ABC MADRID 02-06-2008 página 37

ABC LUNES 2 s 6 s 2008 INTERNACIONAL 37 Chávez crea en Venezuela una policía secreta calcada de la Cuba de Castro Los ciudadanos serán penados con hasta seis años de cárcel si no colaboran con los nuevos servicios de inteligencia LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL BOGOTÁ. Los venezolanos que critican y disienten del régimen deberán afrontar hasta 6 años de cárcel si se les aplica la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que acaba de promulgar el presidente Hugo Chávez, por no cooperar con la policía secreta. La polémica ley- decreto que lanzó esta semana obliga a toda persona, empresa u organización no gubernamental a colaborar y mantener la confidencialidad o secreto de la información o datos requeridos sin previa orden judicial ni participación fiscal. Y si se opone, se estaría atentando contra la seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación lo cual podría ser castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión en el caso de particulares, y de 4 a 6 años para los funcionarios públicos. El ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que el nuevo sistema de inteligencia y contrainteligencia sustituye a la Disip, policía política, y a la DIM, División de Inteligencia Militar. Las nuevas serán organizaciones secretas de verdad Entre sus funciones mencionó la de identificar, prevenir y neutralizar toda actividad interna o externa ejecutada por cualquier factor que pretenda atentar contra el orden constitucional y las instituciones democráticas Chávez acusó al imperio de atacarlo: Ya los grandes medios comenzaron a atacar esta UN ESTADO POLICIAL Chávez promulgó el día 28 el decreto ley de inteligencia y contrainteligencia que entra en vigor en un año Desaparece la Disip (Dirección General de Servicios de Inteligencia y Prevención) y DIM (Dirección de Inteligencia Militar) Se crean la Dirección General de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Una ley antiimperialista para el Gobierno, mientras la oposición ve la amenaza de un Estado policial ley, tratando de confundir y señalando que es una ley represiva, que va contra el pueblo y los periodistas Para la presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la nueva ley te obliga a volverte sapo (delator) en términos compulsivos y se refiere a los que han tenido que delatar hasta a sus familiares en los regímenes dictatoriales. Advierte que el Gobierno busca silenciar a los periodistas críticos, políticos y activistas de los derechos humanos. Intentan aplicar un patrón similar al G- 2 y a los Comités de Defensa de la Revolución que existen en Cuba como el espionaje social Para el diario El Nacional se trata de copiar a la Gestapo alemana, pero otros la comparan con la KGB, la policía secreta soviética, la de Pinochet o la de Videla en el Cono Sur. Nos deja estupefactos que se recaben las pruebas sin control judicial ni participación fiscal admite el jurista Juan Martín Echeverría. En su opinión, el texto es inconstitucional y la indefensión absoluta frente al poderoso régimen El general retirado Francisco Usón señala que se castiga no sólo a la persona que reveló el dato, sino a todo aquel que tenga conocimiento de ella. Equivale a la ley mordaza pero para la ciudadanía en general Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, señala que el Gobierno intenta establecer el Estado policial, donde nos estamos vigilando unos a otros en aras de un concepto de seguridad de la nación que no está definido Y advierte que se ha creado en el país una inseguridad jurídica tremenda, donde todos somos sospechosos y objeto de vigilancia Las autoridades que consideren como confidencial o secreta las informaciones que publican periodistas y políticos pueden aplicarles sanciones y responsabilidades civiles, penales y administrativas Gestapo, KGB o Pinochet Enfrentamiento en el departamento de Beni, entre opositores y partidarios de Morales, que boicotearon el referéndum autonómico REUTERS Otras dos regiones desafían a Evo Morales con un referéndum BALDWIN MONTERO CORRESPONSAL LA PAZ. En medio de incidentes violentos, los habitantes de los departamentos bolivianos de Beni y Pando participaron ayer en referendos para aprobar sus estatutos autonómicos, proceso que es rechazado por el Gobierno del presidente Evo Morales. En Beni, los sectores sociales afines al Poder Ejecutivo impidieron la votación en seis poblaciones de las provincias Ballivián y Moxos, según informó la Corte Departamental Electoral. En total, 20 mesas electorales no pudieron instalarse. En Pando, en una decena de recintos electorales tampoco se pudo realizar la votación debido al control de los sindicatos oficialistas de campesinos, indígenas y colonizadores. Durante la mañana de ayer, en Trinidad, la capital del departamento de Beni, se registró un enfrentamiento entre las bases oficialistas y los sectores autonomistas, con el saldo del destrozo de la sede campesina. En este incidente participaron los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Cívico de Santa Cruz, departamento en el que el pasado 4 de mayo el 85 por ciento de los electores votaron a favor de la aprobación de su estatuto autonómico. Después de Beni y Pando, el próximo 22 de junio los ciudadanos de Tarija también acudirán a las urnas para decidir sobre su estatuto autonómico, a pesar de que el Gobierno y la Corte Nacional Electoral, presidida por un vocal designado por el presidente Morales, desconocen estos procesos. En Pando, la Corte Departamental Electoral no pudo instalar siete mesas de votación debido a un bloqueo campesino instalado en el municipio de Filadelfia, a 40 kilómetros de la capital, Cobija. En esta población, 19 delegados electorales fueron retenidos por los campe- sinos, según informó el alcalde, Antonio Aguilera. No permitiremos que en nuestra población se instale este proceso ilegal justificó. El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que los referendos fracasaron debido a la escasa asistencia de los pobladores de Beni y Pando mientras los gobernadores de estas dos regiones señalaron que los procesos fueron un éxito. La gente cumplió con su compromiso con las autonomías, como lo hizo en julio de 2006 destacó el gobernador de Beni, Ernesto Suárez. En esa fecha, el 75 por ciento del electorado beniano aprobó en un referéndum nacional la instalación de un sistema autonómico en Bolivia. Fracaso según el Gobierno