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ABC MIÉRCOLES 18- -6- -2008 Corrupción en Andalucía ESPAÑA 17 ha colocado entre los cinco primeros grupos promotores de España en volumen de negocio, alcanzando una facturación de 755,81 millones de euros en 2007, con 2.716 empleados y 45.000 viviendas entregadas desde que el padre del actual presidente fundara su pequeña empresa en 1961. No hay sector donde el grupo cordobés no haya plantado sus reales, casi siempre con más luces que sombras. Todo empezó en El Algarve portugués, donde desarrolló a principios de la década media docena de Promociones. Para afianzar su posición adquirió por 360 millones el 50 de la firma turística Lutort, que comparte con el Grupo Inmobiliario de Caixa Catalunya (Procam) y anunció recientemente la inversión de 955 millones de euros para construir 2.490 viviendas en Vilamoura. Poco a poco, fueron cuajando operaciones inmobiliarias en Rumanía, Polonia, Marruecos y Brasil. El grupo Prasa cuenta con más de 70 firmas de áreas diversas- -que van desde los materiales de la construcción a la actividad cinegética y ganadera- Aparte de la promoción de viviendas, uno de sus principales campos de especialización son los servicios asistenciales a mayores, a través de Sanyres. Buque insignia de este negocio es su proyecto para construir un hospital, un hotel y una zona para consultas externas en el futuro parque tecnológico Rabanales 21, donde prevé invertir 90 millones. Su obra social se reparte entre el deporte- -tiene el 96,5 del Córdoba CF y patrocina el balonmano en Pozoblanco- -y la cultura a través de una fundación. Además, se ha hecho con un importante fondo de obras del pintor Julio Romero. En Torrecampo, donde hunde sus raíces la familia Romero, espera levantar un museo. En el punto de mira otra media docena de municipios de Málaga Manilva, Benalmádena, Canillas de Aceituno, Tolox, Cómpeta, Gaucín y La Viñuela son algunas de las localidades donde hay investigaciones en marcha J. M. C. MÁLAGA. La sombra de la corrupción en la Costa del Sol es alargada. Tras Marbella y Estepona, al menos media docena de municipios malagueños están siendo investigados por irregularidades urbanísticas, prevaricación y tráfico de influencias. Manilva, Benalmádena, Canillas de Aceituno, Tolox, Cómpeta, Gaucín y La Viñuela son algunas de las localidades que están en el punto de mira de la Justicia. El juez Miguel Ángel Torres, instructor de la Malaya y del caso Ballena Blanca ordenó la detención en 2005 del alcalde de Manilva, Pedro Tirado, un independiente que perteneció al GIL, por un delito de prevaricación urbanística al aprobar un proyecto de ejecución en suelo no urbanizable. El juicio contra Tirado, que dimitió tras su ingreso en prisión, está pendiente de señalización por la Audiencia Provincial de Málaga. También fueron denunciados los diez concejales que votaron el 18 de febrero de 2004 en un pleno a favor del proyecto de ejecución del parque ferial del municipio. La Fiscalía, además, denunció a la actual alcaldesa, Antonia Muñoz, de IU, por conceder una licencia en contra del PGOU con informes técnicos que alertaban de que no se adaptaba a la normativa. Otro municipio bajo sospecha es Benalmádena. La Fiscalía de Málaga interpuso en mayo de 2006 una denuncia contra el entonces alcalde, el independiente Enrique Bolín, por la supuesta concesión de una licencia municipal de obra en diciembre de 2004 para la construcción de un edificio en donde sólo se podían construir casas unifamiliares. Por su parte, el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo- Rubio, ha llevado ante los tribunales al alcalde de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno, el socialista José Manuel Aranda, por haber concedido entre 2005 y 2006 seis licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en terreno no urbanizable. Otro caso llamativo es el de Alhaurín El Grande, donde el alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP fue, ron arrestados por un presunto delito de cohecho. La Policía registró las dependencias municipales, centrándose en la oficina técnica de Urbanismo, de donde se llevaron numerosa documentación. Martín Serón y Gregorio Guerra fueron trasladados al juzgado de guardia de Coín y, posteriormente, puestos en libertad bajo fianza. Ambos políticos fueron deLos inicios, en Portugal Los posibles implicados- Pedro Tirado, ex alcalde independiente de Manilva. -Antonia Muñoz, actual alcaldesa de Manilva (IU) -Enrique Bolín, ex alcalde independiente de Benalmádena. -José Manuel Aranda, alcalde socialista de Canillas de Aceituno. -Juan Vera, alcalde andalucista de Tolox. -Leovigildo López, ex alcalde de Cómpeta (PP) -Desconocido, alcalde de Gaucín (PA) y otros cuatro concejales. -Juan Millán, alcalde socialista de La Viñuela. -Juan Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande (PP) -Gregorio Guerra, concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (PP) Seis viviendas unifamiliares tenidos en Marbella tras asistir a un almuerzo- mitin celebrado en dicha localidad, en el que intervino el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los dos ediles estaban en una cafetería junto a otros militantes de su partido cuando se personaron los agentes. La Fiscalía de Medio Ambiente denunció al alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista) al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por haber permitido la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable. La Fiscalía acaba de ampliar la denuncia por la autorización de nueve promociones en suelo no urbanizable y, en algunos casos, sin contar con los informes del secretario. El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López (PP) fue procesado por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable, tras una denuncia de la Junta. En Gaucín, la Fiscalía denunció al alcalde, Desconocido, y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística y por ello también se pidió la paralización de obra. También en la Serranía de Ronda existen otros proyectos planteados que afectan a quince millones de metros cuadrados de zona forestal de encinas, algunas de ellas bicentenarias. Los Merinos es un proyecto urbanístico faraónico que amenaza gravemente la cantidad y calidad del agua de un acuífero del que se abastecen varias poblaciones y que ha supuesto la muerte de miles de encinas en el paraje protegido como Reserva de la Biosfera por la Unesco Sierra de las Nieves y su entorno También ha sido denunciado el alcalde de La Viñuela, el socialista Juan Millán, quien se enfrenta a una petición de 18 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos, presuntamente cometidos al conceder tres licencias de obra para construir chalés en suelo no urbanizable sin que previamente se formalizara ningún cambio en la calificación del suelo, ni se hubiera justificado en los expedientes el interés social de los proyectos ni su vinculación a explotaciones agrarias.