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4 EDITORIALES DOMINGO 15 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) J. L. Sánchez Izquierdo (Deportes) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera LIBERTAD E EN LA ESCUELA l Tribunal Supremo ha reconocido la facultaddelas comunidadesautónomas paraexigir clasesmixtasaloscolegios concertados, perono ha declarado que la separaciónde alumnos por razón desexo sea ilegalo inconstitucional. El TS da la razón al Gobierno autonómico de Castilla- La Mancha frente a los colegios que reclamaban su derecho a organizarse internamente conforme a sus criterios. La doctrinadelAltoTribunal noresultasatisfactoria desde el punto de vista de los derechos constitucionales, pero tampoco permite usarla como ariete contra una forma de enseñanza- -la que separa niños y niñas- -que cuenta con el respaldo de muchos expertos y contra la que se vierten críticas, animadas fundamentalmente por prejuicios políticamentecorrectos. Pedagógicamente, tan respetable es la enseñanza diferenciada como la mixta. Para el Supremo, la separación por sexos no puede entenderse como una opción amparada por el derecho constitucional y, por esta razón, las autonomías pueden condicionar lafinanciacióndela enseñanza en centros privados a que los niños y niñas estén en las mismas aulas. El razonamiento del TS deja en manos de las autonomías la admisión o no de la enseñanza separada en los colegios concertados, pero introduce un elemento político grave porque no limita la discrecionalidad administrativa a la que quedan sometidos los titulares de los centros educativos y también las familias que desean un determinado tipo de enseñanza. La financiación pública de una actividad privada no debe convertirse en una servidumbre al Estado que el ciudadano pague con cuotas de libertad. EN DEFENSA DEL CASTELLANO ISPONE el artículo 3 de la Constitución que el castellano es la lengua española oficial del Estado y añade que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla Es evidente, por desgracia, que en determinadas comunidades autónomas se produce un trato discriminatorio hacia la lengua común en nombre de una falsa normalización lingüística. A los casos ya conocidos de Cataluña, País Vasco y Galicia, se suma en los últimos tiempos una política sin sentido en la Comunidad balear que ha provocado denuncias con notable eco en la opinión pública. Lo más sorprendente es que mientras la influencia y el prestigio de la lengua española crecen en todo el mundo, algunos sectores minoritarios pretenden erradicarla dentro del territorio nacional. El español es vehículo de una cultura de alcance universal y se ha convertido en un auténtico tesoro para nuestro país por su aportación al PIB y por el hecho indiscutible de que ha superado ya en todas partes al francés o al alemán como segunda lengua extranjera. Es lamentable que los intereses minúsculos de ciertos grupos nacionalistas pongan en peligro este legado cultural que los españoles compartidos con más de cuatrocientos millones de hablantes en todo el mundo. Es una prueba más de la estrechez de miras y el egoísmo localista que deberían ser incompatibles con el desafío global que plantea el siglo XXI. Por razones estrictamente partidistas, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y prefiere negar la evidencia de que son los propios socialistas los que alientan- -o al menos consienten- -esta minusvaloración de la lengua común. De este modo, el Gobierno hace dejación de una obligación constitucional de máxima relevancia en nuestro Estado autonómico. En efecto, según el artículo 149.1, en su apartado primero, de la Norma Fundamental, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes D constitucionales. Éste sería un ámbito muy apropiado para que el Ejecutivo desplegara esa tendencia a promover la igualdad que ahora mismo se malgasta por medio de un Ministerio innecesario, cuyas primeras ocurrencias no han podido ser menos afortunadas. Los muchos miles de personas que desean vivir en castellano en algunas comunidades autónomas que cuentan con alguna otra lengua oficial sufren una discriminación injustificada. En los centros de enseñanza, en las relaciones con la Administración autonómica o en el rótulo de los comercios, por poner sólo algunos ejemplos, quienes desean utilizar su propio idioma de alcance universal se ven postergados y a veces coaccionados. Cuando se denuncian los excesos más aparentes, la respuesta es el silencio o, peor todavía, la acusación de ser un extraño en la comunidad como si hablaran la lengua de un país ajeno. Es una falsedad intolerable desde el punto de vista histórico y sociológico, pero sería absurdo ignorar que funciona cada vez más en la realidad cotidiana. ABC informa hoy sobre la estrategia común que pretenden poner en marcha las diversas asociaciones en defensa del castellano que han ido surgiendo en distintos lugares donde la amenaza no sólo está en las páginas del Boletín Oficial, sino también en la práctica diaria. Estas asociaciones merecen el máximo apoyo desde la perspectiva de una defensa eficaz de la Constitución vigente y de las libertades democráticas. Aunque le resulten incómodas, el Gobierno no puede ignorar su existencia y los argumentos muy sólidos que aportan en favor de un bilingüismo efectivo. La fortaleza del castellano como vehículo de comunicación global contrasta con el aislamiento social que sufre en algunas zonas de España. No sólo hay que hacer que se cumpla la ley, sino sobre todo que se imponga el sentido común para evitar que en el futuro muchos niños españoles se vean privados de una de sus grandes bazas culturales por causa de una absurda mezcla de dogmatismo y oportunismo. EL CINTURÓN DE SOLBES i hay algo que tiene acreditado nuestro vicepresidente económico es su capacidad para mantener la calma. Sólo así se entiende que Pedro Solbes siga defendiendo- -en la entrevista concedida a ABC- -que creceremos al 3 por ciento en dos años si no cometemos errores El problema es que las previsiones no son la parte más brillante de su hoja de servicios. Sólo en lo que va de ejercicio, las correcciones a la baja suman dos tropezones; la inflación se suponía que cedería en mayo y los tipos de interés, hacia junio. Pero los precios y el Euribor vuelan en máximos históricos, crecemos un 0,3 por ciento el primer trimestre y nuestra deuda exterior y familiar son más que críticas, por no hablar de la de las comunidades y ayuntamientos, que reclaman al Estado un aumento de su financiación inviable en mitad de la mayor caída de recaudación y la peor sequía de crédito mundial de la última década. Por todo esto, no es justo que Solbes pronostique que todo irá bien y a la vez exija que nos apretemos el cinturón. S