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ABC JUEVES 5 s 6 s 2008 Polémica por el asesoramiento de Casas a una abogada s La situación del TC ESPAÑA 19 El Tribunal de los líos Distintos episodios vividos en los últimos años por el Tribunal Constitucional, así como las polémicas surgidas en torno a sus decisiones o a su renovación, han empañado su imagen POR NIEVES COLLI MADRID. La utilización política a la que ha viene siendo sometido el Tribunal Constitucional; la aparentemente incurable división ideológica del Pleno; la polémica protagonizada por su presidenta, María Emilia Casas, por su conversación con una abogada investigada en la comisión de un crimen y la incapacidad de los partidos mayoritarios, PSOE y PP, para afrontar su renovación son las vicisitudes que rodean la agitada historia reciente de una institución que en estos momentos goza entre los ciudadanos de una credibilidad mermada. A todo ello se suma la repentina pérdida de uno de sus miembros, Roberto García- Calvo, respecto del cual queda aún por aclarar, y así lo ha pedido el PP en el Congreso, si fue objeto de seguimientos por el CNI. Portadas y una de las páginas interiores con las que ABC reveló el caso en el que se ha visto implicada la presidenta del TC Casas y de García- Calvo, el Pleno decidió aceptar- -por un apretado seis a cinco- -la presentada contra Pérez Tremps al entender que la imparcialidad de este magistrado para juzgar la constitucionalidad de la norma autonómica había quedado comprometida por las opiniones que vertió en un estudio que le fue encargado por la Generalitat. Las dificultades que tuvo el Pleno para resolver esta segunda recusación empezaron a minar la imagen de la institución, que se mostró ante los ciudadanos dividida en dos bloques prácticamente irreconciliables. La recusación de Pérez Tremps provocó una honda división entre los magistrados considerados progresistas (contrarios a apartar de las deliberaciones del Estatuto a un magistrado supuestamente adscrito a este grupo) y los llamados conservadores (en cuya opinión Pérez Tremps estaba contaminado) Las largas jornadas de deliberaciones se sucedieron durante varios días sin que los once miembros del Pleno lograran acercar posiciones, fractura que quedó perfectamente plasmada en un auto votado por seis magistrados y contra el que otros cinco presentaron votos particulares. La guerra de recusaciones se reprodujo con toda su crudeza con ocasión del recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) Aceptadas por el Pleno las abstenciones de la presidenta y del vicepresidente, Guillermo Jiménez, afectados por la llamada enmienda Casas (que estableció la prórroga automática de sus mandatos) en esta ocasión fue el Gobierno quien aportó su granito de arena para minar aún más el prestigio de la institución. El Abogado del Estado recusó a Roberto García- Calvo y a Jorge Rodríguez- Zapata, ambos del sector conservador y considerados muy incómodos para el Ejecutivo. Sin Casas y Jiménez, el reparto de fuerzas en el Pleno quedaba en un hipotético empate a cinco, que sólo se rompería si el presidente en funciones, Vicente Conde (al que se sitúa en el sector conservador hacía uso del voto de calidad. De ahí el interés del Gobierno en eliminar a GarcíaCalvo y a Rodríguez- Zapata. Estas dos recusaciones fueron aceptadas por unanimidad de los ocho magistrados que se salvaron de la quema; y la ley orgánica del Tribunal, avalada con los votos a favor de cinco vocales progresistas Los otros tres magistrados conservadores se posicionaron en contra y emitieron votos particulares. La división ideológica volvía a producirse. ABC Las recusaciones Estatuto y LOTC De derecho a herramienta útil La guerra de las recusaciones dentro del Tribunal empezó en relación con el Estatuto de Cataluña. El Partido Popular recusó a Pablo Pérez Tremps y a la presidenta, María Emilia Casas; la Generalitat contraatacó con la recusación del recientemente fallecido Roberto García- Calvo. La posibilidad que la ley ofrece al justiciable cuando éste duda de la imparcialidad del tribunal o de alguno de sus miembros quedó convertida, en éste y en otros asuntos espinosos que ha abordado el Constitucional, en una herramienta útil para intentar quitar de en medio a los magistrados supuestamente hostiles y conseguir así un perfil ideológico del Pleno afín con los propios intereses. En este juego ha entrado también el Gobierno con ocasión de los debates sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero volviendo al Estatuto catalán, tras rechazar por unanimidad las recusaciones de La renovación Cinco plazas pendientes lo después vendría el momento de negociar en el Senado los cuatro nombres para la renovación parcial. Los otros (el PSOE y el Gobierno) son partidarios de abordar de forma conjunta no sólo las cinco vacantes del TC- -sin dar prioridad a la de García- Calvo- -sino también la renovación del CGPJ, institución que lleva en funciones un año y medio. El pacto que no llega entre PSOE y PP Que la renovación parcial del Tribunal es necesaria (el mandato de los cuatro vocales nombrados por el Senado venció el pasado mes de diciembre) es algo sobre lo que nadie duda y sobre lo que no hay discrepancias. Pero la tarea no es fácil y prueba de ello es la incapacidad de los dos grandes partidos de llegar a un acuerdo sobre este asunto, a pesar de la voluntad expresada tanto por el PP como por el PSOE (y por el Gobierno) de desbloquear las negociaciones. El centro de la discusión está en que unos (el PP) quieren que en primer lugar se cubra la vacante dejada por García- Calvo con un candidato que, como el fallecido, sea propuesto por el PP. El repentino fallecimiento del magistrado justificaría la urgencia de su sustitución (los precedentes lo avalan) Só- El PP pide explicaciones Espionaje a García- Calvo El Congreso dirá si comparece De la Vega El último episodio, más propio de la ficción que de la realidad, afectó a Roberto García- Calvo, sometido a seguimientos del CNI y víctima de una operación de los servicios secretos, según publicó la revista Época El semanario atribuyó al centro de Inteligencia el montaje de una denuncia por una discusión de tráfico en la que se habría visto envuelto el magistrado y durante la que habría sacado un arma. Estos hechos fueron denunciados ante el Supremo, pero el denunciante no se ratificó. El PP ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, aunque la Comisión de Secretos Oficiales aún no ha tomado una decisión. El PSOE se ha mostrado contrario. El TC aún debe resolver los recursos contra la LOPJ, el matrimonio homosexual o el Reglamento del Senado