciudadanos residiendo en nuestro país. Según fuentes oficiales, cerca de 100.000 de ellos se encuentran actualmente en situación de paro y entre un 10 y un 15 por ciento tendrían derecho a la prestación, por lo que podrían acogerse a la oferta unos 15.000 inmigrantes. Los inmigrantes detenidos quedarán en libertad si, pasados los 18 meses, no han sido identificados