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26 ESPAÑA VIERNES 30 s 5 s 2008 ABC El Gobierno abusa de la ley y nombra 20 directores generales sin ser funcionarios El PP insta al Ejecutivo a que, en plena crisis, contenga el gasto público M. CALLEJA MADRID. El número de altos cargos y asesores en el Gobierno de Zapatero se ha disparado un 21 por ciento desde 2004, y ya son un total de 453, como adelantó ABC. Más gasto público en plena crisis económica, que el Grupo Parlamentario Popular se ha encargado de denunciar en el Congreso. En una moción que se debatirá en el Pleno del próximo martes, el PP insta al Gobierno a que ante las dificultades económicas y la crisis que sufre nuestro país, aplique un criterio firme de contención del gasto público a la hora de creación de nuevos órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado En la misma moción, el Grupo Popular pide al Gobierno que emplee un criterio limitativo en el número de altos cargos que conforman el organigrama de la Administración, y que en los nombramientos sea fiel a un criterio de profesionalización y despolitización de la función directiva La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, establece que corresponde a los funcionarios del Estado las direcciones generales, salvo excepciones. El Gobierno de Zapatero se ha agarrado a esa excepción que prevé la ley para abusar claramente de ella y nombrar un total de 20 directores generales a dedo por criterios políticos, sin ser funcionarios públicos, según denunció la diputada del PP Celinda Sánchez en una interpelación a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en el Congreso. En su intervención, la diputada popular acusó al Gobierno de vulnerar la ley con el nombramiento de directores generales Celinda Sánchez recordó que en la pasada legislatura, el Ejecutivo nombró a 10 directores generales que no tenían la condición de funcionario público, tal y como establece la norma. En su última reestructuración de departamentos, ha incrementado esta cifra en otros diez, para lo que ustedes han vuelto a utilizar la excepción establecida en la norma que les libera de la condición de funcionario público se quejó. La parlamentaria del PP citó el caso del nombramiento de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) Belén Barreiro, hecho que calificó de vergonzoso En el momento en que ustedes se dieron cuenta de que no reunía las condiciones de funcionario, le hicieron un traje a la medida utilizando la excepción La presidenta del CIS tiene rango de directora general. La vicepresidenta, según la diputada del PP, justificó ese nombramiento porque eso era la paridad Yo me pregunto si acaso en estos momentos en la carrera de funcionarios no existen mujeres preparadas estupendamente para desempeñar esos cargos criticó. La diputada popular citó, a modo de ejemplo, otros dos casos de directores generales que se han nombrado con criterios de excepcionalidad: en la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, y en la Dirección General de Cooperación Local. Pedro Pablo Álvarez (segundo por la derecha) junto a los otros tres presos expulsados por Cuba IGNACIO GIL EE. UU. niega el visado a un anticastrista expulsado a España La Embajada desatendió la gestiones españolas en apoyo de la petición de Pedro Pablo Álvarez, que estuvo preso cinco años LUIS AYLLÓN MADRID. Las autoridades de Estados Unidos ha denegado el visado para viajar a ese país para ver a su familia al disidente anticastrista Pedro Pablo Álvarez Ramos, uno de los cuatro presos políticos a los que el régimen de La Habana expulsó a España el pasado mes de febrero. Pese a que desde la Administración española se hicieron veladas gestiones para que se aceptara la petición de visado explicando cuáles son las intenciones de Álvarez Ramos, Washington no accedió a la demanda por considerar que el el solicitante es una persona con riesgo migratorio Álvarez Ramos, sindicalista vinculado al Movimiento Cristiano Liberación que dirige Oswaldo Payá, llegó a Madrid el 17 de febrero, junto a varios familiares, después de que las autoridades cubanas decidieran su expulsión a España junto a otros tres presos de conciencia: José Gabriel Ramón Castillo, Alejandro González Raga y Omar Pernet Hernández, todos ellos con problemas de salud, muchos de los cuales derivan de su larga estancia en las prisiones cubanas. Pedro Pablo Álvarez Ramos vive actualmente en Barcelona y su intención es que su esposa y dos de sus hijos que actualmente residen en Estados Unidos puedan trasladarse a España. Mientras concluyen los trámites para que esto se haga realidad, el pasado día 12 el disidente presentó una solicitud para poder visitar a su familia- -que, precisamente, se encuentra en Estados Unidos en condición de refugiados políticos desde el año 2004- -y, al propio tiempo, asistir a varias reuniones a las que ha sido invitado por grupos de exiliados anticastristas como la Fundación Nacional Cubano Americana o el Partido Democristiano de Cuba en el exilio. La respuesta norteamericana a la petición fue, sin embargo, negativa por estimar que Álvarez Ramos podría tener intención de quedarse en Estados Unidos. El sindicalista ya había viajado a Miami hace años con un visado válido hasta el año 2000, por lo que no entiende que ahora le haya sido denegada su petición. Fuentes de la Embajada estadounidense consultadas por ABC indicaron que no suelen facilitar los motivos por los que se niega un visado a una persona, pero rechazaron que en este caso se deba a motivos políticos. Agregaron que, en términos generales, ante una petición de visado turístico, de no inmigrante, el Consulado tiene que tener seguridad de que el solicitante regresará a España, para lo cual se valoran circunstancias como si tiene o no vínculos con nuestro país o si cuenta con parientes que vivan en Estados Unidos. Pedro Pablo Álvarez Ramos, de 60 años de edad, es presidente del Consejo Unitario de Trabajadores cubano, afiliado a la Central Latinoamericana de Trabajadores, y fue detenido durante la llamada Primavera Negra de 2003, en la que el régimen encarceló a 75 disidentes, muchos de ellos vinculados al Proyecto Varela, que pide más libertades para los cubanos utilizando la propia Constitución vigente en Cuba. La ministra Salgado se justifica en el Congreso y reconoce que los directores generales son cargos políticos La ministra Salgado justificó el incremento de altos cargos al hecho de que responden a la estructura de 17 ministerios, uno más que en la pasada legislatura, y a la nueva organización del Gobierno, que es la más adecuada al cumplimiento de los fines que nos hemos marcado como objetivos en esta legislatura Salgado explicó que el Gobierno tiene la posibilidad de discernir entre las direcciones generales que tienen una naturaleza más administrativa, que deberían ser desempeñadas por funcionarios de carrera y las que tienen un carácter político. Los directores generales son cargos políticos reconoció al final la ministra. Hay más ministerios Los norteamericanos consideran que hay riesgo migratorio y dicen que no es por motivos políticos Fue condenado a 25 años de prisión y cumplió cerca de cinco, hasta que fue excarcelado en parte por las gestiones hechas por el Gobierno español. Su petición de libertad fue formulada también por el Congreso de los Diputados en una moción apoyada por PSOE, PP y ERC. Álvarez Ramos se ha mostrado crítico con el embargo de Estadounidense a Cuba, pero según manifestó él mismo a ABC, no cree que eso haya influido en la decisión de rechazo de su petición de visado, que no termina de comprender, porque su intención es que su familia venga a vivir a España y no quedarse él en Estados Unidos. Cinco años en prisión