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4 EDITORIALES JUEVES 19 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) J. L. Sánchez Izquierdo (Deportes) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera OTRA FOTO EN LA MONCLOA S i se pretende que sirva para algo, el diálogo social tiene que ser algo más que una foto. Preocupado siempre por la imagen, Rodríguez Zapatero llevaba tiempo preparando el encuentro de ayer en La Moncloa con empresarios y sindicatos. Sin embargo, los problemas no se resuelven con abrazos y sonrisas: lo primero es reconocer la gravedad de una situación que cumple todos los requisitos para ser considerada como crisis económica, a pesar de que el Gobierno eluda por todos los medios la palabra maldita. Además, la colaboración de los actores sociales, sin duda positivas en el contexto actual, no exime a la Ejecutiva de su responsabilidad prioritaria: el equipo económico tiene que tomar medidas urgentes y eficaces y no limitarse a contemplar el panorama con algún comentario no siempre afortunado. La pasividad gubernamental causa un profundo malestar en la sociedad y agrava el fracaso de quienes no supieron aprovechar la bonanza económica para impulsar reformas estructurales imprescindibles. Ahora se trata una vez más de salir al paso y esperar que lleguen tiempos mejores. Empresarios y sindicatos deben mostrarse firmes en la exigencia de que Rodríguez Zapatero diga la verdad a los españoles y aprueba medidas razonables y adecuadas. De lo contrario, esta nueva ración de diálogo y de talante tampoco servirá de nada. Por desgracia, los españoles estamos ya acostumbrados a que las buenas palabras no vengan acompañadas de hechos positivos. GIRO EN INMIGRACIÓN A aprobación por el Parlamento Europeo de la polémica directiva de retorno de inmigrantes ilegales ha coincidido con la confirmación oficial por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, del giro en política migratoria por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las consecuencias reales de la directiva de retorno dependerán, en buena medida, de la coherencia de los estados miembros de la UE con los principios de firmeza y legalidad en los que se inspira. La directiva articula una primera política europea de inmigración y, sólo por esta razón, constituye un gran avance. En lo sucesivo, la pasividad de los gobiernos europeos o sus políticas unilaterales- -como la regularización masiva en España en 2005- -ya no tendrán la excusa de que Bruselas no da pautas comunes a los Veintisiete. Ahora hay unos criterios claros de actuación, tanto a nivel nacional como comunitario, que se resumen en disuadir a las mafias de trabajadores, aplicar procedimientos eficaces de repatriación y poner en manos de los gobiernos instrumentosadecuados para hacer valer la legalidad. No cabe duda de que la repatriación de menores de edad sin familia o la extensión del internamiento hasta dieciocho meses son medidas ingratas que mejor sería no haber tenido que tomar, pero también es evidente que Europa se ha enfrentado tarde al problema de la inmigración ilegal, cuyos efectos no sólo se sienten en el mercado laboral o en los costes sociales, sino también en la seguridad ciudadana- -guste o no reconocer esta realidad- -y en la convivencia ciudadana, distorsionada por la impermeabilidad de algunos grupos emigrantes que no se adaptan a los valores de las sociedades europeas. La directiva que ayer aprobó el Parlamento europeo empezó a discutirse en 2005, lo que da buena prueba de la lentitud de respuesta de la burocracia comunitaria. El Gobierno español utiliza doble discurso para, por un lado, mantener mensajes tópicos propios del progresismo doctrinario y, por otro, empezar a tratar con realismo- -la L eficacia está por ver- -la situación de la inmigración ilegal. Este segundo discurso es el que está utilizando el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien, sin defender propuestas extremas contra la inmigración ilegal, pero acreditando que conoce el problema gracias a su paso por la alcaldía de Hospitalet de Llobregat, está mostrando, ya sin eufemismos, el giro del Gobierno socialista en esta materia. Por lo pronto, Corbacho ha anunciado, junto con una política de incentivo del retorno de los inmigrantes que se queden sin empleo, la reforma de la reagrupación familiar de los inmigrantes, que no se va a suprimir, pero sí a restringir al núcleo familiar en sentido estricto. La experiencia demuestra que, por esta vía de la reagrupación, el efecto real de la legalización de un inmigrante se multiplicaba exponencialmente con la llegada encadenada de familiares. Así es como una inmigración de carácter laboral se ha convertido en un cambio de residencia para amplios grupos familiares. La reforma habrá de concretarse en un cambio de la Ley de Extranjería y seguramentecontará con elapoyo del Partido Popular, cuya última reforma legal, en diciembre de 2003, tuvo el respaldo socialista, lo que desmienteen buena medida las críticas al unilateralismo de los gobiernos populares en esta materia. El apoyo del PP sería coherente con el programa de las pasadas elecciones, porque desde el 9 de marzo, el PSOE ha asumido el diagnóstico y parte del tratamiento que defendió Rajoy en campaña y con los que, literalmente, arrinconó a Rodríguez Zapatero, quien replicó tachando de xenófobas unas ideas que son las que ahora animan las propuestas de su gobierno. En este giro del PSOE hay, obviamente, un cálculo electoral, basado en el perjuicio que le supone en amplios sectores sociales afines elempecinamiento en ignorar el impactonegativo dela inmigración ilegal. Al margen de la motivación y del oportunismo del Ejecutivo, por puro interés nacional habrá que dar un margen deconfianza a la rectificación del Gobierno y valorarla en función de las reformas legales en las que se concrete. CONSTRUCCIÓN, BAJO MÍNIMOS C on datos de abril elaborados por Eurostat, el sector español de la construcción registra caídas superiores al 22 por ciento respecto al año anterior, muy por encima de la media de la UE. De forma simultánea se conocen nuevos datos de morosidad bancaria, provocada en buena parte por la crisis del sector inmobiliario, que también en abril registra un porcentaje que casi dobla el del año anterior: 0,7 por ciento de impagados morosos en 2007, frente a 1,3 por ciento el pasado mes. La cascada de datos negativos no cesa desde el pasado verano, el sector de la construcción presenta cifras a la baja desde hace ocho meses y la morosidad bancaria crece desde hace diez. La crisis económica empezó hace casi un año y, sin haber tocado fondo, sus efectos en primera y segunda vuelta dan la cara con el discurrir de las semanas. Hay factores externos que explican sus dimensiones, pero no hay factores internos ni decisiones para sembrar confianza y paliar sus efectos. Se suman así dos consecuencias: la propia crisis y la falta de respuesta que la agudiza.