Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
60 MADRID Una privatización con polémica MARTES 3 s 6 s 2008 ABC La venta del 49 por ciento de la funeraria fue el arranque de 16 años de litigios Las denuncias de la oposición llegaron a la Fiscalía Anticorrupción y de ahí al TSJM S. M. MADRID. La venta del 49 por ciento de la funeraria municipal a la empresa Funespaña, en diciembre de 1992, originó una tormenta de críticas y denuncias que terminaron en los tribunales. El proceso ha saltado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Audiencia Provincial, y ha pasado de tener 14 imputados a 9. Lo que el Fiscal Anticorrupción consideró en su día una operación concebida para favorecer a una determinada sociedad mercantil ha concluido con un acusado y ocho personas absueltas por delitos que, en muchos casos, se han constatado pero no son punibles porque han prescrito. La historia del caso Funeraria se inició en 1992. La empresa, dedicada a los enterramientos en la capital, comenzaba a sufrir problemas económicos derivados, entre otras causas, de la rebelión de las empresas privadas del sector contra el monopolio que permitía a la funeraria municipal ser la única en realizar las inhumaciones en la capital. En ese escenario, el pleno municipal del mes de diciem- bre decidió- -con la mayoría del PP- -adjudicar el concurso convocado para encontrar un socio privado que sacara a la funeraria municipal de la situación de quiebra en que se encontraba. La adjudicataria fue Funespaña, una pequeña compañía de Almería. Pagó 100 pesetas por su 49 por ciento de la funeraria municipal. La entrada del socio privado- -que además, cobraba por su gestión de la empresa un 20 por ciento de los beneficios netos antes de impuestos- -dio un vuelco a la situación: la caída de servicios- -de los 27.000 habituales al año se pasó a 23.600 en ese año 1992- -se frenó, y llegaron los beneficios. La oposición municipal montó en cólera ante la privatización parcial, y denunció irregularidades en el proceso de venta y también en el posterior funcionamiento de la ya Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Izquierda Unida pasó a la acción y en 1996 planteó una denuncia ante el Fiscal Anticorrupción. Éste asumió el caso y en 1999 presentaba una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con catorce imputados- -varios de ellos cargos políticos- -acusados de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y delitos fiscales, entre otros. El juicio se fue demorando en su inicio. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió inhibirse del caso- -que le había caído por estar aforado uno de los acusados, Luis María Huete, que entonces era diputado regional- -en favor de la Audiencia Provincial. Ésta instancia inició el juicio en mayo de 2007, y ayer dictó sentencia. La oferta de Funespaña para hacerse con el 49 por ciento de la funeraria, según reconoce la sentencia, fue de 100 pesetas más un compromiso de inversión de otros 200 millones en el futuro. El resto de lo que denominaba oferta económica, hasta llegar hasta la suma de 4.058.750.100 pesetas que como precio señalaba la oferente en el título de su oferta, carecía de virtualidad dice el fallo. La sentencia fija el daño a los intereses públicos causado por la venta del 49 por ciento de la Funeraria a esta empresa en 1.236.269.900 pesetas. Cobro por la gestión Desde que Izquierda Unida llevó el caso a juicio, en 1996, hasta la sentencia de ayer han pasado doce años