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4 EDITORIALES MARTES 10 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) J. L. Sánchez Izquierdo (Deportes) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera EMBAJADORES POLÍTICOS l presidente del Gobierno ha despreciado soberanamente la política exterior de España durante su primera legislatura, por lo que no puede sorprender a nadie que ahora utilice sus competencias para designar a ciertos embajadores basándose en criterios más o menos arbitrarios, que atienden sobre todo a sus conveniencias partidistas y no a los intereses de la representación española en el exterior. Embajadores políticos los ha habido en todos los gobiernos de la democracia; no es esto lo que merece ser criticado. Lo malo es que en no pocos de estos nombramientos se adivina claramente la necesidad de premiar, compensar o alejar- -dependiendo de cada caso- -a políticos socialistas descabalgados de otros cargos institucionales o de partido, por encima de cualquier análisis de idoneidad para cumplir los cometidos que se suponen a un representante diplomático de España. La constante instrumentalización de los nombramientos por parte del presidente ya empezó con la formación de su nuevo Gobierno, donde se sientan ministros- -y ministras- -que han sido elegidos con la clara intención de cubrir absurdas cuotas territoriales y de género, en muchos casos sin tener en cuenta las características del puesto que tienen que desempeñar. La misma actitud se reproduce en la designación de embajadores, a pesar de que en España existe un excelente servicio diplomático profesional cuyas cualidades el Gobierno de Zapatero parece despreciar. E HUELGA: RAZONES Y LÍMITES UNQUE no se produjo el colapso generalizado que algunos habían previsto, la huelga de los transportistas provocó ayer fuertes retenciones circulatorias en las grandes capitales y en las fronteras, así como bloqueos en los puertos y desabastecimiento en algunas estaciones de servicio. Debe tenerse en cuenta que no todas las asociaciones profesionales apoyan los paros y que, además de la subida de los carburantes, están en juego viejas reivindicaciones de un sector que todavía tiene ajustes pendientes desde la reconversión industrial. En todo caso, el Gobierno se encuentra frente a frente con las consecuencias de una crisis económica que ha pretendido eludir mediante el abuso de eufemismos sin sentido. Hay crisis, sin duda, y los ciudadanos la notan en sus bolsillos, y ahora también con las dificultades en el desplazamiento y en el comercio que derivan de esta decisión de los transportistas. Parece que el Ejecutivo no está sobrado de ideas a la hora de afrontar un problema muy serio. Por ahora sólo se le ocurre crear una comisión de seguimiento y convocar reuniones sin un planteamiento claro. La nota singular la pone esta vez un alto cargo de Fomento que anuncia medidas potentes para mitad de semana, sin dar mayores pistas sobre su contenido, ni explicar por qué hay que perder unas horas tan valiosas para encauzar el conflicto. De momento, la propuesta de la Administración apenas se concreta en beneficios fiscales limitados y en mejoras insuficientes de las cargas sociales. Cuando se habla de tarifas mínimas o de repercusión en los precios del incremento del petróleo entra en juego el interés de los consumidores, cuyos representantes anuncian ya la impugnación de eventuales acuerdos perjudiciales. No es de recibo que sean los ciudadanos los que paguen la factura del interés legítimo, pero parcial, de los transportistas y de la ineficacia del Gobierno para hacer frente a un conflicto que desborda el nivel de los interlocutores actuales y exige la intervención de los ministros afectados. Tampoco sir- A ve echar toda la culpa a factores exteriores para eludir la propia responsabilidad, como hizo ayer José Blanco. Los años de bonanza se han perdido sin adoptar medidas estructurales y es lógico que en tiempos difíciles empiecen a fallar los elementos más frágiles del sistema de transporte por carretera. La huelga es un derecho constitucional que debe ser ejercido en el marco que establece el ordenamiento jurídico. Puesto que no existe una ley orgánica que lo desarrolle, hay que acudir directamente al artículo 28 de la Constitución y a la jurisprudencia que interpreta la norma todavía vigente. En todo caso, es imprescindible el respeto a los servicios esenciales de la comunidad, y el Gobierno debe garantizar que aquellos transportistas que deseen trabajar puedan hacerlo libremente. Bloqueos de carreteras y piquetes algo más que informativos son elementos que rebasan el límite legal del ejercicio del derecho. Nadie puede tomar como rehenes a los ciudadanos por mucha razón que tengan los huelguistas en sus reivindicaciones. Por eso el Ejecutivo tiene que garantizar el respeto a las leyes, compatible con una negociación flexible para buscar una salida a las pretensiones de un sector cuyas necesidades merecen ser atendidas. El llamamiento de los negociadores a un ejercicio pacífico del derecho de huelga está orientado en el buen camino. Millones de personas necesitan desplazarse cada día para acudir a su trabajo, echar gasolina a su automóvil y comprar la comida en la tienda o en el mercado. No es lícito impedir a través de coacciones directas o indirectas que la vida cotidiana se desarrolle con la debida normalidad. De hecho, los transportistas perderían la razón que les asiste y la propia confianza de los ciudadanos si no respetan los límites legales y sociales propios de una sociedad democrática. Si el Gobierno no es capaz de combinar la firmeza con la flexibilidad, habrá demostrado esa incapacidad que ya le reprocha la opinión pública. EL FUTURO DE HILLARY CLINTON ás de dieciocho millones de votantes han apoyado a la senadora Hillary Clinton en las elecciones primarias del Partido Demócrata, patrimonio político que le permite mantener una influencia considerable en lo que queda de trayecto hasta la designación de un nuevo presidente norteamericano. De su férrea determinación para continuar luchando hasta el último momento sabemos que, pese a reconocer la victoria de Barack Obama, no renuncia a seguir participando en la carrera electoral. Sin embargo, la escasa diferencia en el numero de delegados no refleja las dimensiones reales de la victoria de Obama, cuyo impulso político le ha sobrepasado claramente. Muchos dudan de que un tándem presidente- vicepresidenta fuera la mejor opción para enfrentarse al candidato republicano, de modo que Obama deberá encontrar el mejor acomodo posible para encajar a su adversaria, de manera que pueda preservar y aprovechar el apoyo de quienes han dado su confianza a la antigua primera dama. M