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14 ESPAÑA www. abc. es SÁBADO 31- -5- -2008 ABC María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Consitucional, a su llegada a un hotel madrileño en febrero de 2006 FRANCISCO SECO El TS recibe diligencias sobre escuchas donde interviene la presidenta del Constitucional La prueba es una grabación obtenida en la misma investigación en la que aparece Ana García Obregón C. MORCILLO N. COLLI P. MUÑOZ MADRID. El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar. Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa. La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas. Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave. El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano. Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214 07 del juzgado de Valdemoro. llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir. El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro. La magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo. Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano. La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la aboga- En un garaje Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos. A las 21: 27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la La ley del TC prevé el cese por incompatibilidad sobrevenida Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) los magistrados de este órgano cesan, entre otras causas, por incompatibilidad sobrevenida (punto cuarto del apartado primero) o por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave (punto séptimo del apartado primero) El apartado segundo de dicho precepto dice que el cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional será decidido en el pleno, por mayoría simple, en lo referente al punto cuarto, y por mayoría de tres cuartas partes, en el supuesto del punto séptimo. Asimismo, el artículo 24 señala que los magistrados podrán ser suspendidos, como medida previa, en caso de procesamiento Por otro lado, el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera, en su punto séptimo, que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido Crimen por encargo