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22 ESPAÑA La ofensiva etarra s El frente judicial VIERNES 6 s 6 s 2008 ABC El TS admite como prueba de ANV documentos sobre presuntas torturas Portu y Sarasola, acusados por la T 4, fueron aplaudidos por la alcaldesa de Hernani NIEVES COLLI MADRID. La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido como prueba documental en el proceso que determinará si procede ilegalizar PCTV y ANV varios documentos relacionados con las presuntas torturas que habrían sufrido los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos e imputados como autores del atentado contra la terminal T 4 del aeropuerto de Madrid, en el que murieron dos personas. Esas pruebas han sido propuestas por ANV con la intención de contrarrestar otras, incorporadas al procedimiento a petición de los demandantes (Fiscalía y Abogacía del Estado) y que vendrían a demostrar la identificación de esta formación con ETA. En este sentido, la Sala Especial del Supremo también tendrá que valorar el auto con el que la Audiencia Nacional, el pasado 3 de abril, declaró delictivo el aplauso que la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (de ANV) trasladó a Portu y Sarasola durante un acto preelectoral. La primera edil está imputada por enaltecer a ETA. Otras pruebas serán el auto de prisión de la también alcaldesa de ANV Inocencia Galparso, ro, imputada vulnerar la suspensión de actividades del partido ordenada por el juez Baltasar Garzón, así como las resoluciones que suspendieron dichas actividades tanto de ANV como de PCTV Entre la documentación sobre las presuntas torturas a Portu y Sarasola, la Sala incluye el reconocimiento médico realizado a los dos etarras el 7 de enero; el acta del pleno del ayuntamiento de Lesaca (Navarra) de donde ambos son originarios, durante el que se trató el asunto; las declaraciones públicas realizadas sobre esos hechos por Aralar y Batzarre; y, por último, las resoluciones de las Juntas Generales de Guipúzcoa y el Parlamento vasco. La Sala ha rechazado, por el contrario, las declaraciones judiciales de los dos terroristas. Otro bloque de pruebas propuestas por ANV y aceptadas por el Supremo, se refiere a la financiación. La defensa solicita, entre otras, facturas giradas por los periódicos Gara y Berria por inserciones publicitarias; certificaciones del nombramiento de militantes de esta formación como cargos municipales así como certificaciones de las retribuciones que por este motivo percibió ANV; la Sala también remitirá oficios a distintas empresas para determinar la autenticidad de facturas libradas a ANV y el concepto al que corresponden; lo mismo se hará con dos ingresos de 75.005 y 18.000 euros. El Supremo también ha admitido los textos presentados por ANV en varios ayuntamientos tras los atentados de ETA contra la sede del PSE de Derio y los cuarteles de la Guardia Civil de Durango y Legutiano. Un guardia civil fue asesinado en esta última acción criminal. En cuanto a las pruebas solicitadas por el PCTV, la Sala del 61 admite, entre otras, los estatutos de Batasuna y EH y ejemplares del diario Gara. EFE El Rey visita la UEI de la Guardia Civil, que cumple 30 años S. M. el Rey visitó ayer la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, con motivo del 30 aniversario de su creación. Entre sus actuaciones destaca la liberación de Ortega Lara y la resolución de 18 motines en prisiones y cinco secuestros aéreos. El etarra juzgado por la muerte de Lidón, libre por tercera vez La Sala cuestiona la veracidad del único elemento inculpatorio la declaración policial de un condenado por estos hechos S. SANZ MADRID. El etarra Urtzi Murueta, absuelto esta semana por la Audiencia Nacional de ordenar realizar los seguimientos al juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón, asesinado el 7 de noviembre en 2001, ya quedó antes en libertad dos veces por decisiones de este órgano, tras haber sido detenido por actos de terrorismo callejero. Murueta, que abandonó el pasado martes la prisión de Fontcalent (Alicante) fue arrestado en marzo de 2001 por la Policía acusado de intervenir en el incendio de una oficina de Correos en Berango (Vizcaya) En mayo de 1988, no puedor ser capturado por la Ertzaintza en una operación contra un grupo Y pero Murueta se presentó cuatro días después en la Audiencia, donde el instructor lo dejó libre. Si bien en el caso Lidón el Ministerio Público pedía para él 30 años de prisión por un delito de asesinato terrorista en grado de colaborador necesario, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado su excarcelamiento. El tribunal considera que la inculpación de Murueta recogida en una declaración policial del etarra Orkatz Gallastegui, ya condenado por estos hechos, no viene corroborada por datos fácticos mínimamente acreditados Mientras el tribunal estima que existían diversos elementos para confirmar la verosimilitud de la autoinculpación de Gallastegui en la causa contra éste, en lo referente a Murueta no mantiene la misma tesis. La Sala reconoce que esas expresiones de Gallastegui en sede policial fueron ciertas pero pone en duda su veracidad. Y ello lo hace a tenor, según recoge la sentencia, de que Gallastegui tanto en la comparecencia ante el juez instructor como en el acto del plenario se retractara de lo dicho en un primer momento, recurriendo al bulo de las torturas. Una forma de actuar habitual de estos acusados, que se ciñen así a lo fijado en los manuales etarras. Además, la Sala califica de mera referencia al contenido de lo declarado por Gallastegui los testimonios de los funcionarios policiales y del letrado que le asistió tras su detención. Todos ellos negaron durante la vista que éste hubiera recibido malos tratos. También se libró ayer de la cárcel Igor Mayora Zumeaga, acusado de un ataque de violencia callejera contra una sucursal bancaria de la capital alavesa el 19 de mayo de 2007. En una sentencia hecha pública ayer, la Sección Segunda esgrime no poder acreditar que los restos de ADN encontrados en la bolsa en el que se habría transportado el artefacto de la acción de kale borroka se correspondan con su perfil genético. El Ministerio Fiscal solicitaba para Zumeaga cinco años de cárcel, una multa de 24 meses y una inhabilitación absoluta por 13 años por un delito de daños terroristas contra la entidad bancaria, que se cuantificaron en 24.357, 96 euros. Auto de prisión de Galparsoro Otro borroka elude la cárcel Sí a los demandantes El alto Tribunal ha admitido todas las pruebas solicitadas por el fiscal y el abogado del Estado, así como que los policías y guardias civiles citados a declarar lo hagan con las garantías que ofrece la ley de protección de testigos. La Sala contará con informes elaborados por los investigadores y con el contenido de comunicaciones intervenidas por orden de la Audiencia Nacional. El Supremo contará con informes policiales y con el contenido de comunicaciones y correos intervenidos ABC. es Las resoluciones dictadas por la Sala del 61 del Tribunal Supremo en abc. es españa El compañero de Murueta recurrió durante la vista al bulo de las torturas en su testimonio a la Policía ABC. es Sentencia absolutoria del etarra Urtzi Murueta en www. abc. es