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4 EDITORIALES DOMINGO 1 s 6 s 2008 ABC DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO DIRECTOR: ÁNGEL EXPÓSITO MORA Director Adjunto: Eduardo San Martín. Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer, José Antonio Navas y Pablo Planas. Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado. Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro. PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: JOSÉ MANUEL VARGAS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área de Publicidad: Adolfo Pastor Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera RAJOY REAFIRMA SU DISCURSO ESPUÉS de la tempestad, parece ir encauzándose poco a poco la crisis del PP El acto de ayer en Vallodolid, con una nutrida presencia de barones territoriales, supuso un espaldarazo para la candidatura de Mariano Rajoy. Es hora de resolver las diferencias internas y dedicar todo el esfuerzo a una labor de oposición imprescindible frente a un Gobierno desbordado por la crisis económica y por su incapacidad para reconducir el debate territorial. Sólo la ausencia de Esperanza Aguirre en Valladolid puso la nota discordante, lo que puede ser interpretado como una negativa a traspasar las puertas que le abrió anteayer Rajoy para formar parte de su equipo tras el congreso. Los populares deben llegar a esa cita con un acuerdo sólido entre los protagonistas de una crisis que sólo beneficia a los socialistas y, sobre todo, debe salir de Valencia con un liderazgo firme y una imagen de unidad que no deje margen a especulaciones interesadas. Tampoco María San Gil estuvo en el acto de ayer, pero las circunstancias son diferentes en este caso porque ella ya ha anunciado su retirada de la primera línea política tras admitir que discrepa de la línea marcada por la dirección del partido. Además, es cierto que el PP vasco estuvo ampliamente representado por destacados líderes. Rajoy, al repetir ayer que las críticas no van a minar mi voluntad y que acepto que alguien se crea mejor, pero no que cuestione mis principios reafirmó su firme voluntad de liderar el PP en los próximos años. D EL TC, AL LÍMITE L informe remitido por un juzgado de Valdemoro (Madrid) a la Sala Segunda del Tribunal Supremo no prejuzga ninguna responsabilidad de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ni por los hechos del sumario en el que se produjeron las intervenciones telefónicas, ni por otros que pudieran ser colaterales. ABC informó ayer de que el juzgado de instrucción de Valdemoro tuvo constancia, a través de un informe policial, de que la presidenta del TC mantuvo una conversación telefónica con una abogada a la que habría aconsejado sobre un asunto profesional. Esa abogada fue luego detenida como sospechosa de haber provocado el homicidio de su marido. Ahora, la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe decidir si hay indicios suficientes para asumir la competencia que le plantea el juzgado de Valdemoro, porque la presidenta del TC está aforada ante el alto Tribunal. En caso afirmativo, tendrá que incoar una causa penal y designar un instructor de la propia Sala, al margen de los efectos que desde luego tendría sobre la continuidad de la magistrada Casas. En caso negativo, rechazará su competencia, lo que conducirá al archivo de la investigación. A los datos objetivos deben seguir las decisiones de los jueces y serán éstos los que establezcan las consecuencias jurídicas de los hechos reflejados por el Juzgado de Valdemoro. Hasta este momento, los hechos conocidos ponen a la presidenta del TC en una situación delicada, pues lo cierto es que una futura decisión de archivo en la vía penal no zanjaría todas las derivaciones del caso, en los términos publicados ayer por ABC y no desmentidos. Evidentemente, nada tiene que ver la presidenta del TC con los hechos delictivos que dieron lugar a la investigación en la que apareció la magistrada Casas. La ausencia de indicios delictivos contra la presidenta del TC dará, en efecto, lugar al archivo de la causa penal, pero quedarían por despejarse en el procedimiento administrativo que co- E rresponda las dudas sobre si la magistrada Casas ha incurrido en un supuesto de incompatibilidad con su cargo institucional. Todo dependerá de cómo llegue a valorarse jurídicamente el contenido de la conversación entre la presidenta Casas y la abogada ahora detenida. Y quedará, en última instancia, una responsabilidad ética. Hay cosas que, a pesar de su inocuidad aparente y al margen de la mera casualidad con otras circunstancias indeseables- -incluso al margen de la mala suerte que haya podido tener Casas con este asunto- no se deben hacer porque uno nunca sabe hasta qué punto pueden abusar otros de su buena fe. Cuando una persona ostenta una función institucional de tanta relevancia como es la presidencia de un órgano constitucional, debe aplicar un plus de prudencia en todas y cada una de sus actividades y conversaciones. La posición de la magistrada Casas ha quedado expuesta a una desconfianza institucional que, aun cuando pudiera ser excesiva en este momento, es perfectamente explicable. Todo esto sucede en el período más crítico e inestable de la historia del TC, víctima de una sucesión de fatalidades, intromisiones políticas, errores de dirección y dilaciones inaceptables en la resolución de unos recursos de los que depende en buena medida el futuro del sistema constitucional. La renovación de sus magistrados ya prorrogados es inaplazable, siempre sobre la base de un acuerdo equitativo entre PP y PSOE. Desde hace meses, el TC está al límite. La resolución de este nuevo episodio desagradable- -para Casas, pero también para la institución- -debe tener como objetivo la recuperación social e institucional del Tribunal encargado de preservar la integridad de la Constitución, la constitucionalidad de las leyes y el amparo de los derechos y las libertades individuales. Y quienes asuman esta responsabilidad deben estar exentos de cualquier sombra de sospecha, más allá del dictado de las leyes. COSLADA, UN L SACO SIN FONDO as grabaciones telefónicas que constan en el sumario sobre la mafia policial de Coslada (Madrid) están revelando el auténtico calado de este grave asunto. Han aparecido conversaciones entre Ginés Jiménez, el ex jefe de la Policía Local y principal imputado, con un juez, y también con el alcalde de la localidad, el socialista Ángel Viveros. Como toda investigación judicial, ésta continúa los tiempos marcados por la ley y llegará la hora de que se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Sin embargo, también empiezan a derivarse responsabilidades políticas que no pueden obviarse. Para dar largas a Ginés Jiménez, el alcalde nunca debió alegar que haría gestiones con la Delegación del Gobierno para quitar de en medio al comisario de la Policía Nacional en la localidad por el mero hecho de que incomodaba al todopoderoso jefe de la Policía Local. En Coslada son muchas las cosas que huelen a podrido, y un alcalde sorprendido en una grabación de estas características debería asumir su error y renunciar al cargo cuanto antes.