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4 EDITORIALES VIERNES 6 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera MÁS CASTIGO C A LA PEDERASTIA onseguir un millón de firmas reclamando la cadena perpetua para los pederastas sin más medios que el tesón, un vehículo propioy unamesapetitoria es un mérito digno de reconocimiento para la familia de Mari Luz Cortés. Su ejemplar conducta ha sido reconocida incluso por el Congreso, que ha instado al Gobierno a endurecer las penas para los pederastas y a crearun registro eficaz para evitar fallos en el seguimiento de estos delincuentes. La iniciativa es acertada y sería un error que quedara olvidada en un cajón de Moncloa o diluida en un maremágnum jurídico engañoso. El Gobierno noaceptará regular lacadena perpetua, pero sí está en su mano modificar el sistema de cumplimiento de penas para los pederastas y el sistema post- penitenciario. ¿Quién se puede oponer, por ejemplo, al cumplimiento íntegro de condenas hasta un máximo de cuarenta años, que sí está en vigor paraterroristas? Además, nopor el hecho de que un pederasta- -como cualquier otro agresor sexual- -haya cumplido una condena desaparece automáticamente su peligrosidad. Es aconsejable aprobar medidas cautelares posteriores a la condena que aseguren una supervisión eficaz y eviten la reincidencia. Sólo en este contexto cobrará todo su sentido el registro que se pretende crear, cuyo éxito o fracaso dependerá de cómo se regule. Sin duda, surgirá un denso debate jurídico sobre en qué momento procesal un agresor debe ser incluido en el registro, o sobre cuándo podrá desaparecer de él osobre la vigenciadelos antecedentes penales. Pero lo inaplazable es quesea eficaz y no se convierta en otra rémora administrativa, vistosa pero inútil, de nuestra Justicia. LA ENCRUCIJADA ÉTICA DE CASAS A polémica sobre la conversación telefónica que mantuvieron la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y una abogada, actualmente en prisión por inducir al asesinato de su ex marido, se ha agravado tras la publicación de la transcripción del diálogo entre ambas. La actuación de la magistrada Casas no fue tan inofensiva como habría sido deseable para mantener su condición institucional libre de todo reproche. Por el contrario, la presidenta del TC incurrió en diversas temeridades directamente relacionadas con su cargo: se ofreció personalmente en dos ocasiones a volver a hablar con la abogada, pidiéndole que lo hiciera si presentaba un recurso de amparo ante el TC. Por tanto, la conversación dejó de tener contenido estrictamente privado desde el momento en que Casas involucró su condición de magistrada y presidenta del TC para, al menos, interesarse por un futuro recurso de amparo cuya resolución podía caer en sus manos. Objetivamente, Casas ya puso en entredicho su imparcialidad por anticipado. En cuanto a la comisión de un acto de asesoramiento ilegal, el Tribunal Supremo entendió ayer, al archivar las diligencias, que Casas no actuó con el dolo que exige el Derecho Penal, pero sí hubo indicaciones a la abogada que iban más allá de la mera opinión jurídica. La presidenta del TC admitió que había estudiado la documentación del caso antes de hacer la llamada y que había hecho alguna averiguación sin concretar en qué consistió. Además, sugirió a su interlocutora que provocara una actuación judicial para impugnarla en amparo ante el TC. Casas dio a la abogada ideas jurídicas para su defensa. Es cierto que la presidenta del TC reconoció en la conversación que era difícil asesorarla jurídicamente, pero esto no quiere decir que no lo hiciera. Por otro lado, Casas no zanjó la conversación en cuanto la abogada reconoció que la familia de su ex marido le acusaba de su muerte. Antes bien, prosiguió la charla con una L cordialidad inexplicable en una magistrada que acaba de oír que sobre su interlocutora hay sospechas de un crimen. A mayor abundamiento, fue la propia María Emilia Casas la que llamó a la abogada, y en la conversación no ahorró críticas a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid contra la absolución del ex marido en un juicio de faltas. Con estos datos no era necesario que la Sala Segunda del Tribunal Supremo incoase diligencias penales- -como así ha ocurrido- -para que María Emilia Casas sea consciente del daño que ha hecho a su condición de presidenta del TC y actúe en consecuencia. Los jueces no pueden ser los que asuman la última palabra sobre la efectividad de las responsabilidades políticas e institucionales de los altos cargos del Estado. Esta no es más que una coartada para buscar la impunidad ética y política en los estrictos límites del Derecho Penal. Sin duda alguna, María Emilia Casas es una jurista en la que se cumple la condición del reconocido prestigio Pero no se trata ahora de cuestionar su calidad como jurista, sino su idoneidad para seguir presidiendo el órgano encargado de velar por la Constitución. Es muy difícil negar relevancia ética a la torpe conversación telefónica de la presidenta del Tribunal Constitucional con la abogada. Otra cosa es que no existan mecanismos efectivos para la exacción de responsabilidades no penales en casos como éste, situación que no es privativa del TC y que sume a los altos cargos del Estado en un limbo de inviolabilidad. Pero, al margen de estas carencias del Estado de Derecho, es evidente que Casas se halla en la encrucijada de ser leal a las exigencias éticas de su cargo o a las expectativas políticas que el Gobierno ha descargado en su voto- -que puede ser de calidad en caso de empate- -para resolver importantes recursos de constitucionalidad aún pendientes. No debería tener dudas sobre cuál es la opción correcta. MADRID, BUENA NOTA PARA 2016 N oticias muy favorables para la candidatura olímpica de Madrid: la capital de España superó con brillantez el corte establecido por el Comité Olímpico Internacional, obteniendo la segunda mejor puntuación, a solo dos décimas de Tokio, y con bastante ventaja sobre Chicago y Río de Janeiro. Hay que felicitar a los responsables municipales porque el trabajo bien hecho suele ofrecer buenos resultados. Madrid ha mejorado notablemente en algunos puntos débiles, que probablemente impidieron el éxito en la etapa anterior, y obtiene la máxima puntuación en aspectos tan relevantes como infraestructuras, financiación y medio ambiente. La idea de una ciudad integradora, en la que viven personas que proceden de más de 150 países, resulta muy atractiva en la sociedad global del siglo XXI. El apoyo social y político, resaltado también por el COI, es otra baza que puede ser determinante.