ABC MADRID 06-06-2008 página 19

ABC VIERNES 6 s 6 s 2008 ESPAÑA 19 El peso de la Justicia En el problema de la imagen de la Justicia- -cuya metafórica ceguera ante las presiones acentúa la necesidad de generar confianza- -está, en primer lugar, la sensación generalizada de falta de independencia ni el modo de aplicación de la ley ni las pruebas del caso. Esta ligereza irrita a los profesionales de la Administración de Justicia, pero las consecuencias de su exposición pública es también parte del sistema. Es decir, si cumple a la Justicia explicar adecuadamente sus resoluciones no hay justificación alguna para impedir las críticas. Es más, impedirlas haría más daño al sistema que la hipotética ligereza de muchas de ellas. Y, por otra parte, la honorabilidad y el buen hacer de la inmensa mayoría de los jueces y otros profesionales no atempera algunas deficiencias, con consecuencias gravísimas en ocasiones, que habría que tratar de solucionar con urgencia. En el problema de la imagen de la Justicia, cuya metafórica ceguera ante las presiones no quita, sino que acentúa, la necesidad de generar confianza, está, en primer lugar, la sensación generalizada de falta de independencia. De un lado, el CGPJ se presenta ante la opinión pública como una suerte de pequeño parlamento sometido a una férrea disciplina de voto en la que podemos adelantar la posición de conservadores y progresistas casi sin atender al fondo de los asuntos. No hay duda de que el anterior sistema de elección de sus miembros, además de ajustarse mejor a la Constitución, garantizaba más eficazmente su independencia. Pero la participación en su elección de las cámaras no debe significar, como significa ahora, que el Consejo deba organizarse en mayoría y minoría en función de la composición parlamentaria. No hay atisbo de que sus miembros sean consensuados, por su trayectoria e independencia, por los políticos, ya que el sistema de cuotas desvirtúa su eficacia y sentido. Hasta tal punto el Consejo ha sido un órgano de discusión política, en el que incluso se ha utilizado un tono más agrio que en el debate político, que Germán Yanke a Justicia no deja de estar en el centro de las disputas y los escándalos. Hay quizá en ello un punto de injusticia, valga el juego de palabras, tanto por la generalización de una mala imagen a costa del trabajo serio y concienzudo de muchísimos profesionales, como por la ligereza con la que a menudo se valoran determinadas decisiones llamativas. Vale más la sorpresa aparente ante una decisión judicial que el conocimiento preciso de sumarios, que los comentaristas no han estudiado, sin valorar L ahora descubrimos que todas esas preocupaciones, al menos ante el común de los ciudadanos, han tenido más preponderancia que la insistencia en las deficiencias organizativas y técnicas, al menos hasta que algunos escándalos e informaciones periodísticas los han puesto de manifiesto. Si el Consejo insiste ahora en su reclamación ya antigua de la Oficina Judicial y de los medios necesarios, deberá reconocer que la imagen de su trabajo no es precisamente la de su preocupación por lo que verdaderamente mejora la Justicia. Las disputas políticas en el gobierno de los jueces son las que dificultan su necesaria y ya demasiado retrasada renovación, pero no será posible hacerla correctamente si los legisladores y sus partidos no proporcionan, más allá de nuevos pactos interesados, un cambio de criterio. Un cambio de criterio que pasa por no considerarse parte sino representantes de Las disputas políticas en el gobierno de los jueces dificultan su necesaria y demasiado retrasada renovación todos los españoles ante un poder, el judicial, que es el que, con la necesaria independencia, garantiza los derechos de los ciudadanos. Un ejemplo paradigmático de este desvirtuado punto de vista es el TC, que no es parte de la Administración de Justicia, pero sí el más alto tribunal para la garantía de la legalidad constitucional. En torno a los recursos contra el Estatuto de Cataluña se han desplegado recusaciones, algunas atrabiliarias, un cambio legislativo sorprendente para mantener a la presidenta en su puesto, descalificaciones políticas, etc. En definitiva, la intromisión de la política en el tribunal para que esté más inclinado a los intereses de parte que a la salvaguarda de la constitucionalidad del texto. En torno al fallecimiento del magistrado García Calvo o a las sospechas generadas por una conversación de la presidenta Casas con una abogada late también la impresión de que una u otra ausencia en la decisión final inclinará la balanza del lado del Gobierno o de la Oposición. Lamentable toparse con una realidad así en un Estado de Derecho. Si el necesario consenso para renovar órganos y modernizar la justicia se aborda con idénticos criterios se habrá perdido, una vez más, la ocasión oportuna.